El Consell se enfrenta a Sánchez y tilda de ilegal el texto que reduce el trasvase Tajo-Segura

El Consell ha apretado el acelerador horas antes de que comience una masiva concentración de regantes en Madrid en defensa del Tajo-Segura. El Gobierno valenciano ha elevado al Consejo de Estado sus alegaciones sobre el Plan Hidrológico del Tajo y reclama a la institución que preside Magdalena Valerio que emita su informe desfavorable antes de que llegue al Consejo de Ministros.

La posición del Consell se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat en el que acreditan «defectos acaecidos en la tramitación del proyecto» que podrían hacer que todo el proceso fuera nulo de pleno derecho. El texto considera que no se ajusta a la legalidad el hecho de cambiar sin previo aviso un texto que fue sometido a votación y aprobado en el Consejo Nacional del Agua.

Y es que el documento del Plan Hidrológico del Tajo que ha llegado al Consejo de Estado no es el que aprobó el Consejo Nacional del Agua el pasado mes de noviembre. En él se incluía una disposición adicional, la novena, en la que establecía la obligación de hacer una evaluación del estado ambiental del río Tajo antes de incrementar los caudales a partir de 2026. Este aumento de caudales es la clave porque cuanto más elevado sea, mayor recorte se producirá en el trasvase.

Con el texto que quiere aprobar el Consejo de Ministros, y es la posición que defiende Castilla-La Mancha, se impone un incremento de caudales de forma fija y sin tener en cuenta el estado del río por la que se puede reducir el trasvase en unos 105 hectómetros cúbicos anuales, la mitad del volumen actual y que un estudio de la Universidad de Alicante señala que supondrá perder 27.314 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería, 15.323 empleos en estas tres provincias y hasta 5.600 millones en pérdidas de valor patrimonial.

La causa de nulidad del documento que alega la Abogacía de la Generalitat se basa en que el Ministerio para la Transición Ecológica ha alterado el texto que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua sin comunicar la modificación ni al Consell ni al Consejo del Agua por lo que la Generalitat entiende que «no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación» y que, por tanto, podría haberse producido «una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo».

Según la Abogacía, «se ha tomado una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma» y que durante el proceso «se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia», principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas«.

Por todo ello, reclama que se introduzca de nuevo el texto original de la disposición adicional novena que resulta fundamental para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. En este sentido, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abogó este martes por una nueva reunión del Consejo Nacional del Agua si no se aceptan las alegaciones presentadas por el Consell. «Si se produjo un acuerdo en el Consejo Nacional del Agua, se tiene que respetar o, en todo caso, volver a convocarlo y tomar otra decisión», puntualizó.

El informe de la Abogacía de la Generalitat llama también la atención sobre la «falta de criterio y rigor técnico» de la decisión tomada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Por otro lado, también advierte de que la nueva redacción «cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona».

Por su parte, desde el PP su portavoz en temas hídricos, Miguel Barrachina, pidió este martes la reprobar a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ante Les Corts por haber recortado en 22 ocasiones el agua para la provincia de Alicante.

Por su lado, Teresa Ribera contestó al Gobierno valenciano que el Plan Hidrológico del Tajo no se cambió de forma unilateral y responde «esencialmente» al consenso del Consejo Nacional del Agua.

La también vicepresidenta señaló que la Generalitat ya a anunció que iba a «remitir comentarios» al Consejo de Estado, como lo han hecho Castilla-La Mancha, Murcia y organizaciones ecologistas y académica, lo que le hace pensar que el Consejo de Estado se va a encontrar con comentarios muchas veces contradictorios y no necesariamente jurídicos o de procedimiento«. Entre ellos »habrá muchos que tienen más que ver con el componente emocional«, indicó que para precisar que en este contexto la responsabilidad del Gobierno »es atender al interés de todos«.

Los regantes del trasvase Tajo-Segura se concentrarán hoy 11 de enero de nuevo en Madrid en defensa de la transferencia. Es la segunda convocatoria ante el Ministerio para la Transición Ecológica en menos de un año.

La concentración se prevé muy numerosa aunque la Delegación del Gobierno en Madrid sólo autoriza el uso de medio centenar de camiones y tractores.

La Generalitat Valenciana estará representada por la consellera de Emergencia Climática, Isaura Navarro, que irá acompañada por los secretarios autonómicos de su Conselleria, Roger Llanes y Francisco Candela.

Además de representantes del Consell, los grupos de la oposición estarán presentes en la manifestación por el trasvase del Tajo-Segura. Tanto PP, Ciudadanos como Vox han anunciado su participación.

La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) se ha sumado a la concentración. La organización Jóvenes agricultores ASAJA Alicante asistirá también a la concentración en representación de los regantes y la sociedad alicantina, para mostrar su más absoluto rechazo a los planes hídricos que está ejecutando el Gobierno de Pedro Sánchez.

Regantes de Almería se sumarán también hoy miércoles a la protesta por la «sentencia de muerte» al trasvase Tajo-Segura. La manifestación ha sido convocada por los círculos del agua Alicante, Murcia y Almería en contra del recorte que plantea el Gobierno.

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