El Consell pincha en la despoblación

La Valencia vaciada agoniza. El vídeo de presentación de la Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT), dependiente de la Generalitat, indicaba el año pasado que 143 municipios valencianos estaban perdiendo habitantes. En 2020 el Consell hablaba de 155. Según un reciente y amplio estudio del Comité Económico y Social de la Comunitat, presentado este mes y titulado Informe Sobre el Medio Rural, son 171 los pueblos de la región amenazados por la despoblación.

Las medidas desarrolladas por el gobierno del Botánico en cinco años, como las fallidas subvenciones de cajeros automáticos, no parecen estar frenando un problema que, como reconoce el estudio de la propia Generalitat, «persiste más allá del flujo de población a zonas urbanas», con una estructura de población «envejecida y masculinizada», entre un largo listado de problemas y carencias.

El Consell no ha encontrado aún la fórmula adecuada para evitar que los pueblos del interior se vacíen. Según el INE, en 2015 eran 21 los municipios de menos de 100 habitantes en la región y el año pasado, 24. En la siguiente franja, la de los pueblos de entre 100 y 500 habitantes, también se aprecia incremento. Pasan de 121 a 124.

Entre 2018 y 2019 la Generalitat presentó proyectos para intentar plantar cara al problema y creó AVANT, dotada de una dirección general. Pero otras iniciativas están aún pendientes de desarrollar o hay dinero previsto que aún no ha llegado a los consistorios. Uno de los anuncios más altisonantes del presidente Ximo Puig fue el de destinar 240 millones hasta 2023 para pueblos con riesgo de despoblación o apuros económicos.

Eso se tradujo en decreto ley en marzo de 2019 y este diario consultó a Presidencia sobre la cantidad que habían recibido los ayuntamientos hasta la fecha. La respuesta la aportó Antoni Such, director general de Administración Local: «Hay aprobada una partida de 1,8 millones ampliable a 20 pero de momento lo tenemos paralizado». El argumento son «las urgencias económicas tras el temporal Gloria y la pandemia».

Cajeros para pueblos sin bancos. Otro proyecto estrella contra la despoblación anunciado por el presidente que ha pinchado. Se trata de subvencionar la instalación de cajeros automáticos en pueblos sin estos sistemas para evitar los incómodos desplazamientos de vecinos a otras localidades. La convocatoria salió en marzo, pero no se ha interesado ninguna entidad financiera. De nuevo la Generalitat lo atribuye a la pandemia y su idea ahora es «activar una nueva convocatoria lo antes posible» con una mejora de las condiciones económicas para lograr que los bancos se involucren.

Otra de las iniciativas es el Fondo de Cooperación contra la Despoblación. Contempla ayudas directas de tres millones de euros anuales, pero son para repartir entre 154 pueblos, con lo que es muy poco lo que acaba recibiendo cada uno, critica la oposición. Esa inyección económica aún está pendiente en 2020. Según la directora de AVANT, Jeanette Segarra, «se pagará a final de año».

También en el horizonte está el plan estratégico contra la despoblación. Según Segarra, el proyecto está en fase de participación, se presentará en noviembre y conlleva «estrategias y medidas de todo tipo, una hoja de ruta, con proyectos e inversiones en territorios». Pero de nuevo está por definir y materializar.

El Consell quiere desarrollar los llamados Punts Nets Avant, una red de servicios para autocaravanas con espacios de entre 30 a 40 metros cuadrados en los pueblos con menos habitantes. Como estos vehículos deben vaciar sus depósitos residuales en zonas autorizadas, estiman que las instalaciones atraerán turismo.

La Cátedra Avant es otro de los proyectos ante el problema, si bien más intelectual que práctico ante las urgencias de la despoblación. Tras la firma de un convenio con cuatro universidades de Valencia, el Consell pretende que se elabore un estudio y se fomenten seminarios.

Precisamente en el último seminario de invierno, Presidencia planteó una cumbre sobre el problema en Castellón para «reunir a los actores institucionales» y lograr «un foro de alcance estatal que plantee estrategias comunes». Más reflexión y debate en vez de dinero, carreteras o mejoras en servicios públicos. Estaba previsto en marzo y se aplazó.

Sí se ha materializado un convenio con el Instituto Valenciano de Finanzas sobre líneas de crédito al emprendimiento rural. Segarra apunta otros proyectos como una web para informar de servicios e instalaciones en estos municipios y defiende que se han coordinando «iniciativas transversales con medidas de varias consellerias». Y anuncia un plan ante la brecha digital.

Pero Vicent Sales, portavoz del PP en la Diputación de Castellón, lo tiene claro: «Con la despoblación ha habido mucho anuncio y postureo, pero poca realidad. Del fondo de cooperación a los municipios tampoco han pagado nada, con el agravante de que la mitad se tenía que haber abonado antes del 30 de junio». Según Sales, los pueblos pequeños claman «órdenes de ayudas específicas» y «no pueden soportar las demoras de la Generalitat».

En Matet, cita como ejemplo Sales, «se les ha quitado el único autobús semanal y la gente mayor ya no puede ir ni al banco a Segorbe para sacar dinero». Ximo Segarra, alcalde de Benaguasil y diputado popular de Valencia, califica de «cantos de sirena» la política del Consell ante la despoblación. «Ninguna de sus acciones se ha materializado y tampoco sabemos nada del taxi rural que anunció la Diputación».

Más allá de las críticas políticas, el Informe Sobre el Medio Rural dibuja un panorama desalentador sobre lo que sucede realmente en los pueblos que se vacían. En esos 171 municipios «el índice de envejecimiento triplica a la media de la Comunitat».

Habla de «escasa generación de empleo y un paisaje hostil para jóvenes» donde se agrava la desigualdad de género. Constata el trabajo «un déficit de infraestructuras» y una «insuficiente red de conexión entre interior y costa». Más de la mitad sufre «niveles bajos o muy bajos de equipamiento público, en especial de transporte». Cifra en 248 los pueblos de la región sin banco en 2018 y alerta de una situación «cada vez más preocupante» ante la falta de servicios de «educación, sanidad o administración».