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Las obras escolares no son ajenas a la escalada de los precios de los materiales de construcción, influenciados por la crisis de los fletes, los coletazos de la pandemia y la invasión de Ucrania. Hay materias primas cuya subida supera el 50% -acero, hierro ... o la piedra-, por no hablar de casos extremos como la madera, que llega al 125%, lo que provoca desajustes en las intervenciones previstas, muchas veces con un presupuesto calculado con valores inferiores. De hecho el problema ha provocado un goteo de obras desiertas, paralizaciones o rectificaciones de proyectos para su actualización, con el consiguiente retraso de los plazos.
La Conselleria de Educación acaba de aprobar una instrucción para actualizar el precio del módulo económico de construcción del plan Edificant, que es la principal vía para acometer mejoras en los centros públicos a través de los ayuntamientos. Es la segunda vez que se modifica desde 2017, y se refiere al coste por metro cuadrado edificado en obras nuevas. Varía en función de la superficie total y el incremento llega a ser del 40% en las intervenciones grandes al pasar de 1.040 a 1.455,2 euros (cuando la obra supera los diez mil metros cuadrados), y del 31,5% en las más pequeñas (1.550-2.038,3).
La modificación sólo se refiere a obras incluidas en el programa, se aplica a cualquier proyecto impulsado a partir de octubre y sirve para hacerse una idea del incremento de costes. La instrucción justifica la actualización, además de en las consecuencias de la guerra y la pandemia, en la inflación y en la obligación de incluir climatización por conductos de aire y paneles fotovoltaicos en los nuevos centros.
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El alza precios ya está teniendo consecuencias. El Ayuntamiento de Valencia ha decidido revisar dos proyectos después de que los técnicos consideraran que el presupuesto pactado con la conselleria, que paga las obras, era insuficiente. Se trata del nuevo Ceip de Malilla -se calcula que se precisan 13,28 millones y no 7,91, los inicialmente asignados- y de la reforma del Carles Salvador de Benimaclet, cuya licitación quedó desierta y lo mismo ocurrió en un procedimiento posterior. La idea es actualizar ambos proyectos y que la administración autonómica los valide.
En Dénia el Consistorio anunció que iba a resolver el contrato para la ampliación del instituto María Ibars tras la renuncia de la empresa adjudicataria debido al alza de precios, mientras que en Xàbia, a principios de año, se paralizó la obra del colegio Trenc d'Alba por el mismo motivo, mientras que las del Mediterrània quedaron desiertas en dos concursos consecutivos. En Ontinyent Ayuntamiento y conselleria acordaron incrementar el presupuesto inicial de 12 a 17,4 millones para evitar que no se presentaran licitadores, y en Alcoi se tendrá que impulsar de nuevo la mejora del IES Andreu Sempere.
Desde Educación insisten en que no hay ningún Ayuntamiento que haya renunciado a obras incluidas en Edificant, que actualmente tiene 150 intervenciones en ejecución. «Todas tienen garantizada la financiación», explican. Entre las medidas adoptadas en cuanto a obras en marcha, destacan que los municipios pueden reinvertir los fondos de las bajas en la licitación (la diferencia entre lo que oferta la empresa ganadora y el precio base) para mitigar la subida, y que además se pueden incrementar los precios de adjudicación un 10%.
Respecto a las no iniciadas, se refieren a la actualización del módulo, un cambio que desde el sector se considera insuficiente. Como explican desde la Federación de Contratistas de Obra Pública de la Comunitat Valenciana (Fecoval), «las obras nuevas tienen un proceso de maduración largo, y en el escenario actual cuando salen a licitación lo hacen con valores bajos, lo que provoca problemas, como concursos desiertos». Por ello piden aplicar «una fórmula de revisión» justo antes del proceso en base a los precios unitarios del Instituto Valenciano de la Edificación, que de hecho cuenta con la herramienta para poder hacerlo.
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