Marzà presiona para que hablar y hacer trabajos en valenciano influya en la nota de los alumnos

La instrucción, facilitada por el grupo parlamentario popular, ha causado malestar entre familias y docentes de zonas castellanohablantes, muy críticas con el avance de la Ley de Plurilingüismo que este curso ha llegado a toda la Secundaria, en el sentido de que se considera una medida de presión e incluso antipedagógica. Y es que en la gran mayoría de centros han aumentado las materias que se dan en valenciano pese a ser una lengua sin apenas presencia, lo que dificulta su asimilación en la rutina diaria.

El documento alude a «las consultas formuladas» por los centros sobre el uso de lenguas vehiculares» y hace un compendio de referencias normativas y metodológicas derivadas de la ley.

Así, se recuerda que «la competencia comunicativa se adquiere al mismo tiempo que se aprenden los contenidos», que los materiales utilizados «deben estar en la lengua en que se vehicula la asignatura» y que el proceso de aprendizaje debe ser en la lengua vehicular elegida «con todas las adaptaciones necesarias para el alumnado que tiene una baja competencia comunicativa».

También se refiere a las pruebas de evaluación. «Hay que considerar que las intervenciones en clase, las actividades, la presentación de trabajos, junto con los exámenes y otros medios son instrumentos evaluadores, y por tanto, también conforman la evaluación final del alumnado. Por eso, la actividad diaria en la materia ha de hacerse en la lengua vehicular», dice. Por último, se incluyen referencias a la jurisprudencia en las que no se reconoce el derecho de los alumnos a utilizar la lengua oficial de su preferencia en los exámenes.

«Es un nuevo ejemplo de las prioridades del conseller. Queda claro que cualquier evaluación debe tener en cuenta la lengua, habla incluso de que si un alumno se expresa en clase en otra lengua tiene repercusiones negativas en su evaluación», critica la diputada del PP, Beatriz Gascó. También señala que «la imposición de una ley a la fuerza en las zonas castellanohablantes» ha provocado que «ahora necesiten dar continuas instrucciones para consumar ese atropello a la libertad de las familias». Además, dice que «a la izquierda valenciana no le importa imponer la ideología al aprendizaje» y que «desterrar el castellano de las aulas no tiene nada de pedagógico».

El contenido de la circular tampoco gusta a la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Covapa), con especial implantación en zonas castellanohablantes.

«Nos parece ilógico, se desprende que lo único que les preocupa y ocupa es introducir el valenciano a costa de eliminar la lengua materna», critica la presidenta, Sonia Terrero. «Es penoso que las familias no tengamos derecho a elegir y que predomine una lengua respecto al aprendizaje de las materias, que es lo que necesitan nuestro hijos de cara a un buen futuro educativo y laboral», sentencia.

En términos parecidos se pronuncian desde la plataforma Docentes por la Libertad Lingüística, que vinculan la circular con los casos de familias que hayan solicitado que sus hijos puedan expresarse en castellano en las citadas materias, al considerar que no está obligados por ley a hacerlo en la lengua propia.

«El programa lingüístico recomienda que las lenguas no maternas, las que hay que aprender en un proceso largo y costoso, sean el vehículo de enseñanza a la vez que se hace ese aprendizaje. Es como que a un niño que se enfrenta a sus primeras letras le pidamos que memorice las partes de una célula y su función», critican. «Esa pedagogía delirante es la que impregna toda la ley (de Plurilingüismo)», añaden, antes de recordar que métodos análogos como el plurilingüismo de Madrid «ya han fracasado, creando segregación y exclusión». Por último, alegan que las zonas castellanoparlantes tienen reconocida «la exención de uso y aprendizaje» del valenciano.