El Consell ahoga a los centros de menores con una deuda de 21 millones

Los centros de menores siguen en el punto de mira. Después de una legislatura compleja, donde el Síndic de Greuges recriminó al Consell su política en esta materia en varias ocasiones, los problemas se siguen acumulando. Patronal y sindicatos denuncian que la deuda de la administración con el sector a 30 de agosto asciende ya a los 21,3 millones y está asfixiando a estas entidades. De hecho, hay firmas que no han recibido ningún pago por gastos de 2023.

Esteban Burillo, presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (Apime), ha señalado que han pedido a la consellera una reunión para trasladarle su situación.

La deuda es el gran problema. Así lo ha definido Burillo que ha señalado que es su gran motivo de preocupación en estos momentos. En este sentido, ha añadido que, por otro lado, el sector está trabajando con precios de 2018 por lo que ha pedido una actualización de los módulos para ajustarlos al encarecimiento de la vida.

Daniel Bueno, presidente de la Federación del Tercer Sector en el ámbito de infancia, ha señalado que hay dos grandes problemas. Por un lado, los centros en resarcimiento o enriquecimiento injusto (es decir, aquellos que se les ha terminado el contrato y este se ha prorrogado hasta que se pueda formalizar uno nuevo). De esta forma, se da el caso de que hay algunas entidades que llevan casi cinco años en esta situación. La deuda, como se ha apuntado más arriba, asciende en este caso a 21,3 millones.

En esta línea, Bueno ha indicado que cuando el Síndic de Greuges recriminó a Igualdad esta situación se produjo un gran avance. «Bajaron la deuda de 17 a doce millones. Pero ahora se ha vuelto a incrementar», ha explicado el presidente de la Fundación del Tercer Sector.

Por otro lado, se encuentra el problema de las entidades que están trabajando con precios de 2018. A este tema se ha referido también Vicente Burgos, responsable de servicios sociales en el ámbito del menor de gestión privada UGT Serveis Públics, que ha destacado que con el anterior Gobierno del Botánico llegaron a un acuerdo para modificar los baremos de los precios. Todo estaba listo salvo la publicación del texto que no se pudo formalizar porque el Consell ya estaba en funciones. Y han pasado los meses y ahí sigue sin cambios. «Y eso que tiene consignación presupuestaria», ha lamentado Burillo que recalca que «pasan los meses y no se arregla».

En esta línea, el presidente de Apime ha demandado un plan de pagos urgentes que tampoco se ha concretado. Ha añadido que esta deuda está asfixiando a los centros, especialmente a los de menor tamaño que no pueden hacer frente al endeudamiento, una posibilidad que tienen más a mano las grandes firmas por el volumen de dinero que manejan.

Daniel Bueno se ha pronunciado en este sentido y ha señalado que, por su parte, también han solicitado un plan de pagos a la administración a la mayor brevedad posible. «La situación es acuciante», ha señalado. «Debemos salir de 2023 con una solución», ha puntualizado y ha añadido que «no se puede trabajar con precios de 2018 porque se pierde dinero. Y eso que todos somos entidades sin ánimo de lucro».

De esta cantidad, según ha explicado Burillo, la mayor parte se destina principalmente al pago de los salarios y el resto a gastos de funcionamiento del centro. «Al final los más perjudicados son los trabajadores», ha puntualizado Burillo. Y en última instancia se resiente la calidad del servicio que se presta porque este se basa «en que se cobre».

Lamentándolo mucho, Burillo ha señalado que pasan los meses y la situación sigue igual. Otro problema añadido al que se ha referido el presidente de Apime es que están a la espera de que la administración haga los nuevos contratos con las entidades en enriquecimiento injusto. «Ya salieron pero en su momento se hicieron mal y en primavera nos dijeron que todavía tardarían trece meses en redactarse», ha puntualizado.

«El anterior Gobierno dio pasos no compartidos al 100% pero tenían una hoja de ruta. Les advertimos de que se necesitaba un cambio de ritmo para solucionar todas estas situaciones», ha puntualizado Bueno.

Por su lado, Vicente Burgos ha señalado que el principal problema es la financiación ya que «corresponde a la Generalitat Valenciana». En este sentido, ha lamentado que no se haya llegado a formalizar el acuerdo para actualizar los módulos acordado con la anterior administración. «Los centros van asfixiados», ha puntualizado. También han pedido una reunión con la administración para que se cumpla este plan.

El sindicalista ha señalado, en esta línea, que los impagos pueden «afectar a la calidad del servicio». También se ha referido a la desigualdad de los salarios entre los trabajadores del sector público y de las entidades privadas concertadas. «Como el sueldo es mayor en la pública, cuando pueden se intentan pasar y hay problemas para cubrir puestos de trabajo en las entidades concertadas», aclara.

Por su lado, Javier García, responsable d'Educació Privada i sectors socioeducatius de CCOO, ha pedido al Consell que aplique el acuerdo que se llegó para ir paulatinamente (en un plazo de tres años) adecuando los sueldos de los centros privados a los que ofrecen los públicos. «No sabemos cuando se va a incluir en los presupuestos», ha señalado García.

Además, ha apremiado a la administración que se agilice para actualizar los contratos y licitaciones que están por renovar. «El problema es que están trabajando con condiciones económicas de hace cinco años y ahora los gastos aumentan», ha puntualizado. En este sentido, ha destacado que hay trabajadores que llevan meses sin cobrar. «Es difícil para estas entidades comprar la comida o pagar los salarios», ha señalado García.

El responsable de CCOO se ha referido a los antiguos centros de reforma (ahora socioeducativos) que tenían que revertirse al sector público. «Se privatizaron y ahora tienen que volver a ser públicos y el proceso se está retrasando», ha señalado y ha indicado que son siete entidades las que están a la espera. «No sabemos qué va a pasar. La línea del anterior Consell era buena, pero no el ritmo», ha añadido.

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