El Consejo Escolar del Estado plantea que la educación obligatoria se prolongue hasta los 18 años

El máximo órgano de participación de la comunidad educativa acoge a representantes del profesorado, las familias, el alumnado, los centros y la administración, y aunque sus planteamientos no son vinculantes sí sirven para orientar las políticas en materia de enseñanza. En total ha trasladado una veintena de sugerencias que afectan a todos los ámbitos, desde las condiciones laborales de los docentes hasta la atención a la diversidad, la planificación educativa o las actividades extraescolares.

En cuanto al cambio en la edad, exactamente traslada la necesidad de «reflexionar sobre la conveniencia de que la comunidad educativa debata la extensión de la obligatoriedad de la formación y la educación hasta los 18 años». En informes anteriores, como el de 2015, fue mucho más allá, defendiendo claramente su necesidad como una medida para paliar las elevadas tasas de abandono prematuro de los estudios.

En esta ocasión no entra en valoraciones. Sólo se aporta algo de contexto internacional en el apartado del informe donde se analizan las tasas de escolarización: «Desde 1980 se viene observando que en algunos sistemas europeos se tiende hacia la prolongación de la escolaridad obligatoria como una forma de garantizar la reducción de las tasas de abandono escolar temprano y la adquisición de las competencias clave». También se señala que se recurre a la medida para «asegurar que todo el alumnado obtenga un certificado de educación o de cualificación básica», antes de citar los países que ya han dado el paso, que son los menos: Bélgica, Francia, Portugal, Finlandia y Alemania, donde los estudios obligatorios duran un año más.

Según el informe del consejo, en España la tasa neta de escolarización a los 18 años se sitúa en el 80,9%, lo que implica que ocho de cada diez españoles están formándose en el momento de alcanzar la mayoría de edad, la mayoría mediante estudios universitarios de grado.

El debate viene de lejos y sorprendentemente no está viciado desde el punto de vista ideológico, teniendo en cuenta que la idea ha sido defendida, en diferentes momentos, tanto por el PP como por el PSOE. De hecho Pedro Sánchez llegó a incluir la medida en el programa electoral de las elecciones de 2015. Sin embargo, con la reforma educativa de la Ley Celaá se dejó pasar el tren, aunque se llegó a plantear en algunas enmiendas al articulado que no llegaron a prosperar.

En los últimos años se ha apostado por una estrategia distinta: incentivar más que obligar, favoreciendo la permanencia en el sistema con programas de refuerzo y de adaptación curricular, sin olvidar el papel que juega la FP, cuya oferta crece de manera sostenida en el tiempo.

A nivel organizativo, el órgano consultivo vuelve a insistir en la necesidad de reducir las ratios máximas de alumnos por aula en los diferentes niveles, una medida que tiene mucha relación con otra de las propuestas planteadas: «Aprovechar el previsible descenso de la natalidad y del alumnado como oportunidad para favorecer la calidad del servicio en los centros sostenidos con fondos públicos, en lugar de cerrar unidades escolares». Esto es, promover la creación de grupos menos masificados que a su vez contribuyan al mantenimiento de los empleos docentes.

El Consejo Escolar también se pronuncia sobre las infraestructuras escolares, reclamando que se aborde «en el menor plazo posible», la mejora de las instalaciones «con el fin de garantizar unos adecuados niveles de calidad del aire y de temperatura». El ministerio anunció hace unos meses que este año se negociará un plan con las comunidades autónomas para avanzar en el confort térmico de los centros.

Una nueva regulación de las actividades extraescolares a través de una norma básica que también haga referencia a las cuotas a abonar -en la Comunitat están limitadas en los centros públicos-, la reducción de la burocracia contratando al personal administrativo necesario, el avance en la digitalización o el aumento de la red de guarderías -con plazas públicas y privadas a través de entidades sin ánimo de lucro- son otras de las medidas trasladadas por el consejo.

Por último, se vuelve a pedir el estudio sobre el coste real del puesto escolar en la red concertada, un trabajo pendiente desde 2006 que sería el paso previo a la actualización de los fondos públicos que se transfieren para los gastos de funcionamiento, que llevan años congelados.