El Consell cierra el año con uno de cada cuatro dependientes sin recibir ayudas

«Queda mucho por hacer», reconocía a finales de año la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, en relación al ámbito de la dependencia en la Comunitat. Y no se equivocaba: la región cerró el pasado ejercicio con uno de cada cuatro dependientes (o solicitantes de ayuda) sin percibir ninguna de las prestaciones previstas en la normativa. Es decir, la Comunitat cuenta, en la actualidad, con cerca de 75.000 beneficiarios de alguna de las ayudas que prevé la Ley de Dependencia, pero otros 22.000 solicitantes (bien con el grado de dependencia reconocido o pendientes de la valoración) se encuentran en lista de espera. Además, en otros 2.000 casos, la conselleria todavía no ha finalizado la resolución porque se trata de expedientes pendientes de subsanar, es decir, falta alguna documentación para completar el proceso.

De esta forma, a lo largo del pasado ejercicio, Igualdad ha conseguido incrementar el número de beneficiarios en algo más de 13.000, prácticamente duplicando el ritmo de 2017, pero se le está resistiendo cumplir con uno de los compromisos (transformados en objetivos) anunciados al comienzo de la legislatura, que no era otro que acabar con las listas de espera, con unas cifras que se mantienen en la línea de las registradas el pasado mes de abril.

Precisamente, las demoras a la hora de resolver los expedientes es una de las principales preocupaciones de las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia. Fuentes del colectivo apuntan que el tiempo medio de espera en la tramitación sigue estando entre 14 y 18 meses y que, aunque se ha acortado en relación con los casi tres años de épocas anteriores, sigue estando muy lejos de los seis meses de plazo máximo que marca la ley. El aluvión de nuevas solicitudes -casi 25.000 en 2018- tiene buena parte de culpa de que la lista de espera apenas se haya reducido en los últimos nueve meses, pero también el cambio de modelo (ahora la tramitación recae en los servicios sociales municipales), al que le ha costado arrancar.

Otra de las cuestiones que no acaba de convencer del todo al colectivo es el tipo de ayudas que se aprueban. En la Comunitat, más de la mitad de los beneficiarios disfrutan de ayudas económicas mensuales para financiar, en parte, los cuidados no profesionales que les dispensan familiares o allegados, la prestación más económica para la Generalitat -junto con Navarra, la Comunitat es la región española que más apuesta por esta fórmula-. Las plazas en residencias, centros ocupaciones o de día son «insuficientes», según el colectivo, mientras que las ayudas para la autonomía personal prácticamente son inexistentes (apenas una decena). También preocupa a las plataformas «el gran número de solicitudes de revisión por agravamiento que hace años que están esperando una nueva valoración».