Los casos de acoso a profesores, las falsas acusaciones y la falta de disciplina en las clases se disparan en la Comunitat

El servicio está abierto a cualquier docente y ofrece atención, apoyo y asesoramiento a aquellos que en el ejercicio de sus funciones se enfrentan a problemáticas relacionadas con la convivencia que incumben a alumnos, familias, compañeros, direcciones e incluso miembros de la administración.

El último balance se refiere al ejercicio 2023-2024, y las situaciones de conflicto trasladadas se han clasificado en función de si el otro protagonista es un alumno o un familiar. Además, cada comunicación individual suele hacer referencia a diferentes problemas. Por ejemplo, un docente se siente acosado y también ha sido objeto de falsas acusaciones, por lo que las diferentes tipologías son acumulativas.

En cuanto a los estudiantes, el 25% de los profesores que recurrieron al servicio informaron de situaciones de acoso (4,8% en el 2022-2023) y un porcentaje similar hizo lo propio en relación a las faltas de respeto (14,3% en el ejercicio previo). Además, el 18,8% refirió amenazas (14,3%), el 6,3% conductas agresivas entre alumnos (4,8%) y un porcentaje similar padeció daños en algún bien de su propiedad (4,8%). En cualquier caso, las incidencias más extendidas tenían que ver con las dificultades para dar clase (50% frente a un 9,5% en el curso 2022-2023). Y sólo bajaron los casos relacionados con agresiones (no hubo comunicaciones, frente a un 9,5% en el ejercicio previo) y las falsas acusaciones (37,5-47,6%).

Por su parte, esta última tipología ha sido la más reportada en el apartado que agrupa los problemas sufridos con familiares: el 62,5% de los docentes hablaron de falsas acusaciones frente al 47,6% del ejercicio 2022-2023. Y también se han disparado de manera alarmante las situaciones de acoso (37,5%-4,8%). Por contra, se reducen los casos de ciberbullying (sin incidencias comunicadas frente a un 4,8%) y las presiones por discrepar de las notas obtenidas por sus hijos (ídem-4,8%).

Por último, la inmensa mayoría de las comunicaciones recibidas proceden de profesores de Secundaria (75% del total), y entre las consecuencias que se manifiestan entre los profesionales destacan los problemas de ansiedad (62,5%, porcentaje algo inferior al del ejercicio previo) y depresión (6,3%, más alto que en el 2022-2023). También creció el volumen de profesionales que tuvo que coger la baja por estos motivos (31,3%).

«El papel del docente va más allá de la transmisión de conocimientos, convirtiéndose en facilitador de un ambiente seguro y respetuoso. Pero muchas veces se siente desbordado y carece de las herramientas necesarias para abordar estas situaciones de manera efectiva. Esto puede llevar a un desgaste significativo, lo que impacta en su bienestar y en la calidad de la enseñanza», resumen fuentes del sindicato ANPE CV, que apuesta por un cambio en la normativa de convivencia, que en la Comunitat data de 2022. En palabras de Eduardo Navarro, el profesional que gestiona el servicio valenciano, «es necesario reforzar, de manera expresa, la autoridad del profesorado».

La propuesta de la organización, de cara a la negociación de la nueva normativa que se abordará en los próximos meses, «es que el articulado del decreto recoja la idea de manera clara y efectiva». Por ejemplo, que el actual procedimiento de mediación introducido por el Botánico no sea aplicable en las conductas especialmente lesivas. Esta medida, que puede solicitar cualquier alumno, le permite beneficiarse de una sanción más leve que la que le corresponde en caso de que reconozca el daño causado, pida perdón y acepte la propuesta de intervención que plantea el centro.

«Hay determinadas conductas de carácter leve en las que cabe una mediación para abordarlas. Por ejemplo, un conflicto entre compañeros que te altera una clase. Pero en otras de especial gravedad no, es necesario que tenga una consecuencia equiparable al daño causado», explica Navarro, que reclama que la sanción sirva para cumplir un doble objetivo: penalizar al culpable por un acto reprobable y además prevenir, en el sentido de que cualquiera sepa que una acción de gravedad deriva en sanciones y consecuencias acordes.

«Es la mejor manera de que el docente vea que, realmente, está protegido por la administración», sentencia. En resumen, la idea es que para situaciones de especial afectación (agresiones, vejaciones físicas o virtuales o situaciones de acoso, por ejemplo) exista una garantía de que la sanción final es más intensa que con la normativa actual al no poder activarse la mediación.