La inacción de la CHJ debilita los ataques del Gobierno a Mazón por la dana

En los casi tres meses y medio transcurridos desde el 29 de octubre, la gestión del Consell de Carlos Mazón se ha visto más que señalada. Cuatro manifestaciones por las calles de Valencia –las tres primeras especialmente multitudinarias- han retratado la indignación social con una actuación que incluye elementos insostenibles, como los relacionados con la inacción de la exconsellera Salomé Pradas, su indescifrable explicación sobre el aviso enviado a los teléfonos móviles a las 20.12 horas del 29 de octubre, o las desafortunadas declaraciones de la otra exconsellera Nuria Montes, sólo unos días después de la riada. Ambas son ya exmiembros del Gobierno valenciano.

Pero esas manifestaciones no han apuntado ni a Pradas ni a Montes. El clamor social, animado desde el Gobierno de Pedro Sánchez y la izquierda valenciana, ha situado al president de la Generalitat como el principal responsable político de lo ocurrido. Más allá de las descalificaciones de las que ha sido objeto, de la atribución incluso de comportamientos delictivos, Mazón ha sido el gran señalado de la gestión, en especial la de la jornada del 29 de octubre. Tanto por no solicitar la declaración de emergencia nacional a la Presidencia del Gobierno –aunque ésta también podía haberla declarado- como por su ausencia en las dos primeras horas de la reunión del Cecopi, el órgano que reúne a los organismos y entidades movilizados por la emergencia. El almuerzo ese mismo día en El Ventorro con una periodista se ha convertido en el elemento definitivo para la ridiculización de una gestión que debió de ser modélica y no lo fue ni de lejos.

Los reproches a Mazón han llegado desde el Ejecutivo central, con reiteración, y desde los partidos de la izquierda valenciana. Las exigencias de dimisión se han venido reiterando, aderezadas además de la proverbial capacidad de algunos sectores del PP, siempre más dispuestos a achicharrar a un compañero de partido que a arrimar el hombro. El jefe del Consell compareció en Les Corts para ofrecer explicaciones, pero su intento en ese momento de repartir culpas con los responsables de facilitar la información necesaria para responder a la emergencia, en este caso Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no encontró espacio. La imagen de Pedro Sánchez estaba y está en sus horas más bajas, pero a la Generalitat le faltó diligencia en las horas críticas de la riada. Y 227 vidas resultan un balance inasumible.

El paso de las semanas, de los meses, la entrada en el debate político de la gestión de las ayudas a los damnificados, han servido a la administración autonómica para recuperar oxígeno. Pedro Sánchez ha evitado desde el 3 de noviembre acudir a la zona cero de la dana, acobardado por los incidentes que se produjeron esa jornada cuando acudió acompañando a los reyes y al propio Mazón. Una actitud huidiza, impropia de un presidente del Gobierno, que ha contrastado con la reiteración de visitas a La Palma cuando entró en erupción el volcán de aquella isla. Sánchez ha vuelto a Valencia, ha anunciado grandes ayudas económicas, pero ni se le ha visto implicarse emocionalmente en la resolución del drama existente en la provincia de Valencia, ni la gestión de las ayudas está resultando todo lo solvente que requeriría una situación como la actual.

Un audio, avanzado por LAS PROVINCIAS esta misma semana, ha contribuido a volver a poner el foco en el día 29 de octubre. Una declaración del presidente de la CHJ, Miguel Polo, en el transcurso de la junta de gobierno de la entidad celebrada el pasado 19 de diciembre, en la que reconocía el «apagón informativo» sobre el caudal del barranco del Poyo del que Mazón ya habló en su comparecencia ante Les Corts de mediados de noviembre. «Lo que no se transmitió en ese tiempo es información de la rambla del Poyo·, explicaba Polo al secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida.

El tiempo al que se refería el responsable de la entidad dependiente del ministerio para la Transición Ecológica eran las dos horas y media transcurridas entre las 16.13 horas del 29 de octubre y las 18.43 horas de ese mismo día. El periodo clave, según las informaciones de la propia CHJ, en el que el caudal que bajaba por el barranco del Poyo, desde Chiva, pasa de 28 metros cúbicos por segundo y evolución descendente –así se notifica por correo electrónico a Emergencias- a los casi 1.700 metros cúbicos por segundo del correo de las 18.43 horas.

La ausencia de notificaciones está ahí y es un hecho objetivo. Emergencias recibía los datos por correo electrónico, y en ese periodo de dos horas y media no recibió ninguno. Las declaraciones de Polo en las que admite este hecho, por más que las intentara edulcorar con que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) y la Red de Protección Civil seguían ofreciendo datos, han agrietado ese relato que pretendía depositar toda la responsabilidad en el presidente del Consell. Porque lo que ni la CHJ ni nadie del Gobierno ha sido capaz de explicar todavía es el motivo por el que, en el transcurso de una emergencia activa, la CHJ decidió cambiar el modo en el que facilitaba la información sobre los caudales. Dos horas y media en las que, según la explicación que aporta Polo, la información siguió llegando a Emergencias, pero ya no por correo electrónico, que había sido el método utilizado hasta ese preciso momento.

El papel de Polo, como poco, debilita los ataques del Gobierno contra Mazón. El silencio que el presidente de la CHJ ha mantenido durante estos más de tres meses, en los que ha evitado comparecer para explicar el papel de la Confederación, la falta de mecanismos de alerta temprana en esta demarcación hidrológica, la ausencia de sensores en barrancos como el de la Horteta, que el día de la dana pudieron llegar a mover 2.000 metros cúbicos por segundo que desembocaron en el Poyo… La exvicepresidenta Teresa Ribera, en sendas comparecencias en Congreso y Senado, trató de defender la aportación de información de la CHJ. También lo hizo Pedro Sánchez en la suya. Polo, de viva voz, se ha encargado de dejarles en evidencia.

Y la investigación judicial acaba de demostrar, a la vista de las solicitudes de información que se están planteando, que ese apagón informativo no resulta anecdótico. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha vuelto a requerir a la Generalitat para que comunique qué persona tomó la decisión de enviar a la población el SMS de alerta por la Dana el pasado 29 de octubre. Pero también ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron.

Que se señale a la CHJ y a la información que facilitó la tarde del día de la dana sobre el cauce del Poyo resulta de capital importancia. El aviso remitido a las 20.12 horas por el sistema Es Alert, tal y como es ya conocido, se envió por el riesgo real que en ese momento suponía ya la presa de Forata, con una amenaza real de desbordamiento por coronación y, llegada esa situación, quién sabe si de rotura. Decenas de miles de personas podían verse afectadas por esa situación. Del Poyo, en cambio, la última información que se había recibido a primera hora de la tarde hablaba de un caudal mínimo y con tendencia descendente. No preocupaba, se podría decir. Y cuando se contó con la información real, a las 18.43 horas, ya era tarde.

El cambio que las declaraciones de Polo han provocado en el análisis de los hechos no resta responsabilidades políticas por lo sucedido. Pero las resitúa. El Gobierno ha comenzado precisamente en este momento a reclamar que se «recupere la cordura», en palabras de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé. Mazón ha aprovechado para afearle que apele ahora a esa circunstancia, justo cuando se debilita el papel del Ejecutivo, y no cuando ministros y más ministros –el último Óscar Puente en el congreso del PSPV el pasado domingo- se han dedicado a vilipendiar al presidente de los valencianos.

Polo, al que algunas crónicas han llegado a retratar con acierto al remarcar que se le estaba poniendo «cara de Salomé Pradas» guarda silencio, aunque probablemente es consciente de que su horizonte judicial no será sencillo. A la Aemet también se le señaló por las informaciones que aportó esa mañana del 29 de octubre, tanto en relación con la previsión de lluvias que cabía esperar esa jornada como en la evolución de la dana y su eventual desplazamiento hacia el interior de la península.

La Aemet, como la CHJ, son organismos dependientes del Gobierno central. Y el papel que ha venido jugando éste, más dedicado a la contienda con la administración autonómica para atribuirle todas las culpas que a poner todos los recursos posibles para minimizar los efectos, primero, y acelerar la llegada de ayudas, después, ha contribuido a reforzar la munición de quienes replican que la dana también ha servido de coartada para una operación política de acoso y derribo al jefe del Consell. Polo, con sus declaraciones, ha contribuido a destapar ese empeño.

El giro en el guion sobre la dana lo demuestra la pérdida de miedo del PP a defender la gestión de lo ocurrido el 29 de octubre y los días posteriores. El espacio que hasta ahora sólo ocupaba Bernabé y los ministros que acudían para señalar a Mazón se ve ahora equilibrado por las declaraciones de dirigentes populares que encuentran en la actitud de la CHJ la respuesta a muchas de las incógnitas que aún sobrevuelan sobre lo ocurrido.