Los centros de menores de la Comunitat, al límite

La presunta agresión sexual sufrida por una interna en el centro de menores de Buñol a manos de un grupo de residentes, y las críticas vertidas por los trabajadores sobre la falta de personal y el hacinamiento que sufre esta residencia, ha vuelto a sacar a la palestra la situación por la que atraviesan estas instalaciones de titularidad pública, especialmente aquellas que gestiona directamente la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El diagnóstico de estos centros que maneja el propio departamento dirigido por Mónica Oltra no es ni mucho menos idílico.

Las principales dificultades detectadas en los centros de recepción (los de primera acogida), según el informe de la Dirección General de Infancia y Adolescencia sobre acogimiento residencial y protección infantil, es la falta de personal, los problemas estructurales de los centros, así como los de seguridad y convivencia. Menores emigrantes sin adultos a su cargo, adolescentes que han cometido algún delito o que han vivido en primera persona la violencia filioparental son algunos de los perfiles de sus residentes. También destaca la saturación que viven la mayoría de ellos, con todas sus plazas cubiertas y, en momentos puntuales, con un exceso de internos, situación que guarda una relación directa con que buena parte de estos menores pasen en el centro más de los 45 días que la norma marca como periodo máximo. Este marco hace que, como apunta el documento, exista una «necesidad de trasladar con la máxima inmediatez a los adolescentes, por el riesgo de inicio a la prostitución, a conductas delictivas o al consumo de tóxicos».

En las residencias de acogida (atención integral y con carácter educativo) también se detectan problemas estructurales, de seguridad y convivencia y hasta de consumo de tóxicos, como reza el informe, pero también se enfrentan a otras dificultades que tienen que ver con los perfiles de los internos (menores con problemas de salud mental, con déficits de atención o con falta de hábitos en el cumplimiento de las normas son algunos de ellos).

A esta situación se añaden también otras cuestiones a las que apunta el Síndic de Greuges en su informe sobre el ejercicio de la tutela de menores por las administraciones públicas valencianas. En este documento, el defensor del pueblo valenciano pone el acento en la falta de personal, pero sobre todo para tramitar los expedientes (especialmente en la provincia de Alicante). También critica la demora en la ejecución de medidas de declaración de desamparo por la falta de plazas en los centros, que las intervenciones con las familias biológicas son insuficientes (precisamente enfocadas a intentar evitar que la Generalitat asuma la tutela de los menores), los largos internamientos (en el caso de los mayores de seis años no debe superar los dos, y en los menores de esa edad, recomiendan que, como máximo, pasen tres meses en el centro).

Los trabajadores de estas instalaciones, a través de los principales sindicatos, coinciden en su análisis en que la falta de personal, la antigüedad de los inmuebles, sus infraestructuras y dotaciones son los principales escollos.

Desde Intersindical Valenciana, el representante sindical José Manuel Pascual recuerda que, con la llegada del nuevo Consell, «se habían abierto muchas expectativas e ilusiones de cambio» y, pese a las primeras medidas adoptadas, «hoy por hoy, los profesionales de a pie nos sentimos abandonados». Apunta que el traslado de los menores de Monteolivete a Buñol fue «precipitado e imprudente», ya que se debió a una decisión «unilateral y política», y califica de «imprescindible» para el buen funcionamiento de la red de centros «reforzar los recursos y la plantilla de la Dirección Territorial para una mayor eficacia y agilizar así la carga de trabajo que suponen los 2.500 expedientes de menores abiertos en lo que llevamos de año». En el caso del centro de Buñol, el más problemático, señala que «hoy por hoy, las 30 plazas de recepción no cubren las necesidades de Valencia», por lo que «es necesario cambiar los criterios básicos de clasificación establecidos por edades y adecuarlos a perfiles y pedagogías concretas».

Por su parte, desde el CSI-F recalcan que, además de la escasez de personal, «las vacantes pueden tardar dos o tres meses en cubrirse. En ámbitos como cocina o ayudantes de residencia la plantilla resulta muy escasa y en Buñol también ocurre lo mismo con los técnicos de atención a menores». A nivel de infraestructuras, indican, «está todo bastante desfasado y obsoleto, falta renovación de material y de instalaciones». Así, añaden que en Buñol «la renovación se ha quedado corta porque no tiene una infraestructura adecuada para atender a los adolescentes. Por ejemplo, tienen una lavadora pequeña para todos, les falta seguridad privada, prometida por la conselleria, y un proyecto educativo».

Desde UGT, en palabras del responsable del departamento de servicios sociales de FESP, Toni Femenía, «en general hay un gran discrepancia entre el ratio de trabajadores de los centros concertados, que prácticamente duplica al de los públicos, ya que el de estos últimos no ha variado en los últimos 20 ó 30 años», por lo que «es algo que hay que solucionar». «Estamos en conversaciones con la conselleria, que llegó a una serie de compromisos que, de momento, no se han cumplido, como la contratación de agentes de igualdad, mediadores interculturales o auxiliares de control educativo, que son los encargados de intervenir en situaciones de riesgo», añade este portavoz.

En esta línea se muestra también Pepe Cloquell, coordinador del sector de la administración autonómica en CC OO. «Llevamos mucho tiempo reclamando mayor dotación de personal y hay que incorporar nuevas figuras de cara a crear actividades, como distintos cursos (teatro o cocina, por ejemplo) que les ayuden a normalizar sus vidas y les sirvan para integrarse, así como reforzar la labor educativa», señala. A nivel de infraestructuras, lamenta que «el mantenimiento se dilata demasiado en el tiempo y hace falta una renovación integral». En este punto, ejemplifica que «en un centro de recepción, en el que es constante la entrada y salida de menores, un colchón no puede durar diez años». Además, ante el elevado índice de bajas por ansiedad y depresión de las plantillas, propone que se busquen fórmulas para que estos trabajadores puedan tener una segunda actividad «y así tomar aire».

Otros actores de este escenario son las familias de acogida que guardan una relación directa con los menores residentes en los centros hasta que pasan a uno de estos núcleos familiares. Ruth Martínez, presidenta de la asociación de Familias Adoptantes y Acogedoras de la Comunitat (Adoptants), echa en falta una intervención personalizada en estos menores y una formación específica en infancia en los profesionales que los atienden. Además, insiste en que los menores de seis años «tienen que salir ya de los centros» y lamenta que, por el funcionamiento de estas residencias, «se tiende a separar a los hermanos de distintas edades, incluso de planta, algo que es un grave error porque no pueden perder la relación entre ellos».

En el caso de los centros públicos de gestión privada (hay 15 en la Comunitat), la situación no es tan acuciante como en los gestionados por la administración autonómica, pero también tienen que hacer frente a algunas dificultades, como los retrasos en los pagos por parte de la Generalitat (aunque la situación se alivió en gran medida con los abonos realizados antes de verano) y los retrasos en la adjudicación de los nuevos concursos de gestión integral. En este caso se encuentra, por ejemplo, el centro de menores del Cabanyal, pendiente desde noviembre del año pasado.

Otra residencia que requiere mayor atención de la consellera es la de Les Palmeres, de Alboraya. De hecho, el Ayuntamiento de la localidad aprobó en verano una moción en la que instaba a Igualdad «a que realice, cuanto antes, los arreglos y mejoras necesarios en el centro». Humedades, falta de pintura, mobiliario obsoleto o el desbordamiento de la vegetación de los jardines son solo algunos de los problemas que presenta este emplazamiento.