El Consell planea incinerar 30.000 toneladas al año de residuos peligrosos en la planta de Buñol

Pero al mismo tiempo que se ha establecido este principio general, la Conselleria de Emergencia Climática se propone autorizar la incineración de 30.000 toneladas anuales de residuos peligrosos en la cementera de Buñol en un proceso que técnicamente se conoce como valorización energética y que consiste en la quema de estos materiales como combustible.

La conselleria tiene ya preparado para la firma, a la espera de que hoy concluya el trámite de audiencia previa, una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada de la cementera de Buñol. La pretensión de la administración autonómica ha provocado el rechazo de organizaciones conservacionistas (Plataforma Aire Limpio de Buñol y Ecologistas en Acción) y de ayuntamientos del entorno, como Macastre y Cheste, que han presentado alegaciones en contra de la propuesta.

Con la nueva autorización ambiental se permitirá la quema de 30.000 toneladas de residuos peligrosos al año. Se trata de vertidos industriales que pueden contener productos químicos, plásticos y restos de combustibles. «Esto es lo que más nos preocupa», señaló Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción.

Desde la organización ecologista explicaron que entre los residuos que se pueden recibir, entre otros, se encuentran también materiales clorados.

Pero no sólo llegarán residuos peligrosos para ser utilizados como combustible. También se autoriza el tratamiento de 17.000 toneladas de lodos de depuradoras, de restos industriales con plásticos y caucho e incluso de residuos domésticos prensados, apuntaron desde la Plataforma Aire Limpio. Y así hasta un valorizar un total de 110.000 toneladas más de otros tipo de vertidos.

Otra de las contradicciones sobre la que llaman la atención desde Ecologistas en Acción es que gran parte de los residuos llegarán de otras autonomías. Explicaron que en 2019 cerca del 40% de los utilizados en la planta procedían de Cataluña a los que había que añadir los llegados desde Madrid y Castilla y La Mancha.

La organización ecologista advirtió de que de esta forma no se está respetando el principio de autosuficiencia en el tratamiento de residuos. Se trata de uno de los fundamentos que rige el PIR de la Comunitat y toda la legislación actual sobre el tratamiento de las basuras.

Este principio establece que cada territorio debe tratar y procesar los residuos que produce evitando su traslado a otras regiones. «Sería más entendible que se derivaran a la planta restos generados en otros puntos de la Comunitat. Pero, ¿qué hacemos incinerando los que se producen en otras autonomías?«, explicó Carlos Arribas.

La concesión de esta nueva autorización comenzó a tramitarse en 2011. Durante esta década se logró paralizar en dos ocasiones. La primera en 2014 cuando el Gobierno del PP no llegó a aprobarla antes de perder las elecciones. La segunda fue en 2016, ya con un gobierno del Botànic.

Las asociaciones ecologistas que han presentado alegaciones vinculan este nuevo impulso a la modificación de la autorización ambiental al cambio del titular de la planta. La cementera ha sido vendida a una empresa turca que en breve se hará cargo de la gestión de las instalaciones.

Las alegaciones, explicaron desde la Plataforma Aire Limpio, se basan en el riesgo para la salud de las emisiones. Desde este colectivo han destacado que la propuesta se ha impulsado al mismo tiempo que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo está estudiando una queja por los riesgos derivados de las emisiones generadas por planta.

La Conselleria de Emergencia Climática autorizó el mes pasado el desmantelamiento de uno de los hornos de esta instalación. Se trata del que fabrica cemento gris, lo que supondrá la reducción de cerca de un millón de toneladas de CO2 al año en emisiones a la atmósfera.