La crisis energética también asfixia a las universidades

Las universidades públicas alertaron este martes de la amenaza que supone para sus actividades el incremento de los precios de la energía al sumarse a una precaria situación financiera por la congelación, en la práctica, de las transferencias de la Generalitat, el principal ingreso de las instituciones que lleva una década en los mismos niveles.

La advertencia salió a la palestra durante la reunión mantenida ayer con los consellers de Universidades y Hacienda, Josefina Bueno y Arcadi España, que sirvió para abrir el curso desde el punto de vista institucional, ultimar detalles sobre el plan plurianual que debe mejorar la aportación pública y trasladar una imagen de sintonía que se ha echado de menos en los últimos años desde los rectorados. Para muestra, un botón. El pasado mayo, en la jornada 'La Universidad que viene' organizada por LAS PROVINCIAS, quedó patente el malestar por la falta de noticias y el incumplimiento sistemático de los plazos prometidos.

Tras la reunión las perspectivas parecen distintas. El mejor ejemplo fueron las formas. Del encuentro se informó en un comunicado conjunto de las cinco universidades públicas y el Consell -algo inédito- y aunque incluía la habitual carga reivindicativa se enfatizaba la coincidencia del diagnóstico: que el aumento de los fondos es una medida urgente.

Exactamente hablaba de «la buena senda» de las negociaciones y «la sintonía entre las prioridades de la Generalitat, las universidades y la comunidad científica», en palabras de Bueno, y del compromiso de avanzar en la mejora económica y en el desbloqueo del convenio colectivo «para garantizar estabilidad laboral y financiera», como dijo España.

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Fue la portavoz de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (Crupv), Amparo Navarro, la que puso las cifras encima de la mesa, vinculando la situación económica con el efecto de la crisis energética. Para hacerse una idea, la red pública tiene 54 facultades distribuidas en una veintena de campus y sedes secundarias donde trabajan 18.000 profesiones y se forman 128.000 estudiantes.

«Lo esencial en estos momentos es el compromiso del Consell para alcanzar la suficiencia financiera», dijo Navarro, también rectora de la UA, antes de defender que para lograrla es esencial que la financiación universitaria llegue al 1,5% de PIB de la Comunitat frente al 0,85 actual.

También aludió al 'Estudio y diagnóstico de las universidades públicas valencianas' recientemente realizado por el IVIE, del que se desprende que para el conjunto del sistema los ingresos por estudiante provenientes de la Generalitat en 2019 fueron los mismos que en 2008. «Sin embargo los gastos corrientes por alumno (en esos mismos años) se han incrementado un 18%, lo que implica una fuerte reducción de las inversiones, cuyo importe en 2019 es el más bajo del período», añadió Navarro, antes de insistir «en la preocupación de los rectores y rectoras ante el creciente gasto provocado por el aumento de precios de las energías».

«Nos encontramos ante una situación de grave insuficiencia financiera que está afectando sobremanera a las inversiones. Si seguimos con la misma tendencia, alcanzará a los gastos corrientes, lo que afectaría a la propia supervivencia de las universidades», insistió, de ahí que sea «imprescindible que se apruebe lo antes posible» el prometido plan plurianual de financiación.

La urgencia tiene mucho que ver con el fin del pago de la deuda histórica, cuantías correspondientes al periodo 2004-2008 que nunca se abonaron, por lo que se pactó su pago en anualidades que se liquidaron entre 2015 y 2022. Ese dinero extra, que ya no llegará, ha servicio para cubrir el agujero de la infrafinanciación. El colchón ha desaparecido.

Respecto a cuándo se concretará el plan, la conselleria mantiene el compromiso de que entre en vigor en 2023, aunque los detalles y el calendario los dará a conocer antes el presidente Puig. Previsiblemente en el acto institucional de apertura del curso, que se celebrará en la Miguel Hernández a finales de mes.

Por último, los cinco rectores coincidieron en reivindicar no sólo el aumento de los fondos globales, sino que el reparto sea equitativo. Es decir, que los criterios utilizados no perjudiquen a ninguna universidad.

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