«Para una mayor eficiencia y rendimiento en las labores de explotación es necesario resolver el problema de déficit de personal a pie de ... presa. El número óptimo de operarios sería de tres, de forma que se puedan establecer parejas de trabajo y cubrir las inevitables bajas laborales que se pueden producir por múltiples motivos (enfermedad, vacaciones, etc.)». Este párrafo aparece en las conclusiones del informe anual de la presa de Forata que elabora el Ministerio y que remite a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que lo ha aportado a la causa que se sigue en Catarroja. Lo llamativo es que es de 2014 y se repite, con ligeras variaciones, durante todos los informes hasta el de 2022 (salvo el de 2019).
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De hecho, en 2021, con referencia al año anterior, se lee: «Se ha indicado la situación del personal a pie de presa que, como sucedió a final de año, supone que no siempre se pueda cumplir con que haya al menos un operario a pie de presa durante todos los días del año, conforme recogen las Normas de Explotación de la presa aprobadas». En el último informe, el de 2022, se asegura que la plantilla de la presa «es deficitaria, tanto en ingenieros técnicos, al no haber asignado técnico de obras públicas, como de trabajadores a pie de presa, al estar asignadas a Forata tres plazas de las que una no ha sido cubierta a lo largo de todo el año, y otra de ellas solo de forma parcial». Según este documento, en Forata trabajaban entonces un ingeniero como director de explotación, otro técnico industrial y otro de categoría en instalaciones hidráulicas y plantas potabilizadoras. Tres personas, las mismas que, según la CHJ, trabajaban la tarde de la dana en la presa: «Además, en la presa de Forata había tres técnicos de la CHJ siguiendo el episodio y gestionando la infraestructura».
No es el único problema que los distintos informes anuales ponen en negro sobre blanco. En 2014, en el informe que hace referencia al año anterior, se lee que los elementos electromecánicos «de los órganos del desagüe de fondo, como ya se reflejó en el informe anterior, no ofrecen garantías de un funcionamiento correcto a medio plazo, por lo que resulta necesario abordar los trabajos contemplados en el 'Proyecto desglosado nº2 del de adecuación de los equipos electromecánicos e hidromecánicos de los desagües de la presa de Forata'». Esta cuestión no se ha solucionado con el paso de los años.
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De hecho, el último informe reza: «Los órganos del desagüe de fondo no se encuentran operativos y resultan imprescindibles para la correcta y adecuada seguridad de la presa, por lo que es inexcusable abordar los trabajos contemplados en el 'Proyecto desglosado nº 2 de adecuación de los equipos electromecánicos e hidromecánicos de los desagües de la Presa de Forata (Valencia)'». En el informe original, «inexcusable abordar» aparece en negrita y subrayado, lo que da una idea del nivel de urgencia de estos trabajos. Según explica el ministerio, en mayo de 2018 se redactó una adenda al proyecto cuyo objetivo fundamental era modificar y/o actualizar algunos puntos del documento proyecto de 2015, en base a la nueva legislación relativa a la contratación de obras en el sector público que fue aprobada con posterioridad a su redacción. Con la adenda, este proyecto fue aprobado el 25 de marzo de 2019. «Con fecha 14 de noviembre de 2019 se elaboró el Acta de Comprobación de Replanteo que fue remitida a la DGA el 20 de noviembre de 2019, donde a día de hoy el proyecto se encuentra aprobado pendiente de licitar», indica el informe.
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Una instrucción ministerial de 2020 ordenaba a las Confederaciones priorizar «las actuaciones que minimicen el riesgo» de inundación
Una instrucción del Ministerio de 2020 ya advertía a los organismos de cuenca que debían priorizar «aquellas actuaciones que minimicen el riesgo» de inundación sobre la población afectada, «mejoren las condiciones morfológicas del cauce y aumenten su espacio disponible». La instrucción advertía de que cuando estas actuaciones incluyeran tramos de ríos urbanos, será requisito indispensable que el Convenio contenga una cláusula que recoja el compromiso que adquieren los municipios firmantes para redactar e implantar planes de protección civil de ámbito local frente al riesgo de inundación, que permitan una correcta gestión de los eventuales episodios en coordinación con los planes de protección civil autonómicos y estatales. El documento, remitido en julio de 2020 a las confederaciones, también indicaba que las obras de protección buscarán «aumentar el espacio del cauce y, en ningún caso, se agravará la inundabilidad y el riesgo preexistente aguas arriba y aguas abajo de la actuación».
«Se priorizarán las actuaciones que, además de reducir el riesgo de inundación, ayuden a alcanzar o mantener los objetivos ambientales fijados en la planificación hidrológica, mediante la restauración fluvial y la recuperación de zonas aluviales para mejorar las condiciones de laminación y retención natural del agua, todo ello en coordinación con los objetivos ambientales que marcan los planes hidrológicos de cuenca», señala el documento que firma el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
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