El Consell acusa al Gobierno de dejación de funciones con la limpieza de playas y de abandonar a los municipios pequeños

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha reiterado hoy lo que ya dijera le miércoles el subdelegado, que esa limpieza corresponde a los consistorios, pero que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha un contrato para la retirada de esos residuos en 40 kilómetros de litoral debido a las especiales circunstancias que han provocado esta situación.

Ese contrato, ha indicado, prioriza las playas urbanas con afectación directa a las personas, de ahí que se empezara por Valencia y que ahora estén en Sueca y Tavernes de la Valldigna. Bernabé ha señalado que después seguirán con el resto de la costa. La próxima semana actuarán en las zonas del Saler y la Dehesa. Para aquellas localidades que no quieran esperar, les ha propuesto que si quieren limpiarlas ya, que lo hagan y luego el coste «lo pagará el Gobierno».

Estas palabras no han sentado nada bien en el seno del Consell y sólo han servido para caldear más los ánimos. Para el Ejecutivo que lidera Carlos Mazón, la pasividad mostrada por el ministerio es patente y está llevando a algunos consistorios a tener que apañárselas para dejar sus playas en perfectas condiciones y no tener que aguardar a que les llegue un turno que no saben cuándo les tocará y si les tocará.

La dana del 29 de octubre y las lluvias y el temporal de noviembre hicieron que llegaran a las costas de la Comunitat una cantidad ingente de cañas y otros restos. Desde Benicarló hasta Dénia, la huella era notable por esa acumulación de residuos, de manera que consideran que esos 40 kilómetros anunciados por Pilar Bernabé o los pocos en los que están actuando en este momento, Sueca y Tavernes en manos de socialistas, son una mínima parte del total que requiere una actuación urgente, especialmente porque se acercan las Fallas y la Semana Santa y esa franja marítima supone un importante atractivo turístico.

El director general de Costas ha dejado muy claro que la dana y sus repercusiones van más allá de las circunstancias ordinarias, de manera que los trabajos de conservación del dominio público marítimo-terrestre deberían recaer en el Ministerio para la Transición Ecológica y no cargar con ello a los municipios. Especialmente porque hay algunos, los más pequeños, que carecen de capacidad económica para asumir esa tarea por adelantado y luego esperar que les devuelva el dinero del Gobierno. O que, si actúan ya, les toca hacer un gran esfuerzo pese a sus escasos medios económicos.

Tampoco todas las poblaciones pueden esperar a que les llegue el turno de limpieza, porque desconocen cuándo será. Ante esta incertidumbre y con la vista puesta en la cercanía de la Semana Santa, Marc García ha urgido al Gobierno central a proceder con celeridad para evitar repercusiones en el sector turístico, especialmente el de la costa, también castigado por la dana y que necesita de esos ingresos que proporcionan los visitantes para salir a flote en estas complicadas circunstancias.