La concertada no considera obligatorio dar copia de los exámenes como pidió el Síndic

Los colegios concertados de la Comunitat no comparten la circular enviada por la Conselleria de Educación la pasada semana en la que se recuerda que todos los centros deben facilitar una copia de los exámenes y demás instrumentos de evaluación si lo solicitan los padres o los alumnos, sin que sea necesario que se haya iniciado el procedimiento formal de revisión de calificaciones que establece la normativa valenciana. El departamento que dirige Vicent Marzà remitió esta instrucción tras aceptar una recomendación del Síndic de Greuges en este sentido.

LAS PROVINCIAS ha tenido acceso a dos circulares internas trasladadas a directores y titulares de centros concertados que versan sobre la cuestión. Aunque no se desprende un rechazo absoluto a la medida, sí dejan claro que debido a su naturaleza jurídica no están obligados a entregar las copias.

La primera de ellas, remitida desde Escuelas Católicas, la patronal que engloba a todos los colegios confesionales de la Comunitat, señala en relación a las consultas recibidas sobre la circular que se trata de «un mero recordatorio de la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común en los centros docentes públicos», y que «no es aplicable en ningún caso» en los concertados, por lo que «por el momento, y en tanto no se produzca alguna modificación normativa, no es obligatorio entregar copias de los exámenes o instrumentos de evaluación, sin perjuicio de los mecanismos de consulta y revisión que cada centro tenga recogidos en su reglamento de régimen interno».

También se indica que la orden de la conselleria que regula el procedimiento de revisión de exámenes, la única vía formal que en principio permitía acceder a una prueba en los colegios de la Generalitat, «establece que en los privados las reclamaciones que se presenten no tienen carácter administrativo, a diferencia de los centros públicos».

La otra circular ha sido remitida desde la Fundación San Vicente Mártir, que representa a los colegios diocesanos de la Comunitat y que también pertenece a Escuelas Católicas. El texto es similar, aunque se añade un primer párrafo en el que se pide «prudencia» al tratarse «de un tema controvertido».

Desde Escuelas Católicas explicaron a este periódico que de las circulares no cabe entenderse que rechacen la entrega de copias y añadieron que, de hecho, es una práctica habitual en muchos centros, donde se hace sin petición previa como una manera de que familias y alumnos puedan ver dónde se ha fallado para corregir errores. «Se trata de una nota de base jurídica que dice que no es aplicable en centros concertados porque se refiere a un procedimiento que afecta a las administraciones públicas. No significa que no estemos de acuerdo, sino que los privados concertados tienen otro estatus y nuestro procedimiento es diferente al de los públicos», explican, en referencia a que la manera de proceder se regula en el reglamento de régimen interno.

La circular de la conselleria llegó después de una recomendación emitida por el Síndic de Greuges el pasado noviembre, que fue aceptada por la administración. El Defensor del Pueblo detectó que en la normativa valenciana no se hacía referencia a la posibilidad de tener acceso sin necesidad de pedir la revisión de un examen, pese a ser un derecho recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que dice que los interesados pueden acceder a copias de los documentos incluidos en un proceso que les afecte. Además, lo consideró de plena aplicación en el ámbito educativo en base a diferentes sentencias judiciales, llegando a citar extractos de las mismas en el sentido de que no puede haber más límite que el interés legítimo del solicitante.

Por ello, pidió a la administración que emitiera instrucciones a los «centros de su dependencia» para evitar que, por la falta de referencias explícitas en la normativa valenciana, se diera pie a que hubiera colegios o docentes que se negaran a facilitar copias. En la resolución de la institución no se distingue en ningún momento en función de la titularidad.

Por parte de Educación se consideró oportuna la petición, de ahí que enviara la circular tanto a las escuelas públicas como a las concertadas. En la misma «se recuerda a todos los centros la obligación de entregar copias de los exámenes o instrumentos de evaluación a los interesados (alumnos mayores de edad) o a sus representantes (padres) en el caso de que las soliciten, independientemente de los supuestos de reclamación regulados en la normativa vigente».

El punto de vista de la organización católica es compartido por la otra patronal, la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), por lo que las consultas que reciben se resuelven en el mismo sentido. Tal y como explicaron, «la circular de la conselleria se ha limitado a recordar la vigencia de una ley cuyo ámbito subjetivo de aplicación se circunscribe a las administraciones públicas». Por ello, consideran que «mientras no salga una normativa específica existirá una dualidad de obligaciones dentro de la red sostenida con fondos públicos: una para los centros públicos al serles de aplicación como administración pública que son y otra para los privados, que se deben a los reglamentos de régimen interno».

Que el escrito de los colegios diocesanos hable de un tema «controvertido» no es baladí. A nivel sindical, las organizaciones representativas de la escuela pública cuestionaron la medida al desvirtuar el principio de evaluación continua o los mecanismos de consulta existentes (la revisión formal), llegando en algún caso a asegurar que se contravenía la autoridad del profesorado o daba pie a malas prácticas. No se ha pronunciado aún el mayoritario de la escuela concertada, Fsie.

Respecto a las familias, gusta a las confederaciones de la pública, Gonzalo Anaya y Covapa, siempre que no se dé un mal uso a las copias y sirvan como herramienta de repaso, como planteó el Síndic. Por su parte, Fcapa, representativa de la concertada, defendió la postura de los titulares de los centros -«confiamos en que las medidas que adoptan se basan en el interés de familias y alumnos»- y dijeron que la resolución del Síndic sí debería aplicarse, aunque para casos concretos donde ha habido conflicto, no de manera general. «La conselleria debe respetar la autonomía de los centros y no pretender imponer sus posiciones cuando son interesadas e incoherentes con sus actuaciones, pues en muchos casos ha obviado las peticiones de la institución», añadió.