Colectivos de bebés robados piden que no prescriba el delito y más investigación

valencia. El 27 de enero de 2011 se presentó ante la Fiscalía General del Estado la primera denuncia conjunta por el robo de recién nacidos. Asociaciones de bebés robados y adoptados de toda España conmemoraron ayer esta fecha con una concentración de tres horas a las puertas de la fiscalía en la que reclamaron que no prescriban estos delitos y se insista en las investigaciones.

El abogado valenciano Enrique Vila, presidente de la organización SOS Raíces Adoptados y uno de los organizadores de este encuentro, realizó un llamamiento para exigir al Gobierno y al poder judicial que se impliquen de verdad «en la investigación de los miles de casos que siguen en el olvido».

A la concentración asistieron alrededor de 120 personas en representación de entidades de toda España, describió el Enrique Vila, que aguantaron a pie del cañón la fría mañana madrileña en la calle Fortuny.

Vila leyó un comunicado en el que se mostró el malestar de los asociados por lo que entienden como pasividad de las autoridades ya que el peso de las investigaciones «recae sobre los mismos afectados» y por ello se sienten «ignorados».

«Pese al impulso judicial inicial propiciado por la primera denuncia, la mayoría de investigaciones posteriores han sido absolutamente precarias. Lo digo con el máximo respeto a los jueces y a los fiscales, pero discrepo mucho del trabajo realizado por los mismos. En ocasiones, ante indicios clarísimos de delito, se han archivado los asuntos dejando las familias con el corazón roto», aseguró el abogado valenciano.

Las organizaciones de bebés robados y adoptados reclaman el derecho de sus asociados a conocer su verdadero origen familiar sin tener que sufrir las trabas legales o administrativas que hasta la fecha se han encontrado en el camino. Así lo hicieron saber mediante pancartas que mostraron ante la puerta de la Fiscalía general del Estado, entre ellas a la primera madre que denunció el robo de su hijo y que dejó este mundo sin conocerlo.

En España hay contabilizadas prácticamente 4.000 denuncias por bebés robados y de ellos, más de 400 casos están radicados en la Comunitat Valenciana y sólo un 5 % de las interpuestas sigue su instrucción en los juzgados, lo que implica que un 95% de ellas se archivan.

Según Enrique Vila, que además de abogado es uno de los bebés robados, gran parte de las denuncias «han sido archivadas sin la mínima investigación por las fiscalías o los jueces, dejando a las víctimas desprotegidas».

Los afectados reclaman a las autoridades que modifiquen la actual legislación para que este tipo de delitos no prescriban y se consideren «delitos continuados», además de «delitos de lesa humanidad». También defienden que haya más medios humanos y económicos dedicados a la investigación, que se cree una fiscalía especializada para investigar este tipo de delitos y que se reconozca a los familiares separados la condición de víctima.

Asimismo, solicitan que se agilice la tramitación de las causas para que no se eternicen y que los casos no se cierren sin haber finalizado la investigación debido a la muerte de las víctimas o de los investigados.

Para Enrique Vila, ese paso del tiempo inaceptable sin el avance de las investigaciones motivó que no se pudiese juzgar a una de las principales imputadas por su fallecimiento «y que haya quedado impune el único condenado hasta la fecha, el doctor Eduardo Vela».

El presidente de SOS Raíces Adoptados, entidad que opera en Valencia, y de la organización nacional SOS Bebés Robados, sí reconoció que se ha avanzado en los reencuentros entre familiares e «hijos robados» y recordó que se ha producido una condena en firme, la del doctor Eduardo Vela, pero que ya estaba fallecido.

Carmen Lorenti, representante de la Asociación Sevilla bebés robados, lamentó -en declaraciones a Efe- que aunque la Policía «cuenta con información suficiente» para impulsar las investigaciones, sus casos son archivados.

Fátima Otero sigue luchando por esclarecer qué ocurrió tras el parto natural de trillizos que tuvo en 1984 en Sevilla. Con voz entrecortada detalló a Efe que «la funeraria que se encargó del entierro de sus hijos no existe y todo fue una historia inventada».

Otra de las víctimas, Rosa María Ramos también quiere justicia. Cuenta la odisea que sufrió cuando le informaron en el Hospital Gómez Ulla de Madrid en 1977 que su hijo había muerto por falta de oxígeno. En 2012, decidió abrir la urna en la que estaba enterrado y comprobó que «no había huesos» del menor, por lo que inició su lucha con otras madres que habían atravesado por la misma situación.