Castilla-La Mancha incrementa el pulso por el trasvase Tajo-Segura y pide que se adelanten los recortes

Castilla-La Mancha incrementa el pulso por el recorte del trasvase Tajo-Segura y, tras la presentación del recurso por parte de la Generalitat Valenciana, el presidente manchego, Emiliano García-Page, planteará al Gobierno que adelante los recortes de la transferencia que están planteados incluso a antes del verano.

Así lo ha señalado García-Page. En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha señalado que el Consejo de Gobierno de la próxima semana aprobará una resolución por la cual reclamará al Ejecutivo de Pedro Sánchez no dejar pasar el año de moratoria contemplado en el nuevo Plan de Cuenca del río Tajo y aplicar las nuevas normas, incluso, antes de verano.

«Yo soy autónomo y la Constitución me pide defender a mi tierra. El que no entienda esto no entiende la España de hoy y le hace un flaco favor. Vamos a pedir al Gobierno que no agote el plazo de un año para la reforma de las reglas de explotación del trasvase», ha abundado.

Con este escenario, se ha preguntado «por qué esperar un año». «Éste es el momento, vamos a instar a que antes del verano tengamos las reglas de explotación conforme se ha aprobado».

En el Tajo, ha dicho, «están representados muchos conceptos», y han tenido que pasar 40 años para que no fuera el único río de Europa «sin cauce mínimo». «Tenemos muchos motivos no para festejar ni ofender a nadie, pero por si hay alguien atento en el ámbito del río Segura, que sepa que la realidad es que es una de esas cosas que pasan porque hay autonomía», ha dicho.

En Levante, por cada hectárea de secano, hay tres de regadío, mientras que en Castilla-La Mancha hay tres de secano por cada una de regadío. «Que me lo expliquen. Las cuentas son elementales. No es que no tengamos regantes», ha abundado al respecto.

Por otro lado, este jueves se ha reunido el consejo de Gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha y ha aprobado personarse en los recursos que presenten algunas comunidades autónomas en contra de los nuevos caudales ecológicos del Tajo.

Con este movimiento, se autoriza al gabinete jurídico de la Junta a iniciar las "actuaciones necesarias tendentes a personarse en el futuro procedimiento judicial que pudiere incoarse contra el Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas".

El Gobierno manchego argumenta que en la legislatura que ahora termina se ha mantenido una postura en materia del agua consistente en la defensa de los intereses generales de la región y, por tanto, "de sus ciudadanos, de su desarrollo económico sostenible y potenciando el equilibrio ecológico".

Por su lado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado, en referencia a la decisión del consejo de Gobierno castellano, ha remarcado que el ejecutivo valenciano está en su "derecho legítimo" de recurrir el Real Decreto que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura, y ha manifestado que no entiende que "nadie se sienta agredido" y que la Generalitat quiere mantenerse lejos de la "confrontación".

El presidente de la Generalitat ha señalado que el gobierno valenciano "siempre" ha tomado el "camino de la defensa de los intereses de los regantes" y "al mismo tiempo del diálogo permamente para conseguir agua para siempre". En ese sentido, ha asegurado que el Consell no va a "entrar en guerras del agua que lo único que producen es barro, inquietud e incertidumbre".

No obstante, ha remarcado que "cada uno tiene derecho a acudir a los tribunales y reivindicación política en el marco de su responsabilidad" y ha señalado que el gobierno valenciano, en el ámbito de su responsabilidad, "no está de acuerdo en cómo ha quedado" la disposición novena del Real Decreto que revisa el plan hidrológico del Tajo, aunque otros aspectos le parezcan "positivos". Así, ha señalado que continuarán trabajando en el marco de la comisión bilateral que se reunirá la próxima semana.

No obstante, ha remarcado que "cada uno tiene derecho a acudir a los tribunales y reivindicación política en el marco de su responsabilidad" y ha señalado que el gobierno valenciano, en el ámbito de su responsabilidad, "no está de acuerdo en cómo ha quedado" la disposición novena del Real Decreto que revisa el plan hidrológico del Tajo, aunque otros aspectos le parezcan "positivos". Así, ha señalado que continuarán trabajando en el marco de la comisión bilateral que se reunirá la próxima semana.

Por su lado, el presidente del PP en la Comunitat, Carlos Mazón, ha tachado de "humo" el recurso que ha presentado la Generalitat porque considera que "renuncia a combatir los recortes" que se producen en el trasvase Tajo-Segura.

Mazón ha calificado de "engaño" la solicitud de suspensión cautelar de la Generalitat. También ha tildado de inadmisible el recurso y "la postura de engaño de la Generalitat". "La propia administración valenciana y Ximo Puig han avalado en su escrito de apelación el aumento del caudal ecológico a 7 hectómetros cúbicos por segundo y, por tanto, renuncian a combatir el primer ataque, y el más grave, contra esta infraestructura", ha aseverado.

"Si ya de inicio, en el recurso de la Generalitat Valenciana, Puig no lucha contra esta subida irresponsable del caudal ecológico; si ya de arranque permite este hachazo al Tajo-Segura, ¿qué sentido tiene que hable y reclame una medida cautelar para algo que tiene que ocurrir en 2026?", ha cuestionado el líder de los populares valencianos.

Ha defendido que "es contra el primer recorte para el que ya hay que pedir la medida cautelar" y ha insistido en que la cautelar solicitada por la Generalitat "es mentira porque no va contra el daño inminente que ya se está produciendo en el Tajo-Segura".

Por su parte, el Gobierno murciano ha dado su visto bueno a la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo contra el "injustificado recorte" al trasvase Tajo-Segura "impuesto" por el Gobierno central, que "podría superar los 100 hm3 anuales, casi la mitad de su aportación actual a la cuenca del Segura, causando un grave e irreversible impacto económico, social y medioambiental en la Región".

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