El Consell autoriza la quema de 30.000 toneladas anuales de residuos peligrosos en Buñol

El Consell ha autorizado la quema de 153.000 toneladas de residuos anuales, 30.000 de ellos peligrosos, en la cementera de Buñol. Así se recoge en la autorización ambiental integrada firmada por el director general de Calidad y Educación Ambiental el pasado 16 de octubre.

Esta actuación contrasta con los reiterados pronunciamientos en contra de la incineración de residuos que ha realizado el Botànic. De hecho, en el Plan Integral de Residuos aprobado en 2019 se prohíbe este tipo de prácticas en la Comunitat.

El documento señala que en la incineradora se podrán quemar hasta 56 tipos de residuos no peligrosos y dos de residuos peligrosos. También se concede a la planta la posibilidad de instalar una trituradora del rechazo de los residuos municipales para preparar su propio combustible, ha denunciado Ecologistas en Acción en una rueda de prensa. La sustitución energética podrá alcanzar el 90%, con un máximo del 40% provenientes de residuos peligrosos.

Las 30.000 toneladas de residuos peligrosos tienen su origen en su totalidad en otras comunidades autónomas, que se trasladan a Buñol, porque o bien su incineración está prohibida (caso de Catalunya) o bien porque se quiere eludir el pago de tasas o cánones a la incineración. Según Ecologistas en Acción, la Comunitat y la comarca de la Hoya de Buñol es utilizado como «zona de sacrificio» para eliminar esos residuos con el beneplácito del Gobierno del Botànic.

La resolución finalmente aprobada por la Conselleria de Transición Ecológica difiere en poco de la que se sometió al trámite de audiencia a los interesados en mayo de 2021, aunque las exigencias ambientales disminuyen. Hay que recordar, según la organización ecologista, que ese expediente, que inicialmente abarcaba a los hornos de cemento gris y blanco, pero que tras el desmantelamiento del horno de cemento gris se reduce al restante, tiene su origen en una solicitud de Cemex de mayo de 2011. Han sido gestionados tres trámites de audiencia a los interesados, en agosto de 2014 (con el Gobierno del PP), en junio de 2016 y mayo de 2021 (con Gobiernos del Botànic), y dos procesos de información pública, en los que se han presentado centenares de alegaciones de vecinos, Ayuntamientos y grupos ecologistas contra ese proyecto, que en su mayor parte han sido desestimadas.

«La cementera se ha salido con la suya al obtener esta AAI, que era un requisito básico para que se pudiera completar la venta de los activos en Buñol a la empresa turca, que ejercerá un auténtico monopolio en la producción de cemento blanco en la región mediterránea«, añadieron.

Para Ecologistas en Acción, «es vergonzoso que el Gobierno del Botànic que dice defender a las personas y en su programa establece su oposición a la incineración como operación de eliminación de los residuos, se haya prestado a este juego«.

Ecologistas en Acción del País Valenciano ha anunciado que presentará un recurso de alzada a la Secretaría Autonómica de Transición Ecológica frente esa resolución de 16 de octubre de 2021.

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