Más de 700.000 valencianos en pobreza severa

Este estado de carencias afecta a un 14% de la población de la región. Varios indicadores dan idea de la magnitud del problema. En cuanto al consumo, casi 90.000 personas vivían a finales del año pasado en hogares de la región sin algún equipamiento doméstico básico: agua corriente, agua caliente, electricidad, cocina, lavadora o frigorífico.

Las cifras aún son más voluminosas si analizamos el ahogo de las deudas. Cerca de 250.000 personas se reparten en 77.000 familias con retrasos en pagos de suministros, vivienda, administración o préstamos que difícilmente pueden ponerse al día. El hambre es, posiblemente, la expresión más dolorosa. Según el estudio, en la Comunitat habitan casi 228.000 personas que admiten haberla sufrido en la última década con frecuencia o la están sufriendo ahora.

Además, hay hoy en la región 1.000 hogares chabolistas, 46.000 con deficiencias graves en la construcción, 175.000 con situaciones de insalubridad y 60.000 en los que habitan 302.000 personas hacinadas.

En cuanto al empleo, destacan dos cifras: en uno de cada diez hogares de la Comunitat todas las personas activas están sin trabajo. Esto amenaza a 187.000 familias valencianas. Y existen 140.000 hogares sin personas ocupadas, ni pensionistas ni con ocupaciones periódicas.

En el plano evolutivo, destaca el informe un aumento general de la exclusión social severa. El porcentaje de población afectada por problemas de empleo ha crecido en diez puntos desde 2018. La exclusión, estiman los sociólogos, «crece entre la población sin ingresos y residente en áreas rurales y se reduce entre la población extranjera». La pandemia «ha sacudido el mercado de trabajo y crece la inestabilidad laboral». En este contexto «se intensifican las dificultades de acceso a la vivienda y hay más situaciones de exclusión residencial».

La sucesión de crisis también merma la salud de las personas. Y el estudio destaca que el 13% de la población de la Comunitat vive en hogares en los que se ha dejado de comprar medicinas o prótesis por problemas económicos.

Lola Fernández es la presidenta de la EAPN (Red Europea Contra la Pobreza) en la Comunitat. En los más desfavorecidos, la nueva crisis «ya repercute en la compra de menos carne, pescado o frutas, en la compra de productos de menor calidad». También en «la reducción drástica del consumo de energía o en la imposibilidad de pagar bienes o servicios esenciales».

En 2020 ya se apreció un incremento de la privación material severa de un 50% en España. En la Comunitat afectaba al 11,5% de la población, es decir casi 578.000 personas que no podían acceder a servicios o productos básicos.

¿Cuáles son los perfiles que ahora pueden verse más afectados? Según la experta, «los estratos de población que ya estaban en situación de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes, seguidos de la juventud: familias monoparentales, el 80% lideradas por mujeres, o personas extranjeras provenientes de países no europeos.

En 2020 la Comunitat contaba con 674.000 personas en situación de pobreza severa, es decir con ingresos inferiores a 534 euros al mes. Un año después, la cifra asciende a más de 700.000, según el estudio de Cáritas.

La adaptación a los nuevos problemas que llegan con la electricidad disparada y la guerra de Ucrania está siendo «muy dolorosa» para los más humildes. «Algunas personas están compartiendo, ya no casa sino habitación. Y comiendo menos carne, pescado, fruta, verduras y hortalizas frescas», alerta Fernández.

Y con serios apuros energéticos. «No pueden suplir aparatos o equipos que se estropean» y acuden desesperadas a los servicios sociales municipales o a organizaciones benéficas.

Para la organización europea contra la pobreza, el futuro se perfila muy complicado. Así lo ve su presidenta en la Comunitat: «Si los gobiernos y la Unión Europea no actuamos correctamente auguramos un aumento desproporcionado de la desigualdad social y del riesgo de pobreza o exclusión». Y, como consecuencia, «una fractura dolorosa de la cohesión social y un posterior crecimiento económico desequilibrado donde haya personas ricas muy ricas y una gran mayoría de personas cada vez más empobrecidas».

¿Qué propuestas o soluciones caben en un panorama semejante? Para la EAPN «debe mejorando la coordinación entre administraciones. Instrumentos como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión han de coordinarse y llegar a todas las personas que lo necesiten. Han de complementarse con ayudas para el acceso a la vivienda y debe reducirse la burocratizació».

Para Fernández, «el crecimiento del PIB y del empleo son importantes, pero no suficientes». Es preciso «una redistribución de riqueza, salario y empleo decentes o unos servicios sociales de calidad».

María Moscardó es responsable del Programa de Análisis de la realidad de Caritas. «Cada crisis trae un número importante de personas a la bolsa de exclusión, pero en los periodos de recuperación el sistema no permite que salgan de esta situación», expone. «Debemos reflexionar sobre la garantía de accesos a los derechos humanos» y la importancia de acabar con el «empleo precarizado».

Luis Miralles, presidente de Casa Caridad lo ve así: «Hay que trabajar con las administraciones para encontrar una solución». La entidad ya ha puesto en marcha ayudas económicas directas para que las familias que aún conservan su hogar «puedan pagar alquileres, facturas, productos frescos o tratamientos médicos». La clave «es impedir que se queden sin nada en la calle».

Según Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos de Valencia, «se avecina un futuro de incertidumbre y muy complicado». A su entender, «sería interesante que los gobernantes se implicaran más apoyando proyectos como el nuestro que, en cierta manera, son los que están cubriendo las necesidades de miles de personas».

Rodrigo Hernández, director de Save The Children en la Comunitat augura «un aumento de la pobreza infantil si no hay políticas adecuadas». Según destaca «criar a un niño tiene un coste medio de 500 euros al mes». Urge «mejorar el ingreso mínimo vital y la renta valenciana de inclusión». También «ampliar el parque de vivienda pública y priorizar los casos con menores en las emergencias sociales».