La gratuidad completa de las escuelas infantiles, popularmente conocidas como guarderías, echará a andar el curso que viene, lo que permitirá cumplir con la promesa trasladada por los gestores populares y cuya falta de concreción -en los últimos meses el sector no ha recibido información- ... preocupaba a representantes de los centros, que ya tienen avanzada la planificación del ejercicio que viene, y a las familias que precisan de este recurso para sus hijos pequeños.
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Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la administración prevé recurrir a un decreto ley para regular la medida, que se hará público en los próximos días, con la intención de que sea convalidado por Les Corts lo antes posible. La ventaja de esta figura legal extraordinaria es que acorta, y mucho, los plazos de tramitación. Así se evitan informes preceptivos que sí se habrían requerido en caso de una regulación ordinaria, como un decreto, o la fase de presentación y votación de enmiendas si se hubiera optado por una ley, Con estas herramientas, atendiendo a lo avanzado del curso actual, no habría dado tiempo a que la medida desplegara efectos a partir de septiembre. Por contra con la solución prevista en treinta días como máximo a partir de su promulgación puede someterse al criterio del parlamentario valenciano, con mayoría de los partidos que sostienen al Consell.
La cúpula de Educación -el conseller José Antonio Rovira y el secretario autonómico, Daniel McEvoy- han presidido este viernes el nuevo Foro de Participación de la Educación Infantil 0-3 años, un encuentro al que se ha convocado a las patronales de centros Feceval, Acade-Adeiv y Salvem 0-3, a las confederaciones de Ampas Gonzalo Anaya, Covapa y Concapa, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias -muchas localidades tienen guarderías de titularidad municipal-, a la patronal concertada Escuelas Católicas, que también tiene colegios con aulas del primer ciclo de Infantil, y a la Unión de Cooperativas de Enseñanza (UCEV). La reunión se ha organizado con discreción, pues no aparecía en las agendas públicas de los altos cargos.
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El encuentro ha servido para escuchar propuestas de los diferentes actores y para dar cuenta de los plazos que se manejan -se confía en al menos poder empezar a extender la gratuidad a partir de septiembre-, aunque no ha habido más concreción. Se espera que todos los detalles se conozcan a mediados de abril, cuando presentará la iniciativa el presidente Carlos Mazón. Al fin y al cabo, se trata de un compromiso personal de antes incluso de la pasada campaña electoral.
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La gran duda está en el alcance: si el próximo curso serán gratuitas todas las aulas que faltan -las de 0-1 años y las de 1-2 años- o si se hará de manera progresiva, dejando alguno de los dos tramos para ejercicios siguientes. No es una idea descabellada atendiendo a que la medida tiene un elevado impacto económico, al asumir la administración todo el coste de las plazas escolares a través de una ayuda a las familias que, salvo sorpresa, se gestionará a través de los centros. Actualmente la conselleria financia parte de la escolarización mediante el bono infantil, que varía en función de la renta.
También puede influir la Declaración de Córdoba, rubricada por todas las comunidades del PP el pasado marzo y en la que se comprometen a extender la gratuidad a todo el primer ciclo de Infantil de forma progresiva, a lo largo de la legislatura.
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En cualquier caso, durante el desarrollo del encuentro los representantes de la administración han trasladado que la línea a seguir es la marcada por el programa electoral del PP, que no contempla fases de aplicación, lo que abre la puerta a una implantación completa a partir de septiembre. La incógnita la despejará Mazón.
El presidente Carlos Mazón prometió la extensión de la gratuidad bastante antes llegar a la Generalitat. Incluso de empezar la campaña de las pasadas elecciones. Exactamente en septiembre de 2022, tras reunirse con representantes de los centros. No sólo la anunció, sino que llegó a estimar el coste: 204,85 millones de euros anuales que saldrían de reducir departamentos de la administración y gastos generales del sector público y que se sumarían a los más de 60 presupuestados en aquel ejercicio. La idea era que la gratuidad se aplicara para este mismo curso, aunque los plazos del traspaso de carteras tras el 28-M impidieron cualquier gestión al producirse bien entrado el mes de julio. Más tarde, en el debate de investidura, se comprometió a que llegaría de manera «inminente», mientras que desde la Conselleria de Educación se lanzaba el mensaje de que sería una realidad para el próximo ejercicio, como finalmente sucederá gracias al decreto ley.
La gratuidad comenzó a extenderse en el curso 2018-2019, llegando a las aulas de 2-3 años de las escuelas infantiles dependientes de los ayuntamientos, que se sumaron a los centros de primer ciclo de la Generalitat (unos 40 en su momento) en los que el servicio escolar no tenía coste alguno. También existía oferta a través de los Ceips en los que se habilitaron unidades de este tipo mediante un programa experimental que no dejó de crecer durante los mandatos del Botánico. La red privada, mayoritaria en la Comunitat, tuvo que esperar, y tras varios ejercicios reclamando igualdad se pudo beneficiar a partir del 2021-2022. Por tanto quedan por incluirse, en centros municipales y de iniciativa social, los tramos previos: 0-1 y 1-2.
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En el foro también se han tratado aspectos como la necesidad de aumentar las cuantías para sufragar el puesto escolar de dos-tres años, situado durante años en 280 euros pese a los efectos de la inflación; el incremento de la oferta pública a través de la red pública; el adelanto de la escolarización en los concertados a estas aulas, que son previas a 1º de Infantil; o la necesidad de que no se rompa el ciclo. Es decir, que la gratuidad se aplique en centros específicos y autorizados que escolarizan a niños de entre 0 y 3 años (de los tres tramos de edad).
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