La Conferencia Episcopal denuncia «las trabas» hacia la concertada

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, denunció ayer «obstáculos y trabas» del Gobierno a la escuela concertada y pidió una ley de educación «sólida» que respete la elección del centro por parte de los padres y que «no quite» del currículum la clase de Religión.

«Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas. Nuevamente insistimos que no es el momento de poner trabas, de enfrentar instituciones públicas y privadas, sino de trabajar conjuntamente, de cooperar de forma eficaz y eficiente para ofrecer una educación adecuada», subrayó en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la CEE.

El cardenal Omella afirmó que existe un «clamor» por un pacto educativo global y reclamó que éste se concrete en «una ley sólida que no sea objeto de debate con cada cambio de color político en el Gobierno».

Así se pronunció en la semana en la que la nueva Ley de Educación, la conocida como ley Celaá, va a ser debatida por el pleno del Congreso, donde el dictamen de la ponencia deberá ser ratificado por mayoría absoluta (176 diputados) para continuar su tramitación en el Senado.

El dictamen de la ponencia sobre la ley Celaá, que fue aprobado el pasado viernes en la Comisión de Educación del Congreso, recoge algunas enmiendas que han generado fuertes críticas entre la oposición, como la supresión de la referencia al castellano como lengua oficial del Estado en educación; que la asignatura de Religión no cuente para la nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo, o la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública. Frente a esta ley, los obispos defendieron «el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos -en consonancia a su conciencia, identidad y tradiciones-, y asegurando siempre el derecho constitucional a la libre iniciativa privada».

Omella precisó que «siempre y cuando se actualicen correctamente y se garanticen las necesidades económicas para una buena prestación del servicio educativo», la fórmula de «la concertación pública como mecanismo de financiación de la educación general sigue siendo plenamente válida y útil para que se dé la participación plural y la diversidad que enriquece a la sociedad».

Los prelados también proponen valorar otras medidas «interesantes» adoptadas en países del entorno europeo como es el caso del 'bono escolar' «con el fin de garantizar los derechos constitucionalmente reconocidos a los padres y a la libre iniciativa privada».

Asimismo, Omella reivindicó que «no se debe quitar de la escuela la formación moral en valores y la clase de Religión», pues la considera importante para poner «a la persona en el centro», en línea con aquello por lo que aboga el Papa Francisco, y para «garantizar una educación integral en todas sus dimensiones -humana, relacional, psicológico-intelectual y espiritual-».

«Defendemos, pues, la presencia de la asignatura de Religión. De hecho, en una sociedad tecnocrática en la que un pequeño virus nos ha desbordado, se hace más que nunca necesaria la enseñanza y el cultivo de la filosofía, de la teología y de la espiritualidad», zanjó Omella. La reunión de la Asamblea Plenaria de la CEE se celebrará hasta el viernes en la sede de la Conferencia Episcopal en Madrid, aunque solo pueden participar presencialmente 38 obispos para garantizar las condiciones de seguridad.