El plan antirriadas sólo consideraba de alto riesgo a 29 municipios inundados

El Patricova, el Plan Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana, especifica cuáles son los municipios de la Comunitat con más riesgo de sufrir alguna avenida. En este documento se señalaba que quince localidades afectadas por la DANA de la pasada semana tenían un escaso peligro de sufrir los efectos de este tipo de desastre natural y sólo 29 eran considerados como de alto riesgo.

Entre las localidades calificadas como de escaso riesgo en la revisión de octubre de 2020 se encuentran, entre otras, Chiva que ha sido una de las poblaciones más afectadas por las inundaciones. Allí se recogieron más de 490 litros por metro cuadrado y sufrió la avenida del barranco que ha provocado que varias viviendas estén al borde del colapso.

Otras localidades calificadas como de bajo riego y que han sido afectadas por estas inundaciones son Alfarp, Buñol, Chera, Cheste, Corbera, Favara, Fuenterrobles, Godelleta, Llaurí, Macastre, Montserrat, Sinarcas, Turís y Yátova.

En Turís el término municipal ha sufrido una gran cantidad de desperfectos en infraestructuras e instalaciones públicas. También en Buñol los daños han sido considerables. Así se ha cerrado el Puente de la República para estudiar si hay posibles problemas estructurales.

Entre los de alto riesgo alto de inundación se encuentran poblaciones como Paiporta o Massanassa, ambos se encuentran en el epicentro de la tragedia. Otras localidades han sido Alaquàs, L'Alcúdia, Aldaia o Alfafar.

De los municipios inundados otros 25 eran considerados de riesgo medio. Entre ellos se encontraban localidades como Alcàsser, Almussafes, Benifaió, Bugarra, Catadau o Llombai.

Por otra parte, cerca de un centenar de municipios de la Comunitat no tienen en vigor el preceptivo plan de actuación municipal frente a inundaciones. Un total de 227 municipios valencianos tienen la obligación de redactar este programa. Este documento lo tienen que redactar los municipios que se encuentran en una situación de riesgo de sufrir inundaciones. Las localidades que están obligados a confeccionarlo son las que tienen un riesgo medio y alto de sufrir uno de estos embates.

En 2013 el anterior ejecutivo del Partido Popular presentó la revisión de este documento con la mitad de las obras previstas en 2003 todavía sin ejecutar. El problema es que cerca de 300 localidades de las 541 que existen en la Comunitat cuenta con alguna zona de su término municipal con riesgo de sufrir inundaciones más o menos graves.

Pese a este riesgo palpable de que se produzcan estas catástrofes naturales, las administraciones no se han aplicado en la tarea de realizar las infraestructuras necesarias. Una de ellas, a cargo del Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, es la conexión de la Rambla del Poyo con el nuevo cauce del Turia, una infraestructura prevista hace quince años y con un presupuesto aproximado de 300 millones de euros. No se ha llegado a ejecutar pese a que llegó a estar a punto de ser licitada.

El informe que presentó la Cámara de Contratistas en 2018 señala que se encuentran todavía por ejecutar, a cargo del Gobierno central, los planes de riesgo de inundación del Bajo Turia y área metropolitana de Valencia, del Bajo Turia y Ribera del Júcar y el correspondiente de la comarca de la Safor.

Por otro lado, el Estado no ha ejecutado el plan director de defensa contra las avenidas en las comarcas de la Marina Alta y Baja mientras que las obras para inundaciones pendientes contra el riesgo de riadas en la provincia de Castellón superan los 61 millones.

De esta forma, el Gobierno central, según el informe, tiene pendiente actuaciones en todo el territorio valenciano por valor de 496 millones de euros. Entre ellas se encuentra la construcción de tres embalses: el de Montesa, con un coste de 30 millones; la presa de Sellent, con un presupuesto similar y el tantas veces demandado embalse de Vilamarxant, que completaría la protección del área de Valencia contra futuras avenidas y que también supone el gastos de unos 30 millones.

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