Cinco etarras implicados en la matanza de Santa Pola, beneficiados por la rebaja de pena del Gobierno

Cinco de ellos señalados por una de las más dolorosas matanzas de la banda asesina en esta tierra: un coche bomba aparcado junto al cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola en 2002 segaba la vida de la pequeña Silvia Martínez, de sólo seis años, y de Cecilio Gallego, un hombre que esperaba el autobús en una parada cercana.

No es el primer dolor institucional que tienen que sentir los familiares de la menor fallecida. Hace dos años, la madre de Silvia ya rechazó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, impusiera una medalla a la familia en recuerdo a la pequeña «cuando permitió días antes una manifestación en apoyo a los presos etarras», como sostuvo con dureza en 2022 la progenitora de la niña.

El plan del Gobierno hará también sonreír a uno de los etarras que cumple condena por otra masacre planeada: en 2001, el día de San José, la Policía Nacional logró desactivar un coche bomba aparcado en la playa de Gandia, al lado de un hotel, y que buscaba bañar de sangre la zona.

María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', es una de las beneficiadas. Histórica de ETA y exmiembro de su cúpula, la Audiencia Nacional la procesó en 2023 por su implicación en los planes y órdenes para llevar a cabo el atentado de Santa Pola. El juez García Castellón reclamó de nuevo su extradición el año pasado a Francia, donde cumple condena por otros hechos. Con el atentado de Santa Pola buscaban un infierno: el Ford Escort que hizo explosión llevaba dentro 40 kilos de cloratita y dinamita.

Otro de los beneficiados es Juan Antonio Olarra Guridi, alias 'Juanvi'. También exjefe de ETA y otro de los artífices de la tragedia de Santa Pola. El juez de la Audiencia Nacional que investiga el atentado de ETA lo procesó en 2023 y acordó librar una orden europea de detención con el objetivo de que las autoridades francesas dieran luz verde para tomarle declaración como investigado. Olarra Guridi se encuentra encarcelado en la cárcel alavesa de Zaballa.

Idéntico currículo el de Ainhoa Múgica Goñi, alias 'Olga'. También histórica de la banda asesina, antigua integrante de la cúpula de ETA e igualmente procesada por la Audiencia Nacional por su implicación en el atentado de Santa Pola. La Justicia francesa autorizó el mes pasado su extradición a España para ser juzgado por ese coche bomba. También la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez puede adelantar su libertad o reducir su pena.

Su fijación con la Comunitat no acaba aquí. 'Olga' también fue una de las etarras que en 2000 intentó atentar contra el Ferry Valencia-Ibiza introduciendo un coche con 100 kilos de explosivos. El atentado no llegó a producirse gracias a un guiño del destino: los asesinos tuvieron que dejar abandonado el mortífero coche al estroparse en Benabarre (Huesca) cuando iban por carretera. Incluso el posterior estallido controlado posterior de las Fuerzas de Seguridad dejó un severo cráter.

Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', es uno de los autores materiales de la matanza de Santa Pola. La Audiencia Nacional le condenó en 2012 a 843 años de cárcel por el asesinato de Silvia y Cecilio. Su expediente es otro de los que está sobre la mesa del Ejecutivo para incluirlo en el plan de revisión de condenas.

Exactamente lo mismo que ocurre con Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu'. El compañero de sangrientas andanzas del anterior terrorista y con la misma gruesa condena por el cruento día vivido por la Comunitat por el atentado de Santa Pola.

Sobre el coche bomba de Gandia, el acuerdo gubernativo beneficiaría a Ismael Berasategui Escudero Fue detenido en mayo de 2002 por la policía francesa en Annoay, cerca de Lyon, junto a otro presunto terrorista. La Policía Nacional le considera el etarra que materialmente colocó el vehículo con explosivos en la playa del municipio valenciano. Entregado por Francia en 2009, la decisión del Gobierno también acerca el momento de que se abra para él la puerta de su celda.

El artefacto sembró una gran destrucción en otros vehículos y en establecimiento hotelero, además de sembrar el desasosiego entre los turistas de la zona, el que siempre fue uno de los objeticos principales del entonces llamado 'comando Levante'. Su primera meta, como siempre, asesinar.

No es el único etarra que puso el punto de mira en el turismo de la Comunitat mediante mortiferos atentados y que ahora puede tener ventajas penitenciarias con el plan del Gobierno. Lo mismo pasa con Jon Joseba Troitiño. Este terrorista, junto a Asier Eceiza, colocó en 2002 sendas bombas en hoteles de Benidorm y Alicante. En esta ocasión sí que explotaron y dejaron

Otro nombre del negro elenco de ETA que verá con buenos ojos las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez es Íñigo Vallejo Franco. La pericia de un policía de Algemesí dio al traste con sus destructivos planes: unos tornillos demasiado viejos en la placa de matrícula falsa (y más vieja) del coche con el que llegó al municipio valenciano acabaron con el arresto de su cómplice, Aitzol Maurtua. Ambos se alojaron en hostales de Valencia y Cullera y preparaban una cadena de atentados en la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea que se iba a celebrar en Sevilla. Más tarde que Maurtua fue atrapado su colega de 'talde', Vallejo Franco. Pero cayó. En un zulo oculto en una zona montañosa de Cortes de Pallás apareció el material con el que iban a pepetrar sus andanzas: más de 130 kilos de explosivos.

Y un nuevo nombre implicado en la 'campaña de terror' que fue uno de los objetivos de ETA en la Comunitat, y a la que de nuevo se puede 'premiar' con la reforma penitenciaria. Alaitz Aramendi pretendía en 2007 volar por los aires un complejo turístico en Castellón. De nuevo la suerte dio la espalda a los terroristas. La furgoneta en la que viajaba con otros miembros del comando se averió en Les Coves de Vinromà, en la Plana Alta. La etarra huyó pero fue atrapada poco después. El estallido controlado de los 100 kilos de explosivo del vehículo causó una brutal detonación y otro cráter prueba de la temible destrucción que hubiera sembrado.

Desde el Colectivo de Víctimas del Terrorisma, Consuelo Ordóñez (hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP asesinado en el País Vasco y asentada en Valencia) ha reclamado un inmediato frenazo por parte del Gobierno a la reforma que quiere poner en marcha. «Supondrá otro ataque más al derecho a la justicia de las víctimas de ETA. Esto es gravísimo y exigimos que se paralice», ha afirmado Ordóñez.