31 deberes para el nuevo Gobierno

Con la toma de posesión de los nuevos ministros y el consiguiente Consejo de Ministros, la rueda del Gobierno central comienza a girar de nuevo, ya sin la etiqueta de 'en funciones'. Llegará el turno de que los distintos presidentes autonómicos desempolven el listado de reivindicaciones -algunas con carácter histórico- y lancen sus peticiones al nuevo Ejecutivo.

En el caso valenciano, además, será momento de comprobar si el guiño de Pedro Sánchez a la Comunitat con el nombramiento de cuatro ministros de la tierra se traduce en algo más que gestos. En el horizonte, por ejemplo, el nuevo modelo de financiación, que supondría una inversión adicional de 1.300 millones para la Comunitat, además de la dotación que traerán los próximos Presupuestos del Estado.

Si la financiación autonómica es el gran asunto pendiente del Ejecutivo, hay otros deberes que tendrán que afrontar Sánchez y su socio Pablo Iglesias en la próxima legislatura. Entre ellos, varias leyes en el ámbito educativo, como la anunciada reforma de la selectividad o las nuevas leyes de Educación y Universidades (en este caso, también con petición de mejora de la financiación incluida).

El nuevo Ministerio de Transportes (hasta ahora, Fomento) tendrá sobre la mesa solucionar los problemas en las líneas de Cercanías (el plan sigue sin materializarse), impulsar las obras pendientes del corredor o decidir cuántas conexiones se ejecutarán para enlazar la liberalizada AP-7 con los municipios valencianos.

Los trasvases, las desalinizadoras, las actuaciones para combatir las riadas y, especialmente, la situación de la Albufera -con la aportación de más agua- son los deberes para Medio Ambiente.

La lista valenciana no se acaba aquí. Incluye, por ejemplo, la (eterna) reforma anunciada de la sede policial de Zapadores, el incremento de agentes para la policía autonómica o mayores medios para controlar la llegada de pateras. En materia sanitaria, el aumento de plazas MIR será clave para paliar el déficit de médicos, sin olvidar que sigue pendiente el pago de la atención sanitaria a turistas.

Sin olvidar las peticiones del cap i casal, entre ellas, despejar la incógnita de la DIA de la ampliación norte del puerto, impulsar las actuaciones en el Parque Central o cómo resolver la deuda (465 millones) de la Marina.

Con siete mujeres asesinadas en 2019 en la región en crímenes machistas, la protección de las víctimas debe ser una prioridad. Los expertos urgen ahondar en la vía educativa y erradicar el problema desde la infancia, sin escatimar en medios para ayudar en todo a las que denuncian.

Lo que más preocupa hoy en los balances sobre seguridad es el incremento del delito sexual en todas sus vertientes. Una cifra: más de 1.300 casos fueron denunciados en la Comunitat sólo en el tercer trimestre del año pasado. Los casos de manadas en jóvenes son un fracaso social colectivo que urge reflexión y medidas.

Interior sigue incumpliendo el número de agentes estipulado para nuestra policía autonómica: son 386 cuando se acordó 500.

La cifra de inmigrantes que llegaron en patera a la Comunitat se elevó el año pasado a 673. Alcanzaron el litoral con 60 embarcaciones y son casi el doble de los 353 contabilizados en 2018. La Guardia Civil de Alicante urge más medios en sus unidades costeras y de vigilancia marítima. El balance del año pasado evidencia un desvío más al norte en las rutas habituales de llegada de patera por el Estrecho, Andalucía o Murcia.

La reforma de la sede policial de Zapadores es otra promesa estancada. Y también mejorar cuarteles y medios de la Guardia Civil.

La ministra Isabel Celaá se comprometió a crear un grupo de trabajo para homologar criterios de corrección de la selectividad a raíz de las quejas sobre el diferente nivel y tras la polémica del examen valenciano de Matemáticas II.

Por lo expuesto por Sánchez en la investidura, la ley educativa que sustituirá a la Lomce del PP no será muy diferente a la reforma que se malogró en la anterior legislatura: Religión sin asignatura alternativa y «blindaje» de la enseñanza pública. Ya entonces se anunciaron acciones en la calle del sector concertado, que ve como se quiere acotar su peso. En la Comunitat los recortes de aulas derivaron en las mayores protestas contra el Botánico.

Se prevé una nueva ley que no sólo garantice la financiación, sino que dé más autonomía. Es una exigencia histórica de los rectores.

Existe un plan de choque para crear plazas y modernizar los ciclos. El Consell exige agilidad en la aprobación de nuevos títulos.

Se han prometido plazas públicas gratis de entre cero y tres años para cubrir la demanda. ¿Qué sucederá con los 5.000 trabajadores valencianos de la red privada, que es mayoritaria?

Incrementar la cantidad de plazas MIR y suprimir las restricciones para la contratación de médicos (sobre todo ante el aumento de jubilaciones) son dos de las cuestiones que debe abordar el nuevo Gobierno para paliar la actual saturación sanitaria.

Distribuir a los menores no acompañados en otras regiones para evitar la saturación de los centros de recepción de la Comunitat.

Mejorar las condiciones y la estabilidad laboral de los investigadores es otro de los deberes de Sánchez en la Comunitat.

El Gobierno debe financiar el 50% del coste de las ayudas a la dependencia y, en la actualidad, apenas se hace cargo del 12%.

El Gobierno debe más de 560 millones de euros a la Comunitat por la atención sanitaria prestada a turistas y visitantes de otras regiones, por lo que tiene que saldar la deuda.

El Gobierno tiene que desmontar la plataforma. Ha elaborado un informe que valora el sellado definitivo y su desmantelamiento en 260 millones. Actualmente el mantenimiento del fallido almacén de gas situado frente a Vinaròs cuesta entre ocho y nueve millones anuales.

Aunque la mayoría de las competencias sobre el lago corresponden a la Generalitat y la titularidad es del Ayuntamiento de Valencia, la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno, tiene mucho que decir. Expertos, ecologistas y administraciones apuestan por una aportación fija anual como vía de salvación de la Albufera. Y es este organismo el que decide la mayoría de los caudales que recibe el lago. Cabe recordar que en 2018 la confederación no cumplió con los 267 hectómetros cúbicos previstos en el Plan Hidrológico.

Las plantas de Sagunto y Mutxamel están paradas. Darles un uso y evitar elevados costes a los usuarios es otra tarea pendiente.

El Gobierno tiene dos frentes conflictivos. Las decisiones del ministerio sobre el Tajo-Segura han perjudicado a los intereses valencianos con la reducción de aportaciones (la última ha sido recurrida por el Consell), por lo que está en sus manos encontrar una solución para evitar una nueva guerra del agua. En cuanto al Júcar -Vinalopó, debe desbloquear el convenio sobre su mantenimiento con los regantes de la cuenca alicantina. Costó 400 millones y apenas se ha utilizado para algunos riegos de emergencia.

Se prometieron actuaciones que han caído en el olvido, como las presas de Montesa, Sellent y Vilamarxant o el plan para el Júcar.

Liberalizada la autopista, queda por resolver las conexiones necesarias con los municipios para mejorar la conectividad.

El ambicioso plan de mejoras en Cercanías presentado hace dos años apenas se ha materializado en inversiones para modernizar la red. La C-3, por ejemplo, sigue pendiente de la redacción de los proyectos. El tren de la costa, cuya primera fase está incluida en el plan, tampoco ha tenido grandes avances.

Son varios los proyectos de ampliación de carreteras sobre los que Fomento deberá despejar incógnitas este año. El más apremiante, por ser un punto negro de accidentes y retenciones, la ampliación del by-pass, pendiente desde 2014. También la V-30.

Alcanzado el hito de la puesta en servicio de la variante de Vandellós, el corredor mediterráneo afronta un año clave. Así, deberán avanzar las obras en La Encina, necesarias para el AVE regional; también la adjudicación del Castellón-Vandellós; la implantación del tercer carril en la estación de Castellón; o el estudio informativo sobre la doble plataforma entre Valencia y Tarragona.

Los próximos presupuestos deberán reflejar un aumento de las ayudas al transporte metropolitano.

El Ministerio de Transición Ecológica trabaja desde hace años en estudios para regenerar el litoral de la Albufera.

Los 465 millones de euros que tiene la Marina de deuda son una losa demasiado pesada y que amenaza incluso con la gestión diaria del Consorcio Valencia 2007. El Gobierno se comprometió a asumir los pagos en el primer Presupuesto que apruebe Pedro Sánchez. Es el asunto que más le interesa al Ayuntamiento para poder acabar de resucitar la dársena tras la Copa América de vela.

Un millar de pisos de promoción pública se han previsto en los antiguos cuarteles de la calle San Vicente, aún sin plazos.

Se trata del asunto donde hay más diferencias entre el gobierno municipal, en concreto Compromís, y el Gobierno. La ampliación norte de los muelles no puede pararse, según la Autoridad Portuaria, mientras que el alcalde Ribó exige una nueva declaración de impacto ambiental del proyecto.

Hasta 3.000 millones de euros se estima que costará terminar todas las fases pendientes del Parque Central. El canal de acceso está ya en estudio y la financiación repartida entre las instituciones, aunque es el Ministerio de Fomento el que debe acelerar todas las fases siguientes de obras.

La reivindicación de más dinero al Estado es una exigencia que comparten todas las comunidades autónomas. En el caso de la valenciana, la exigencia de un nuevo modelo se sostiene en unas cifras que confirman que los fondos recibidos se quedan por debajo de la media. Esa infrafinanciación provocó que el Consell se sumara a una manifestación contra el Gobierno de Rajoy. Con Pedro Sánchez en Moncloa el nivel reivindicativo bajó. Ahora el Ejecutivo se ha comprometido a impulsar un nuevo modelo, del que el Consell espera recibir al menos 1.300 millones de euros más cada año.