Compromís echa el resto para intentar frenar el nuevo modelo lingüístico de las escuelas

El portavoz Joan Baldoví, junto al diputado responsable de Educación, Gerard Fullana, han explicado este lunes que ha sido firmado por representantes de la coalición con hijos en edad escolar, tanto de Les Corts como del Congreso, el Senado, las diputaciones y los ayuntamientos de Castellón, Valencia y Elche. «Formamos parte de las 570.000 familias afectadas por este referéndum sin ninguna base pedagógica, que solo aspira a crear crispación y marginar el valenciano en las aulas», han asegurado, antes de añadir que «en las zonas castellanohablantes está directamente prohibido aprender en valenciano y en las valencianohablantes no nos aseguran que nuestros hijos estudien en la lengua que hemos elegido».

El recurso está acompañado de una petición de medidas cautelarísimas y también de cautelares, siguiendo la misma estrategia de Acció Cultural del País Valencià, Families pel Valencia y varios progenitores, que la pasada semana ya recurrieron ante el TSJCV. Entonces el tribunal rechazó la primera de las pretensiones, que implica frenar la medida sin dar posibilidad de audiencia a la parte demandada, por lo que ahora se tiene que pronunciar en relación a la segunda. Por su parte, el sindicato UGT PV también ha recurrido la convocatoria ante la justicia.

Con esta maniobra, Compromís agota todos los cartuchos legales para intentar frenar el modelo ideado por el PP y Vox. Cabe recordar que sus diputados nacionales fueron los impulsores del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley por la que se regula la libertad educativa, el marco del que se desprende la nueva realidad lingüística de las aulas valencianas y que supone la derogación de la Ley de Plurilingüismo del Botánico. También obliga a realizar la consulta para, precisamente, desdoblar el programa único que aplican actualmente los centros.

El partido, a través de un comunicado, defiende que «celebrar la consulta en el mes de marzo (se podrá votar hasta el día 4) implicará generar el caos burocrático en los centros, dado que es demasiado tarde y colapsará el proceso de admisión y matriculación». Además, ambos responsables se han mostrado «convencidos» de que la consulta «es una cortina de humo más para intentar desviar la atención de las negligencias de Mazón y el conseller de Educación por la dana».

En cuanto a los argumentos, Fullana ha explicado que «hay cuestiones formales como la imposibilidad de conjugar el proceso con la matriculación de forma normal, porque como todo en este gobierno, se ha presentado tarde y mal». «También explicamos cómo se obliga a las familias a participar sólo de forma telemática y no presencial, y es un elemento importante con jurisprudencia suficiente. Otro aspecto es que la orden (reguladora) no cuenta con memoria económica, y esto es un motivo de nulidad», ha añadido.

Respecto a los motivos de fondo, «se obliga al alumnado de las zonas castellanohablantes a no estudiar en valenciano (sólo darán la asignatura lingüística) y hay una falsa libertad: a centenares de miles de familias se las obligará a estudiar en una opción no elegida, con un agravante: no hay ninguna justificación pedagógica para esta cuestión», ha dicho Fullana, en referencia a que aunque la consulta sirve de base para planificar cuántas aulas por nivel tendrá una lengua mayoritaria u otra, no todas las preferencias de los progenitores podrán ser atendidas.

Compromís también pone el foco en que el Consell Jurídic Consultiu, en su dictamen sobre la orden, realiza una decena de observaciones, dos de ellas esenciales. A su juicio, la administración «está obligada a poner solución», algo que no se ha hecho. El partido defiende, en base al informe del organismo, que no se garantiza a cada familia la lengua que vote y que el procedimiento exclusivamente telemático es ilegal.

Por último, recuerda el mencionado recurso de inconstitucionalidad, admitido a trámite y mediante el cual el tribunal «investiga incumplimientos de 28 artículos de leyes de rango superior como la LOE, el Estatuto de Autonomía y la Constitución».

Respecto al dictamen, el CJC considera necesario concretar qué sucede si en zonas castellanohablantes se detecta una demanda suficiente para crear grupos de enseñanza mayoritaria en valenciano. La consulta servirá para ello, aunque la ley no baja al detalle sobre cómo proceder. Por ejemplo, cuál sería esta demanda mínima.

En cuanto a que sólo se pueda votar de manera telemática, pide que, en arreglo a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, si existe alguna solicitud para hacerlo presencialmente se requiera al interesado para que lo haga online, en lugar de considerar nulo ese voto, como prevé la orden.