La Comunitat lidera los delitos de ocupación de viviendas en España

La gravedad de este fenómeno en territorio valenciano puede dimensionarse fácilmente con la demoledora cifra de que una de cada cuatro demandas motivadas por delitos contra la propiedad inmobiliaria -allanamientos de morada o usurpaciones de viviendas- de toda España se han presentado ante los tribunales de justicia de Valencia, Alicante o Castellón. Concretamente el 22,6% del total nacional de denuncias que tiene como motivo la entrada y posterior permanencia fraudulenta en un inmueble se han formulado en instancias jurídicas valencianas.

La cifra del CGP destaca todavía más si se tiene en cuenta que, con los datos del CGPJ relativos al primer trimestre de este ejercicio en la mano, la Comunitat ha superado a otras regiones como Cataluña y Andalucía, que notificaron 115 y 9 demandas, respectivamente. Cabe recordar que ambas comunidades han encabezado de manera habitual otras variables relacionadas con este fenómeno.

Por otro lado, en lo que se refiere a los lanzamientos de okupas, es decir, la última fase del desahucio de los inmuebles ocupados de manera ilegal, la justicia valenciana ordenó el desalojo de un total de 1.037 personas en toda la región, a razón de unos 11 o 12 ocupantes ilegales al día. Pese al avance de demandas y desalojos de okupas de este primer trimestre del año, los dígitos registrados en la Comunitat se mantienen todavía lejos de los números de lanzamientos que ostenta Cataluña, que lidera casi todos los indicadores relacionados con los delitos contra la propiedad inmobiliaria como los desahucios, apartado en el que tiene una marca de 1.870 desalojos ejecutados.

No obstante, una de los datos más llamativos de la comparativa interregional es que la Comunitat tiene cerca de 130 casos de delitos por ocupación ilegal de vivienda más que la Comunidad de Madrid. Mientras Valencia, Castellón y Alicante en conjunto superaron las 1.640 demandas contra ocupantes ilegales entre enero y marzo de este año, la capital del país se quedó en 1.516 denuncias.

Además, otra variable a tener en cuenta cada vez se alarga más el tiempo de los juicio verbales posesorios en los que se ven envueltos los legítimos dueños de los inmuebles para recuperar sus propiedades y, mientras esperan a que se dirima el pleito con el fallo del juzgado, los okupas gozan del inmueble allanado o usurpado. El magistrado alicantino del Tribunal Supremo, Vicente Magro, explica la anomalía que supone que, en los casos de okupación, la vivienda afectada no se le devuelva de manera inmediata al propietario ejemplificándolo de manera sencilla con un símil sobre los vehículos: «Cuando la Policía detiene un coche robado, el vehículo sí se le retorna a su legítimo dueño».

Magro detalla algunos consejos que pueden adoptar los propietarios para prevenir el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas. El jurista reivindica las alarmas y los sistemas de autoaviso en las comunidades vecinales como los principales y más efectivos métodos para prevenir el allanamiento o usurpación de viviendas.

Tal como se ha explicado con anterioridad, existe otro factor a tener en cuenta a desde el punto de vista de los legítimos propietarios antes de iniciar una la batalla legal para que la justicia autorice un desahucio: los números avalan que los juicios verbales posesorios son cada vez más largos. En definitiva, los dueños se ven obligados a estar envueltos en estos procesos judiciales para recuperar su propiedad cada vez más tiempo. En la Comunitat, la demora judicial rondó los 12 meses el año pasado mientras que en 2018 era inferior a cinco meses.

La ocupación ilegal es un fenómeno y, al tratarse de un proceso, también sufre cambios y adaptaciones con el paso del tiempo. En definitiva, la ocupación evoluciona creando nuevos modos de allanar o usurpar un inmueble que es propiedad de un tercero más allá de la patada en la puerta. Tal como ha reportado este diario a lo largo de este año, en la ciudad de Valencia este fenómeno ha evolucionado hasta notificar algunos casos extravagantes que van desde la 'inquiokupación' hasta la figura del 'okupa propietario' pasando por la ocupación organizada.

Quizá el relato más llamativo fue el de José Ignacio, un vecino de Mislata para quien su inquilina se ha convertido en un tormento, ya que se ha visto obligado a tener que vivir en una furgoneta dadas las circunstancias personales en las que desembocó su anterior relación sentimental y no tener casa a la que volver. Para sacarse algo de dinero extra al mes, José Ignacio puso en alquiler su piso a una de sus vecinas mientras vivía en la vivienda de la que llevaba siendo su pareja desde hacía diez años. Sin embargo, su relación amorosa sufrió una ruptura de golpe y, dado que no puede volver a su hogar, vive con la casa a cuestas, o, mejor dicho, sobre ruedas. «Es una injusticia y un sinsentido muy grande tener trabajo y una casa en propiedad para acabar viviendo en la calle», denunció este afectado cuya vida se ha vuelto un sinvivir por culpa de una 'inquiokupa'.

Existe un buen termómetro para medir la 'inquiokupación' de manera aproximada, entendiendo este fenómeno como la negativa deliberada del arrendatario a pagar el alquiler y no abandonar las dependencias de la vivienda arrendada, es el conocido jurídicamente como el procedimiento monitorio. Según el CGPJ, este recurso sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. En este caso, la Comunitat no lidera la clasificación nacional, pero la cifra ya se eleva hasta las 33.924 vistas judiciales por procedimiento monitorio.

Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Ocupación estima que hay entre 80 y 85.000 ocupaciones ilegales en España cada año. La asociación aporta una cifra aproximada basándose en el número de denuncias por allanamientos de morada y usurpación de bienes inmuebles por parte del Ministerio del Interior cada año, dado que no existen datos oficiales sobre el reciente fenómeno de la 'inquiokupación'. «El 75% de los afectados que tenemos en nuestra entidad son por los impagos de sus inquilinos», comentó su presidente, Ricardo Bravo, sobre la alta proporción de que tres de cada cuatro propietarios asociados sufran la permanencia ilegal de personas en sus viviendas tras negarse a abonar el importe del alquiler a sus arrendadores.

Hasta la Finca Roja de Valencia, un Bien de Interés Cultural (BIC) y edificio emblemático de la ciudad, se ha visto salpicado por la ocupación ilegal. El pasado mes de marzo, los vecinos alertaron de la entrada de estos inquilinos ilegales y la convivencia rápidamente se volvió insostenible. Sin embargo, uno de los aspectos que resulta más llamativo de la comunidad okupa de la Finca Roja consiste en la creación de una figura revolucionaria dentro del mundillo: el okupa propietario. Los residentes habituales de la Finca Roja calificaron el término como «el colmo de los colmos», en referencia a que el usurpador de la vivienda se crea el legítimo propietario del inmueble con potestad para decidir quién entra y quién sale.

Tal como han podido escuchar los vecinos en las numerosas discusiones que mantienen los integrantes de la comunidad ilegal, el primer okupa se autoarrogó el estatus de propietario exigiendo a sus inquilinos el pago de una cantidad de dinero mensual para que estos puedan seguir residiendo en su interior, como si de un alquiler reglado contractualmente legal se tratara.

Por último, el movimiento okupa cuenta con algunos colectivos que lo respaldan y que se encuentran activos en la ciudad de Valencia como el autodenominado Sindicat de l'Habitatge. Este grupo defiende la ocupación ilegal del bloque número 6 de la calle Berni i Català llevada a término hace un mes por parte de dos individuos ya identificados por la Policía. Según relataron los residentes, los okupas accedieron al bloque a través del garaje puesto que la puerta estaba tapiada. Los vecinos, molestos por el ruido y la presencia de los ocupantes ilegales, intentaron entablar conversación con los miembros del colectivo una vez se hizo efectiva la ocupación ilegal. Los miembros de la asociación trataron de convencer a los residente de que su presencia en la finca era fruto de una acción reivindicativa contra un fondo buitre y que en el edificio se iban a alojar 14 familias.

Durante la visita de la comitiva judicial, se procedió a la identificación de los allanadores y, según pudo saber este diario, se confirmó que sólo eran una pareja de varones de unos 40 años de edad y no había ni rastro de las 14 unidades familiares defendidas por el colectivo defensor de la ocupación ilegal.