La Comunitat Valenciana tendrá una selectividad compartida con las autonomías del PP el curso que viene

«Lo que estamos planteando muchas comunidades es homogeneizar mucho más las pruebas de acceso. No tiene sentido que si cualquier alumno, con sus notas de Bachiller y selectividad, puede entrar en cualquier universidad española las pruebas no estén normalizadas, porque a veces la valoración de ciertas cuestiones es distinta», ha defendido.

Rovira ha hecho estas declaraciones tras visitar el Aulario Interfacultativo de la Universitat de València, una de las sedes que acogen a los 24.000 estudiantes que este martes han empezado la selectividad.

Interrogado por esta cuestión, el conseller ha señalado que aunque en las comunidades bilingües siempre tenga que programarse un examen más «en la materias comunes la prueba debería ser común en todo el Estado». «Se trata de hacer el mismo en todas las comunidades, si no al 100% sí en su mayor parte, basándonos en que todos los que aprueban la selectividad pueden acudir a cualquier universidad española», ha añadido.

Rovira también ha destacado que las comunidades populares ya se han reunido con la Conferencia de Recortes de las Universidades Españolas (CRUE), además de mantener encuentros entre consejeros, y que «a lo largo de este curso» se desarrollará el modelo final.

«Nos gustaría que se sumaran todas las comunidades, pero en principio serán la gran mayoría», ha añadido, en referencia a las gobernadas por el PP. También ha dicho que cuando pasen las elecciones europeas los presidentes autonómicos anunciarán el acuerdo para avanzar en la cuestión. Y sobre el previsible rechazo del Gobierno -ha reconocido que «no está muy por la labor»-, ha considerado que si la gran mayoría de territorios «así lo acordamos, no tendrán más remedio que sentarse» a hablar.

El pacto popular fue avanzado hace unos días por Alberto Núñez Feijóo durante un mitin celebrado en Zaragoza, y el cambio coincidirá con la adaptación de las pruebas de acceso a la Lomloe, la ley Celaá, que aunque ya ha influido en esta convocatoria (modificaciones en los temarios, mayor opción de elección entre materias de la fase obligatoria y pequeños retoques de los exámenes) tendrá un diseño novedoso en 2025. Al menos es lo que plantea el borrador de la orden que regula las características básicas y que depende del Gobierno. De hecho, será el marco legal al que tendrán que ceñirse las once regiones, que aunque puedan diseñar exámenes iguales, con los mismos ejercicios o muy similares en los diferentes territorios, deberán respetar las directrices básicas que se marquen a nivel estatal.

La idea del Gobierno es que las preguntas sean aún más competenciales que las actuales, que exista un modelo único para cada asignatura, en el sentido de acabar con la máxima optatividad que permite a los alumnos elegir entre todos los ejercicios a realizar (lo que permite evitarse temario), que se reduzcan a tres las asignaturas para subir nota y que se endurezca la penalización por faltas de ortografía.