El Consell critica que el Gobierno impone las reglas de explotación del Tajo-Segura

Pero la realidad, según expresan fuentes del Consell, ha sido otra muy distinta. «Creíamos que la convocatoria del Gobierno sería para abrir un foro de debate y un grupo de trabajo, pero se ha limitado a un encuentro simbólico», han expresado las mismas fuentes. En definitiva, el Ejecutivo redactará las reglas de explotación y las impondrá a las comunidades afectadas. No parece que vaya a haber negociación tras la reunión de la mañana del jueves.

La directora general del Agua de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Sabina Galindo, ha participado en este encuentro junto a representantes del Gobierno central, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. También se ha lamentado la falta de transparencia, una cuestión que se considera vital que tampoco ha sido tenida en cuenta debido a que no habrá un intercambio continuo de datos entre las partes. Las dos autonomías han demandado que se reconsidere el planteamiento para atender mejor las necesidades, una propuesta que también ha sido refrendada por Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Según señalan, el encuentro se ha reducido a una reunión informativa por lo que desde la Conselleria de Medio Ambiente han expresado «nuestra decepción tras la reunión para la revisión de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura».

Estas reglas marcarán las características que tendrá la transferencia en los próximos años. Establecen cuándo se puede trasvasar y las cantidades que se pueden remitir. Por ello, se trata de un documento importante para determinar la continuidad de esta transferencia.

Hay que tener en cuenta que estas reglas se establecen en el marco de un recorte del trasvase impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica de unos cien hectómetros cúbicos anuales. La reducción de la cantidad a trasvasar supondrá una disminución en la actividad económica de 238 millones de euros (el 0,6% del PIB de la cuenca del Segura). Además, implicará un incremento de los costes de abastecimiento urbano de 16 millones de los que 13,5 corresponden a la demarcación del Segura y 2,5 al resto de demandas. En la misma línea, se calcula una pérdida patrimonial derivada de la modificación de riego a secano estimada en 485 millones.

El recorte se ha establecido a partir del Plan del Tajo que establece un caudal ecológico mínimo que implica la reducción de la transferencia. De esta forma, el caudal del Tajo entre el embalse de Bolarque y Aranjuez deberá tener un mínimo de circulación de agua fijado en 7 metros cúbicos por segundo. Esta cifra se mantendrá durante los próximo tres años, hasta 2026, cuando subirá hasta los 8 metros cúbicos por segundo. No será hasta 2027 cuando el caudal ecológico del Tajo ascienda a 8,65 metros cúbicos y entonces la reducción del trasvase podrá superar los cien hectómetros cúbicos anuales.

Por todo esto, los representantes del Consell que han acudido a la reunión esperaban encontrarse con otro tipo de encuentro. Y es que, según han expresado desde la Conselleria de Medio Ambiente, el Gobierno limita el papel de la Comunitat Valenciana a trasladar en los próximos días sugerencias y aportaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica las podrá tener en cuenta o no de cara a revisar las reglas de explotación de un trasvase que es vital para la provincia de Alicante.

Desde el Consell han pedido al Gobierno que se reconsidere el planteamiento y« se pueda crear un equipo de trabajo donde el debate y las propuestas técnicas sean una realidad. Porque la Comunitat Valenciana, y otras autonomías como Murcia y Andalucía, necesitamos unas normas claras y consensuadas para afrontar la actual sequía».