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La Conselleria de Universidades ha optado por la prudencia a la hora hablar de plazos para que las instituciones públicas conozcan los detalles del futuro plan de financiación plurianual, que debe fijar los criterios para distribuir los fondos que transfiere la Generalitat. O lo que es lo mismo, la principal vía de ingresos que sostiene su actividad. Y es que a los incumplimientos de anteriores previsiones -2019, principios de 2021 y luego el pasado verano- se sumará, salvo sorpresa, el último que se comunicó a los rectorados: el próximo junio.
Esta fecha fue seriamente cuestionada durante la jornada 'La universidad que viene' organizada por LAS PROVINCIAS, que contó con la presencia de rectores y vicerrectores de las cinco universidades públicas. Sobre todo por el escaso margen y por la falta de información, pues los equipos económicos de los centros no participan en los trabajos preliminares.
Fuentes del departamento que dirige Josefina Bueno, preguntadas por si se cumplirá la previsión de junio, optaron por no marcar una fecha, aunque insistieron en que la mejora de la financiación se aplicará el año que viene.
«Se está trabajando sin descanso a nivel técnico porque es una prioridad, y estará listo para que se implemente en los presupuestos de 2023, como siempre hemos dicho, contando con las universidades para recoger todos los datos que se necesitan para hacer las simulaciones», explicaron.
El jueves la nueva consellera se reunió con la rectora Mavi Mestre dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con los agentes universitarios. Entre los temas tratados, lógicamente, no faltó el futuro modelo, aunque tampoco hubo mayor concreción. «Tenemos que seguir trabajando con las universidades para lograr el mejor plan de financiación, dotándolo de estabilidad presupuestaria», dijo Bueno.
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La fecha de entrada en vigor no es casual, pues para el próximo año los centros ya no dispondrán del colchón de los pagos de la deuda histórica, importes que la Generalitat no transfirió entre 2004 y 2008 y que se han ido abonando entre 2015 y 2022, lo que ha servido para paliar precariamente la infrafinanciación.
Para hacerse una idea de la situación, el dinero que anualmente se reparten las cinco universidades, sin contar la citada aportación extraordinaria, es similar al de hace una década. Y en los centros más grandes la consumen sólo en cubrir los gastos de personal. Los sobrevenidos por normativas estatales y autonómicas que no se acompañan de fondos (exenciones de tasas o complementos retributivos especiales) son otro hándicap que va cargando la mochila de las instituciones, que han tenido que renunciar a planes de mantenimiento, nuevas carreras, renovación de laboratorios e infraestructuras obsoletas o mejoras relacionadas con prácticas o programas de enriquecimiento curricular, por citar algunos ejemplos.
En el foro de LAS PROVINCIAS también se aludió a otro factor que añade incertidumbre, como la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario, que obliga a los centros a reducir la temporalidad del profesorado, lo que requiere inversión, o a actualizar su oferta formativa para llegar a más grupos de edad mediante títulos cortos, que también precisan de financiación.
A diferencia de años anteriores se empieza a ver la luz. La mesa de expertos que creó la conselleria ya tiene sus conclusiones, que hablan de una distribución de fondos que además de la parte basal (como el número de alumnos) incluirá variables en función de resultados como tasas de inserción laboral, producción científica o transferencia de conocimiento.
Además, a finales de marzo el departamento formalizó un contrato con el IVIE para realizar un análisis previo que ayudara a fijar los criterios, redactar una propuesta de borrador del plan y después un documento ya definitivo. Según el pliego, este último surgirá «del análisis y aportaciones realizados tanto por la mesa de expertos como por otros agentes implicados (se entiende que las universidades)».
Los plazos formales para estas tareas pueden dar idea de cuándo se conocerán los detalles: seis meses a partir de la formalización para el primer borrador (finales de septiembre) y tres desde la entrega de este hasta la versión final. Se llegaría a finales de diciembre, aunque el IVIE se ha comprometido a reducir los tiempos en un mes. Por entonces los presupuestos de la Generalitat, que se oficializan el último día del año, ya deben estar bien definidos.
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