El caos por la ley Celaá y el varapalo judicial complican la preparación del nuevo curso en la Comunitat Valenciana

Los colegios valencianos, pese a encontrarse en mejor situación de partida que los de otras regiones, todavía tienen flecos por cerrar directamente relacionados con la reforma: no todos disponen de libros adaptados, hay optativas sin alumnado asignado, se precisan reuniones de coordinación sobre los cambios metodológicos e incluso hay que cambiar programas informáticos y de comunicación con las familias.

Además, en la Comunitat, la suspensión cautelar de la obligación de fusionar asignaturas de 1º de ESO en ámbitos suma nuevas tareas a los centros de Secundaria. Los consejos escolares deben decidir, como tarde mañana, si mantienen esta configuración o vuelven a la tradicional (un profesor por cada materia). Y en este caso deberán rehacer los horarios docentes cerrados en julio, lo que afectará al resto de niveles.

La mayor complejidad de este ejercicio se explica por los retrasos de la Lomloe. Pese a estar vigente desde diciembre de 2020 y que su calendario de implantación decía que en el 2022-2023 empezaría a aplicarse en los niveles impares de Primaria, ESO y Bachillerato, los decretos del Gobierno que concretan los cambios organizativos, metodológicos y de contenidos fueron oficiales el pasado abril. Con este paso las comunidades pudieron elaborar sus normativas, incluyendo el desarrollo de sus competencias como el diseño de las optativas o la concreción de los temarios.

Así, los decretos autonómicos se publicaron en el DOGV ya iniciado agosto. En previsión del atraso, Educación les facilitó el 15 de junio los borradores para que fueran avanzando. En otras autonomías ni siquiera hay documentos oficiales para algunas etapas.

Aunque buena parte del trabajo se dejó hecho en julio, hay flecos que atender. Vicent Mañes, presidente de la Federación de Directivos de Centros Públicos de Infantil y Primaria y director de un colegio de Catarroja, pone como ejemplo los libros de texto. «Es posible que algunas editoriales estén ultimando el material y no lo hayan enviado todavía. Y hay centros que todavía están repartiendo el cheque, que llegó entre julio y agosto», explica, en referencia al bono que se entrega a las familias de 1º y 2º de Primaria para que compren los libros. También alude a complicaciones ordinarias, como no tener la plantilla completa, o en relación a la concreción del protocolo sanitario y su influencia en la organización de servicios como el comedor.

Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de la patronal concertada Escuelas Católicas, confirma casos de centros que tienen pendiente la organización de los libros que se prestan a las familias o se venden (en el caso de los cheques). «Aunque desde las editoriales se han dado prisa (pese al retraso de los decretos curriculares) aún hay lotes de los cursos impares sin completar», dice. En cuanto a tareas ordinarias urgentes, habla de matrículas sobrevenidas o de incidencias en becas de comedor.

Alberto Villanueva, presidente de la patronal Feceval, se refiere a la organización de reuniones con las familias para que elijan las asignaturas optativas de la ESO, que normalmente se programan en julio, y la necesidad de adaptar el sistema de evaluación, «que durante el curso pasa de ser cuantitativa a ser cualitativa», pues las calificaciones como tal, en Primaria, sólo llegarán tras la última evaluación. Así, hay centros que ultiman la adaptación de sus plataformas de gestión y de comunicación con las familias, «pues hay que diseñar un modelo que será distinto».

Toni González, presidente de la Asociación de Directores de Institutos (ADIES PV), recuerda que uno de los grandes retos de la Lomloe es metodológico, pues el aprendizaje se tiene que basar en competencias, en qué sabe hacer el alumnado. Y lo mismo pasa con la evaluación. «En estos días deben reunirse las comisiones de coordinación pedagógica para establecer criterios generales y sobre todo terminar de perfilar los de las nuevas materias», explica.

Todos los centros tendrán un coordinador de protección, un docente que debe garantizar que hay protocolos de detección precoz del maltrato escolar, el acoso, agresiones sexuales o extorsión digital. Además, los alumnos de Primaria y ESO tendrán que decidir si dan Religión, ya que ahora no tiene asignatura alternativa.