Cuatro años de retraso

Lo dijo Mavi Mestre ayer: cuando en 2019 dejó la dirección general de Universidades seguía pendiente el nuevo modelo de financiación plurianual, como ahora, se acababa de firmar un preacuerdo sobre el convenio colectivo de las universidades públicas para mejorar las condiciones laborales del profesorado más precarizado, que sigue pendiente de aplicación, y nada se sabía, tres cuartos de lo mismo, del mapa de titulaciones que anunció. Cuatro años después tiene encima de la mesa los mismos problemas acuciantes. No es demérito de su predecesora, que ha tenido que gestionar una pandemia, pero es innegable que se requiere más agilidad. Ahí está la clave del cambio: vuelve una veterana que conoce los problemas y, a diferencia de Pascual, tiene engrasada la relación con los rectores.

Su nombramiento ha sido bien recibido por las universidades. Confían en ese nuevo impulso, pero tengo dudas sobre que se articule una solución definitiva al gran déficit del sistema: la mejora de los fondos públicos. Y me consta que Bueno está convencida de su imperiosa necesidad. Tendrá más capacidad de presión desde una conselleria que desde una dirección general, pero no sé hasta qué punto los presupuestos de la Generalitat pueden aguantar, de manera sostenida en el tiempo, un incremento de al menos 120 millones anuales, que es la cifra que han llegado a barajar las universidades. Y está la limitación endémica que lastra a la Comunitat. Recuerden que Puig, en alguna ocasión, ha vinculado la mejora al cambio de la financiación autonómica, que tardará. Por tanto, siguiendo el razonamiento de Modesto Fabra, quizá sea más factible una salida transitoria para 2023 y continuar negociando la solución definitiva.

Esa es otra. De momento hay unidad de acción en los rectorados, pero habrá que ver qué pasa cuando se conozcan los criterios de reparto, pues los cinco centros quieren que se reconozcan sus singularidades, no todas compartidas. Asperezas que cuanto antes se limen mejor. Dar participación en el diseño a los equipos económicos de las universidades sería una buena solución. Allanaría el camino para una compleja negociación.

De la jornada también se desprende una idea fundamental. No se pide más dinero por capricho, sino porque invertir en educación superior es rentable. Los casi tres euros de retorno que genera el sistema universitario a la sociedad valenciana se deben a que ciudadanos mejor capacitados, dicho a lo bruto, suponen mejores retribuciones y más aportación a Hacienda vía impuestos. Por no hablar del beneficio de que un trabajo de investigación se convierta en transferencia de conocimiento (recuerden las vacunas contra el Covid), de que un grupo de jóvenes monte una empresa basada en una idea innovadora o de que una persona con valores y pensamiento crítico sea más difícil de engañar. Las universidades podrían gestionar mejor, seguro que sí. Pero la idea de que son torres de marfil desconectadas de la sociedad no se sostiene.

La jornada tuvo una característica muy llamativa: reunió a todo el sistema valenciano, público y privado. Algo nada habitual. Y los asistentes tomaron nota del mensaje de la consellera, de que trabajará codo con codo, con todos los actores. Hizo bien en manifestarlo. Porque las privadas recuerdan que siendo ella la directora general se aprobaron las exclusiones de sus alumnos de las becas autonómicas y de las prácticas a sanitarias. Más allá del daño causado, reparado por los tribunales, generaron una enorme desconfianza hacia la administración que no se puede repetir. En ello confían. En que la conselleria sea de todos, reconozca la pluralidad del sistema y facilite las cosas.

Buena suerte consellera Bueno. La universidad valenciana no puede permitirse cuatro años más de espera.