El Consell, obligado a bajar casi cien euros el coste de las carreras el curso que viene

En 2012 el Gobierno del PP, debido a la crisis económica, permitió a las autonomías aplicar un acusado incremento de las tasas que abonaban los alumnos por sus grados universitarios. El instrumento fue el real decreto conocido por el nombre del ministro del ramo. La lógica aplicada era que si los beneficiarios de los estudios pagaban más menos tendría que aportar la Generalitat para la sostenibilidad del sistema público. En la Comunitat la subida fue de alrededor del 30%.

El acuerdo de 2020 estableció como base que para el curso 2022-2023, el próximo, los precios públicos debían haber vuelto a los niveles de 2011-2012, antes del incremento citado. Se podía hacer de golpe, de un ejercicio a otro, o de manera progresiva, que fue la vía elegida por la Conselleria de Universidades. Eso sí, las reducciones aprobadas durante los dos últimos cursos han sido discretas, lo que obligará a un importante esfuerzo de cara al nuevo ejercicio para cumplir el acuerdo. Y es que se aplica la misma lógica. Si el estudiante paga menos, más dinero público se tendrá que destinar a las universidades.

Exactamente la Generalitat está obligada a recuperar el precio medio del crédito, que es la unidad en la que se estructuran las asignaturas, y que se situó en el 2011-2012 en 15,14 euros. Para calcularlo hay que tener en cuenta que las carreras tienen un coste diferente en función de su nivel de experimentalidad (cinco en la Comunitat, con sus respectivos precios). Las más económicas (grupo 1) están relacionadas con las Humanidades y las Ciencias Sociales y Jurídicas y las más caras (grupo 5) con las Ciencias de la Salud. 

El promedio del ejercicio actual se sitúa en 16,45 euros. Y teniendo en cuenta que un curso universitario se compone de 60 créditos por regla general el precio medio del mismo se eleva a 987 euros. Como el acuerdo obliga a volver a los niveles del 2011-2012 a partir del próximo septiembre, el coste se situará en 908,4 (15,14 multiplicado por 60). De ahí los 78,6 euros de ahorro previsto.

La conselleria puede llegar a la media que exige el acuerdo volviendo a los costes de cada nivel de experimentalidad vigentes antes del decreto Wert o variándolos. Por ejemplo, podría optar por bajar mucho más las matrículas en Ciencias de la Salud y hacerlo menos en las Humanidades o las ingenierías siempre que el resultado final cumpliera con lo pactado con el ministerio (15,14 euros de media). Habrá que ver qué camino se sigue teniendo en cuenta que son varias las facultades que han reclamado una revisión de los niveles en los que se encuadran sus carreras con el argumento de que la financiación que se estima para sus grados (su experimentalidad) se ha quedado obsoleta.

Si la vía elegida es recuperar tal cual los precios vigentes en 2011-2012 en los cinco tipos de experimentalidad se puede hacer una aproximación de lo que costará cada carrera el curso que viene.

En el grupo 1, donde se sitúan grados como Derecho o Historia, cada crédito costará 12,11 euros, por lo que un curso implicará un desembolso de 726,6 frente a los 789,6 actuales. Es decir, 63 menos.

En el nivel 2 (grados como ADE, Maestro de Infantil o de Primaria) la tasa se situaría en 13,07, lo que se traduce en 784,2 euros por curso en lugar de los 852,6 de hoy en día (68,4 menos). En el 3 (Psicología o Matemáticas) se pasaría de 935,4 a 859,8 (-75,6 euros); en el 4 (Arquitectura o cualquier ingeniería) de 1.156,2 a 1.062,6 (-93,6); y en el 5 (Medicina o Enfermería) de 1.200 a 1.108,8 (-91,2 euros).

La conselleria ya ha dado pasos en los años anteriores, aunque insuficientes para cumplir el acuerdo. Para el curso 2020-2021 se redujo ligeramente el coste de los grados con mayor experimentalidad (grupos 4 y 5), situándose el precio medio del crédito en 16,9 euros (-2,5% respecto al ejercicio anterior).

En el actual se ha hecho lo propio con los tres primeros niveles, los más asequibles, situándose la media en 16,45 euros (-2,4%). El siguiente paso será más exigente, pues llegar a los 15,14 que requiere el pacto implicará una reducción del 10,4%. Conseguirlo implicará un esfuerzo presupuestario adicional para compensar a las universidades públicas por el dinero que dejarán de ingresar vía tasas.