a. talavera/b. ortolá/ r. gonzález/i. domingo
Valencia
Lunes, 28 de diciembre 2020, 23:52
Un año después de la liberalización de la AP-7, que se produjo el 1 de enero de este 2020 tras más de cuatro décadas de peaje, la autopista sigue sin tener ejecutadas la decena de enlaces (los llamados peines) y actuaciones en carreteras convencionales reclamados por la Comunitat y que permitirían mejorar la conectividad de la ahora autovía con los municipios, especialmente en las comarcas de la Marina y la Safor.
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De momento, el Ministerio de Transportes sólo ha activado dos obras que, además, se arrastraban desde 2018. Por un lado, la ampliación y reordenación de los accesos de la N-238 en Vinaròs, que incluye la adecuación de la conexión de la AP-7 con las N-340, CV-11 y CV-101. Adjudicada por 12,8 millones a finales de octubre a la empresa valenciana Pavasal, el contrato se formalizó el pasado día 1, por lo que los trabajos aún no han comenzado.
Algo similar sucede en la conexión sur de Oliva, que tiene un presupuesto de 23,6 millones. Adjudicadas en septiembre del año pasado apenas han registrado movimiento los trabajos para ejecutar un enlace entra la N-332 y la AP-7 al sur del municipio, de manera que este enlace, junto con el situado al norte de Oliva, permitan el uso de la autopista como variante de travesía del municipio. Esto supondrá una mejora de la seguridad vial en un tramo de la N-332 que tiene un tráfico de unos 16.000 vehículos diarios, de los cuales el 7% son pesados, según los datos facilitados por el departamento de José Luis Ábalos.
Del resto de las actuaciones que la Generalitat, con el apoyo de los municipios y de organizaciones como la Cámara de Contratistas, trasladó al ministerio apenas hay avances. Entre ellas, los enlaces en Vinaròs-Morella, Benicàssim y Vila-real o conexiones con Alzira (está en estudio por parte de la Conselleria de Obras Públicas), Altea, Alfàs del Pi y La Nucía.
También la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) reclama estas conexiones, al igual que dotarla de más espacio en las áreas de servicio y aparcamientos para los camiones.
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Este compás de espera se debe a la redacción de los estudios de tráfico y demanda encargados por el ministerio tras la liberalización de la autopista y que se adjudicaron el pasado marzo aunque no se formalizaron hasta junio. Sus resultados deberían haberse conocido a comienzos de 2021 pero se retrasarán al menos hasta junio, según fuentes consultadas por este periódico.
El motivo no es otro que el impacto del Covid en el tráfico debido a las restricciones de movilidad, ya que los datos recopilados no se consideran válidos al no ser representativos. Precisamente hoy la delegada del Gobierno, Gloria Calero, realiza un acto conmemorativo de la liberalización en el antiguo peaje de Ondara y podría avanzar algunas de las cifras de circulaciones, que sí registraron un aumento en el primer mes, cuando el tráfico en la AP-7 se duplicó entre Valencia y Alicante y carreteras secundarias como la N-332 o la A-7 perdieron afluencia de vehículos.
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Sí que se ha resuelto ya el problema surgido con los contratos de conservación y mantenimiento de la autopista, paralizados por la presentación de un recurso, lo que obligó al ministerio a recurrir al procedimiento de urgencia. Un año después han comenzado a resolverse (y formalizarse) los contratos de los distintos tramos.
En cuanto a las obras de menor calado, para las que se ha aprovechado estos meses de disminución de tráfico, Favara ya cuenta con una nueva rotonda de acceso que conecta la AP-7 con la N-332 y mejora la incorporación de los vehículos a esta vía rápida. En el caso de la Marina Alta, se están realizando obras en Ondara, donde se construye la cuarta 'oreja' del entramado de entradas y salidas situadas a escasos metros de donde estaba ubicado el peaje, al lado también de la zona comercial.
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La liberalización de la autopista cumple el jueves un año y los alcaldes de la Comunitat muestran su satisfacción por la medida ya que ha supuesto oportunidades, ahorro, y el descenso del tráfico por los distintos núcleos urbanos. En Algemesí, «convierte a la ciudad en un núcleo estratégico», destaca la alcaldesa, Marta Trenzano, por la proximidad de dos de sus polígonos al acceso. Durante este año, varias empresas se han interesado por parcelas libres en las áreas de Cotes y Pep Miquel. Las industrias de esta zona han reducido sus gastos de transporte al no tener que pagar el peaje para desplazarse tanto al norte como al sur.
Para Oliva, se ha plasmado en una reducción del tráfico que circulaba por la N-332 atravesando el casco urbano. Según el munícipe David González, los datos que baraja el Ministerio así lo avalan. Esas cifras reflejan un descenso del 40% en un tramo por el que «habitualmente circulaban unos 16.000 vehículos, y que en momentos puntuales podía alcanzar los 25.000».
Los alcaldes de la Marina Alta tildan también de positivo este primer año tras la liberalización de la autopista y coinciden en que era una «necesidad para la gente que usa a diario esta vía para ir a sus trabajos, lo que ha supuesto un ahorro inmenso para los vecinos». A pesar de que algunos municipios han dejado de ingresar importantes cantidades de dinero por el IBI, aseguran que el resultado, «no tener que pasar por caja en cada viaje, compensa». De hecho, Benissa deja de ingresar 256.000 euros, según confirma el alcalde, Arturo Poquet, aunque apunta que la liberalización es «buena en cuanto al apartado empresarial se refiere» .
En Ondara, el primer edil también resalta que incluso «dejando de ingresar el IBI, unos 80.000 euros, es mucho más positivo para los vecinos, compensa mucho más, sin duda». Desde Calp miran con «más lejanía estos cambios», porque no cuentan con un acceso directo para poder circular por esta vía y ya han dejado de solicitarlo.
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