Nueva ofensiva judicial contra el plan de Marzà que arrincona al castellano

La aprobación de la citada ley en 2018 a través de Les Corts, que ha implicado una clara pérdida de peso del castellano como lengua vehicular a nivel de Comunitat, limitó las acciones judiciales por parte de entidades o particulares, como sucedió con el primer decreto que acabó derogado tras varias sentencias.

Con su implantación en Secundaria este curso, concretada en la aprobación de los nuevos proyectos lingüísticos de centro (PLC) que fijan el peso de las lenguas oficiales en el horario lectivo, las dos entidades tratan de conseguir en los tribunales un pronunciamiento que mitigue sus efectos en zonas castellanoparlantes.

Tal y como explican desde despacho de abogados Chapapría- Navarro y Asociados, se ha presentado ya el anuncio de los recursos, que responden a diferentes perfiles de alumnos, por ejemplo, de niveles distintos o con la exención de cursar la asignatura de Valenciano reconocida.

La ofensiva judicial llega después de que la administración hayan rechazado centenares de recursos de alzada contra la resolución de la conselleria que autorizó los nuevos proyectos, agotando la vía administrativa.

Entre los argumentos alegados, desde el despacho destacan que la autorización de los PLC por parte de Educación «no ha respetado la voluntad de los padres de los alumnos en relación con la lengua vehicular de preferencia para la enseñanza de sus hijos», ya que estos fueron diseñados por la dirección y los docentes, «teniendo los padres una muy escasa intervención y muy poco peso específico en el consejo escolar», en el sentido de que los proyectos tuvieron que ser ratificados por dos tercios de los miembros. «En ningún caso la voluntad de los padres puede ser reemplazada por las Ampas, por los consejos escolares o por la administración educativa», alegan.

Además, señalan que los PLC que emanan del actual marco normativo vulneran artículos del Estatuto y de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, concretamente los que avalan la exención «del uso y la enseñanza» para los alumnos de las zonas castellanoparlantes que la soliciten. En concreto, se considera «manifiestamente ilegal» el hecho de que la ley de 2018 obligue a impartir en la lengua propia otras asignaturas -al menos una de carácter troncal- además de la lingüística.

«Lo que se pretende es imponer, existiendo la posibilidad de que los alumnos deban estudiar Historia o Física y Química en valenciano», añaden, antes de afirmar que les acarreará «bajo rendimiento» y «discriminación» respecto a los de otras zonas.

Además, cabe destacar que para sufragar los gastos del proceso las dos entidades citadas iniciaron una campaña de recaudación de fondos que en pocos días alcanzó el objetivo marcado.

Por otro lado están pendientes otros tres recursos contra proyectos lingüísticos, en este caso de centros de Infantil y Primaria. El abogado responsable, Jorge Carbó, explicó que la votación y fallo está prevista para el día 14. En este caso el plurilingüismo se aplicó en cursos previos, y entre los argumentos utilizados se planteó que nacían viciados al derivarse de una ley que recogía los planteamientos derivados del anterior decreto, el que ya fue anulado parcialmente.