El Consell aprueba el decreto que encarecerá en 540 euros las plazas en residencias

Detrás de la medida está Compromís, casi y exclusivamente. Porque en el PSPV no acababan de ver con buenos ojos todas las aristas de la norma y no eran partidarios de su aprobación con la oposición frontal de buena parte del sector afectado, pero los socialistas en evitado un conflicto que podría haber debilitado aún más el Gobierno del Botánico. Tampoco ayuda a que muy posiblemente ahuyentará a las empresas que quieran construir nuevas residencias en la Comunitat, una región que sufre un importante déficit de plazas para atender a los mayores. Ciudadados y PP también han reclamado, sin éxito, su paralización. Finalmente, y pese a las continuas quejas y advertencias, los nacionalistas se han salido con la suya.

Desde el Consell señalan que se trata «de uno de los decretos que desarrolla los principios de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat y consolida un nuevo modelo con una organización y gestión que parte de considerar como derecho subjetivo unas prestaciones de calidad al servicio de la ciudadanía».

Los primeros en dar la voz de alarma de la incidencia que empezaba a tener el cambio de modelo impulsado por Igualdad, que se ha concretado con el decreto aprobado este viernes, fueron los responsables de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) cuando denunciaron el pasado mes de septiembre que el departamento liderado por Aitana Mas, a través del decreto 102/2022 aprobado en agosto, había reducido a una tercera parte (de 2.350 a 715 euros, como máximo) las ayudas económicas a personas con problemas de salud mental que aspiran a contar con una plaza en una vivienda tutelada y supervisada, lo que suponía que frente a cubrir el coste total del servicio, únicamente se financiaría una parte, lo que «impedirá a una gran mayoría de ellos ser atendidos por falta de recursos económicos», advirtieron, incrementos que rondarían los 1.600 euros mensuales.

 En ese momento, desde Igualdad replicaron que se había producido «una reestructuración del sistema, que filtra mejor el dinero hacia la persona usuaria». A grandes rasgos, la idea es repartir esas ayudas para que ciertos servicios que reciben en las viviendas tuteladas puedan solicitarse en centros ajenos a esos pisos, en función de las características concretas de cada usuario, lo que a la postre hace inviable el mantenimiento de estas viviendas, como recogió LAS PROVINCIAS en un artículo en el que el responsable de estas dos viviendas se veía abocado a cerrarlas al no poder mantenerlas.

Otro importante sector afectado, ya directamente por el decreto aprobado este viernes, es el de las residencias de mayores y dependientes. Según cálculos de Aerte, unos 8.400 pacientes, aproximadamente, en este momento no reciben ningún tipo de aportación y no están contabilizados por Igualdad en las previsiones económicas del nuevo decreto del Consell.

En las residencias de mayores, actualmente, hay más de 26.900 personas ingresadas, pero el cálculo que hace Igualdad es sobre una base de 18.559 plazas, por lo que alrededor de 8.400 pacientes se quedan fuera del nuevo modelo de Igualdad, bien porque en este momento no reciben ningún tipo de ayuda pública, porque no ha sido aprobada todavía por la Generalitat, porque no tienen el grado de dependencia respecto al servicio que reciben o, simplemente, porque no han solicitado la ayuda por distintas cuestiones. En total, serán más de 14.000 las personas afectadas por estos sobrecostes (las 8.400 que no reciben prestación más las 5.891 que reciben ayudas para financiar parte de la plaza en una residencia privada).

En estos momentos, una plaza de residencia cuesta entre 2.000 y 2.500 euros de media al mes en función de la ubicación de la residencia y de los servicios que presta a los pacientes. El cálculo de Aerte es que el decreto encarecerá las plazas en residencias en 826 euros, de los que 573 serán sólo en personal, mientras que el incremento de la ayuda prevista es de 286 euros, por lo que la diferencia, que deberán asumir los usuarios, ronda los 540 euros.

En el caso de los centros terapéuticos para enfermos de Alzheimer, como también recogió este diario, el incremento de los precios rondarían los 550 euros.

La situación llevó a Aerte a presentar un queja ante el Síndic de Greuges, que admitió a trámite y que otorgó un mes de plazo a la conselleria para justificar su decisión, sin que hasta el momento haya resolución del expediente.

Incluso los propios órganos consultivos del Consell han mostrado sus reticencias a la normativa. El Comité Económic i Social señaló en un informe que la Generalitat debía garantizar el presupuesto necesario para que el incremento de los costes que conlleva el cambio de modelo no provocara que parte de los usuarios se quedaran fuera del servicio. Lamentaba no haber tenido tiempo de analizar adecuadamente las casi 1.000 páginas del expediente, pero advertía de que no consta que se hayan realizado los análisis y diagnósticos imprescindibles para un conocimiento del sector.

En esta línea se mostraba también el Consell Jurídic Consultiu. Este órgano emitió un dictamen en el que «estima la necesidad de que la norma fuera acompañada de los informes o memorias que efectuasen un análisis de la situación actual del sector prestador de servicios sociales, y la incidencia económica que para dicho sector y los usuarios supone la norma propuesta. Esta observación es esencial a los efectos del artículo 77.3 del reglamento de este Consell».

Frente a todo ello, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha asegurado este viernes que desde el Consell "garantizamos que los usuarios estén atendidos en mejores condiciones, que no haya copagos a quienes reciben la Prestación Vinculada al Servicio" (esa ayuda para financiar parte de las residencias privadas) y ha subrayado que se dobla el personal que trabaja en atención directa. Mas, que ha lanzado un mensaje de "esperanza" y tranquilidad a usuarios y familiares, ha subrayado que el decreto mejora otros puntos destacados por el Síndic.

Aunque la vicepresidenta no ha concretado en cuánto se encarecerán las plazas privadas (como sí lo ha hecho Aerte, en 540 euros), ha insistido en que no habrá copago ni en las públicas ni en las concertadas. En cuanto a las primeras, ha recalcado: "Si la empresa decide no tocar su beneficio y aumentar el precio de la plaza al usuario, eso será otra cosa; será decisión de ellas pero no de este Consell, que garantizará siempre que se puedan cubrir los gastos generados por la mejora de vida de todas estas personas en los centros". Desde Aerte, al respecto, aseguran que muchas entidades, como las fundaciones sin ánimo de lucro, serán incapaces de asumir esos sobrecostes.

La consellera ha admitido que, si se mejoran las condiciones, se incrementan los precios de los servicios aunque esto "nunca" repercutirá sobre los usuarios en las plazas públicas y concertadas, en las que la Generalitat asumirá el incremento del coste, aunque no ha mencionado que la cantidad de plazas es insuficiente para asumir toda la demanda, de ahí las largas listas de espera y de que los usuarios tengan que recurrir a centros privados.

Preguntada por las críticas de la patronal sobre el aumento del precio por plaza, la consellera ha defendido que ni en infancia ni en diversidad funcional se han registrado problemas, mientras que en personas mayores las plazas que corresponden a la entidad son un 47%, y sobre las observaciones generales del Consell Jurídic Consultiu acerca de que se la necesidad de concreción económica, Mas ha defendido que la memoria, que establece un importe de 137 millones de euros de aquí a 2027, sólo puede hacer referencia a la parte pública pero no sobre las empresas privadas, que tienen sus propios datos.

"Regulamos y ordenamos un sistema desestructurado", ha recalcado, para subrayar que llevan dos años trabajando para sacar adelante un decreto que fija las ratios establecidas por el Ministerio, para lo que había de plazo hasta marzo y que condiciona que el Consell pueda recibir fondos de la dependencia, además de cumplir el acuerdo del Gobierno con todas las autonomías.

Mas se ha avanzado a un posible recurso que pueda interponer Aerte al decreto y ha recordado que la patronal ya ha presentado once, por diferentes medidas del Consell, de los que ya se han solventado cuatro a favor de la conselleria: por la dependencia, la acción concertada y dos relativos a la intervención en residencias en la pandemia de covid.

La consellera se ha preguntado por qué el debate sobre el coste se genera siempre en servicios sociales y no cuando se trata de hospitales o colegios privados. En todo caso, ha dicho que le gustaría que el sector privado cumpliera las garantías establecidas en el decreto sin incrementar los precios. No obstante, ha apuntado que hay que ser "conscientes de que pueden adoptar sus decisiones y privatizar las ganancias".

"Hemos marcado las mejoras del sistema y, a partir de ahí, el libre mercado deberá decidir; tienen hasta 2027 para adaptar todas estas medidas", ha zanjado.