Los concertados se quedan fuera de las ayudas de FP pese a la sentencia que anula la exclusión

Para más inri, el diferente trato en función de la titularidad ya ha sido cuestionado desde el punto de vista jurídico, pues el pasado junio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) resolvió un recurso presentado por la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) con una sentencia que anulaba la distinción, al considerarla «carente de toda justificación» y al no existir en la normativa básica fundamentos que la permitan.

Sin embargo, la Abogacía de la Generalitat presentó un recurso de casación ante el Supremo que se admitió a principios de 2023, lo que implica que el primer fallo se queda en suspenso hasta que el Alto Tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Dicho de otra forma, la Conselleria de Educación ha ganado tiempo, en el sentido de que ha podido mantener la discriminación en las ayudas un ejercicio más.

Exactamente es el séptimo curso consecutivo en que quedan fuera de la convocatoria las estudiantes que eligen escuelas concertadas. Por contra, entre el 2009-2010 -cuando se creó la ayuda- y el 2014-2015 la subvención estuvo a disposición de las solicitantes de cualquier centro sostenido con fondos públicos, siempre que eligiera matricularse en alguno de los ciclos formativos masculinizados recogidos en cada convocatoria.

La correspondiente al curso actual es oficial desde principios de mayo, y el plazo para presentar la solicitud oscila entre el 1 y el 28 de julio. Pueden participar las estudiantes de grados básicos, medios, superiores y cursos de especialización (másteres de FP) que hayan empezado este ejercicio alguno de los 99 títulos incluidos en la convocatoria, pertenecientes a 19 familias profesionales distintas (de un total de 25 que se ofertan en el sistema valenciano). Todos ellos cumplen un doble requisito: en los dos ejercicios previos se dio una diferencia significativa entre alumnos y alumnas y presentan elevadas tasas de inserción laboral. La relación es mucho más amplia que en años anteriores, cuando se ha llegado como máximo a 73 (2021-2022).

Para ser beneficiaria se exige haber superado un mínimo de módulos (asignaturas) equivalentes a 450 horas (algo menos de la mitad de un curso, por regla general). La convocatoria establece un presupuesto máximo de 100.000 euros que se distribuirá de manera equitativa entre todas las participantes que cumplan los requisitos, con una dotación de entre 400 y 600 euros. Por lo tanto, como mucho se darán 250 ayudas. Si hay más peticiones, se establecerá una ordenación alfabética basada en las letras extraídas de un sorteo público, comenzando por los apellidos que empiecen con las grafías SP, como sucede con la admisión de alumnos.

Educación ha seguido la misma estrategia que con la exclusión de la concertada en el programa para dotar a los centros de auxiliares de conversación para fomentar el inglés: recurrir en casación un primer fallo contrario a sus intereses -protagonizado también por Feceval- lo que le permite mantener el programa sin cambios. Este también fue admitido, el pasado noviembre, por parte del Supremo, que considera, para ambos casos, que existe interés casacional, es decir, que hay que resolver una cuestión que puede tener efectos a nivel social, incluso para otros casos al servir para establecer jurisprudencia.

Exactamente, la sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal valorará si tanto la concesión de subvenciones de FP como el pago de los gastos de los auxiliares sólo en la red pública vulneran el derecho a la igualdad recogido en la Constitución. Para ello interpretará el alcance que tiene, respecto a lo anterior, la legislación educativa básica, pues como defiende la conselleria, la regulación actual (la Lomloe) obliga a la Generalitat a dotar a los centros públicos de los medios y recursos necesarios, y a pagar a los concertados una cuantía establecida anualmente para cubrir sus gastos de funcionamiento y los salarios docentes. Dicho de otra manera, alega que estos recursos adicionales deberían ir a cargo de los módulos del concierto que ya abona la administración, en lugar de tener que dedicar más fondos.