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La batalla de los padres de Vera para responsabilizar al Ayuntamiento de Mislata de la muerte de su hija no cesa. Los progenitores de una de las dos niñas fallecidas al volcar un hinchable en la feria municipal han solicitado de nuevo que se cite a declarar como investigado por las dos muertes (también pereció la pequeña Cayetana) al concejal de Fiestas, Antonio Arenas. En un escrito presentado ante el juzgado de instrucción número cuatro de la localidad señalan directamente al edil como responsable de la falta de medidas de seguridad que originó la tragedia.
El párrafo en el que señalan al concejal es demoledor: «Es la persona que decide realizar la actividad de la feria; quien contacta con el feriante para encargarle su ejecución, sin publicidad ni concurrencia alguna, a pesar de que cesó en su actividad como feriante en 2013, quien decide no ordenar la inspección de las atracciones, y por tanto el responsable de que no se comprobara ni la ubicación, ni que el montaje se acomodara al proyecto o a la declaración responsable; y es quien, por delegación de alcaldía, autoriza la instalación de la feria».
El escrito echa por tierra algunos de los argumentos que la entidad municipal ha ofrecido durante la instrucción del caso. El ingeniero municipal indicó en el juzgado que no se examinó la feria «porque no existen inspectores en la plantilla del Ayuntamiento». Los padres de Vera, a través de su abogado, Jorge Carbó, responden que el estado de las atracciones se pudo comprobar «a través de una OCA (Organismo de Certificación Administrativa), como se hace en otros municipios, como por ejemplo Oliva». Y ponen el foco inequivocamente en el concejal Arenas: «Resulta palmario que es él quien decidió optar por no comprobar».
No es el único extremo sobre la posible responsabilidad en lo ocurrido del Ayuntamiento que encabeza Carlos González Bielsa. Los padres de Vera también reclaman al juzgado que requiera al Consistorio para que entregue el expediente administrativo de actividad de la feria en la que perecieron las dos niñas. Este documento es un misterio. El órgano municipal negó inicialmente su existencia en una contestación. Pero en su declaración como investigado, el ingeniero técnico municipal imputado en la causa sí habló de ese informe. Y en el documento por el que se otorga licencia de ocupación a la feria sí se contemplaba ese documento. La cuestión es que, a día de hoy, ese papel sigue sin ser aportado por el Ayuntamiento a la jueza.
La acusación particular también pide al juzgado que reclame el expediente de ocupación de la vía pública de la feria de verano, «al compartir muchas actuaciones con el de la feria de Navidad», cuando se produjeron las dos muertes. Una diligencia encaminada a contar con más documentos que indiquen la posible responsabilidad del Consistorio de Mislata.
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