Clamor contra los cambios en los servicios de apoyo para alumnos con necesidades especiales

El futuro decreto para la organización de la orientación educativa está cosechando una oleada de críticas por parte de sindicatos y colegios profesionales que se focalizan en el rechazo al desmantelamiento de los servicios psicopedagógicos escolares (SPE).

La norma prevé que sus profesionales queden adscritos a los centros, cambiando completamente la estructura de estas unidades de apoyo externas que se centran en la atención del alumnado con necesidades especiales, asumiendo desde el visado de los dictámenes de escolarización hasta la coordinación y asesoramiento de las medidas que deben adoptarse con los estudiantes que presentan mayores dificultades, como adaptaciones curriculares o planes individuales de atención. En síntesis, lo que se pretende es que los profesionales especializados queden encuadrados en los centros escolares y no en entidades de carácter territorial, como sucede en la actualidad y en la mayoría de comunidades autónomas.

También se considera que se desmantelan los equipos multidisciplinares actuales, formados por orientadores, trabajadores sociales, educadores, especialistas de Audición y Lenguaje e incluso fisioterapeutas, y que su labor perderá independencia al quedar supeditada a las decisiones de los equipos directivos, por ejemplo, a la hora de decidir la modalidad de escolarización más adecuada para determinado alumno.

El Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat ha emitido un comunicado que cuestiona el modelo propuesto (el de un orientador por centro) y dice que «tener más docentes en los centros escolares como pseudoprofesionales no garantiza una mejora en la calidad de las funciones del orientador para atender las necesidades alumnado, el profesorado y las familias», de ahí que apueste por «la estructura y las redes de orientación educativa actuales, potenciando la colaboración de la administración local».

Los especialistas afectados, los de los SPE, se ha organizado a través de las redes sociales para mostrar su desacuerdo y pedir la paralización del decreto, de manera que se pueda negociar con todos los agentes implicados.

Respecto al incremento de los orientadores anunciado por Educación (un 32%), alegan que servirán sobre todo para nutrir los nuevos equipos especializados de atención para casuísticas particulares, como situaciones de autismo y de determinada discapacidad, que serán territoriales y no dependerán de los centros. También critican que se elimina la coordinación entre los diferentes especialistas de los SPE, se disminuye «la imparcialidad» de los orientadores y que se ha procedido con falta de transparencia. Cabe recordar que los sindicatos docentes también han rechazado la premura en la tramitación de la norma, que no estaba prevista en el calendario de negociación de las mesas sectoriales.

Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de las tres provincias también se han mostrado en contra, así como asociaciones de TDAH. Además, se han reunido casi 5.000 firmas en la plataforma Change.org. Respecto a los primeros, emitieron un comunicado en el que se critica «que no se haya hecho un proceso previo de análisis, participación y diálogo con los equipos multidisciplinares que desde hace treinta años trabajan para atender las necesidades sociales de la escuela«. También aluden a la red actual como un servicio »referente para el sector, con un modelo que ofrece un conocimiento y una visión de proximidad de la realidad escolar«, de ahí que pidan la paralización de la tramitación de la norma.

Tras las quejas sindicales, la conselleria decidió la pasada semana retrasar la negociación del documento, prevista para este jueves. La Junta de Personal Docente de Valencia, órgano de representación de los trabajadores, ha pedido a Educación «abrir un proceso de negociación global para abordar las necesidades de los centros y de los SPE para garantizar la mejor atención». Y una vez cerrado, acordar la normativa necesaria para aplicar el modelo.