Campaña para que los carteles de los colegios no estén sólo en valenciano

La asociación Hablamos Español ha puesto en marcha una campaña para instar a los centros educativos a que todas las comunicaciones que se remitan a las familias, así como la cartelería y los rótulos que se utilizan en las instalaciones, estén tanto en castellano como en valenciano.

Para ello se ha elaborado un modelo de solicitud que cualquier padre interesado puede presentar físicamente o por correo electrónico. La organización pide que se le remita también una copia para poder hacer un seguimiento de la reclamación e intervenir en el caso de que se haga caso omiso.

La campaña se ha impulsado en todas las comunidades con lenguas cooficiales y se denomina 'Ni un cole sin información ni rotulación en español'. La responsable, Asun Núñez, explica que nace a raíz de la cantidad de reclamaciones sobre la materia que se han recibido en los últimos meses a través de un buzón de quejas ideado a nivel general, por ejemplo, para cuestiones de rotulación de calles o de espacios municipales.

«Hemos querido enfocarlo en el ámbito educativo porque consideramos que es fundamental si queremos que nuestros hijos se formen en un entorno donde el español tenga una presencia al menos similar a la de la lengua oficial», explica Núñez. «Se ha diseñado un formulario lo más sencillo posible para que cualquier padre o madre pueda solicitar que la información que le llega del centro, circulares de cualquier tipo, documentos oficiales o la cartelería esté también en español», describe, antes de destacar que en comunidades como Cataluña, Baleares o Galicia esta dualidad es prácticamente inexistente y que en la Comunitat el castellano cada vez sufre un mayor desplazamiento en la escuela.

El modelo de instancia incluye tres «fundamentos de derecho». El primero hace referencia al artículo 3.1 de la Constitución, que establece «que solo el castellano es la lengua oficial de todo el Estado cuyo conocimiento se supone por parte de los ciudadanos españoles, que no tienen, como tales, el deber de conocer ninguna otra, y mucho menos el de usarla».

También se alude a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en el sentido de que las instituciones públicas han de traducir al español cualquier documento si así lo solicita el interesado, y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que reconoce «el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en castellano» sin que medien «formalidades ni condiciones que redunden en una carga u obligación».

Por todo ello, se pide que esté disponible también en la lengua estatal «toda la documentación administrativa y todo tipo de información destinada a ser utilizada por alumnos y familias», como formularios, justificantes, modelos de boletines de calificaciones, programaciones didácticas, avisos, instrucciones, autorizaciones, encuestas o listados.

Lo mismo se reclama para la «rotulación, indicadores, información y avisos visibles o expuestos de forma puntual o excepcional en el centro».

La campaña tiene mucho que ver con los pronunciamientos del Síndic de Greuges en este sentido. El último conocido, de hecho, llegó a raíz de una queja presentada por Núñez, y el Defensor del Pueblo le dio la razón tanto en relación a la documentación reclamada como en la necesidad de traducir al castellano el canal de Telegram que utiliza la conselleria para dar información de servicios.

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