Un decreto del Consell amenaza con encarecer el comedor escolar

Así se desprende del dictamen elaborado por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) al proyecto normativo, impulsado por la Conselleria de Sanidad, que se aprobó en el pleno del organismo el pasado 24 de mayo. Se trata de un trámite obligatorio que debe servir para dar seguridad jurídica a normas de este tipo que se encuentren en proceso de elaboración, si bien su aceptación depende en última instancia de la administración responsable. Y el documento es bastante crítico, con varias observaciones esenciales que tienen que ver con la necesidad de analizar el impacto económico que pueden tener las medidas que introduce el decreto en el gasto de la administración, además de con aspectos relacionados con la libre competencia y de contratación.

La normativa pretende avanzar hacia una alimentación más saludable por parte de la población. Al menos, en lo que afecta a su ámbito de gestión. Por ejemplo, introduce porcentajes más elevados de ingredientes frescos a la hora de elaborar los menús, así como de producción ecológica acreditada o de proximidad.

Una de las claves respecto a la regulación actual es que se pasa de la idea de «fomentar» la presencia de estos productos a su «necesaria utilización». Y el proyecto de decreto obliga a cumplir sus disposiciones en cualquier servicio dependiente directamente de la Generalitat: de atención domiciliaria, comedores de hospitales y servicios sociales, centros educativos y polideportivos públicos, eventos y celebraciones que dependan de la administración o máquinas expendedoras de sus edificios. Quedan fuera de su alcance los servicios que presten centros privados y también las universidades públicas, que a la postre son organismos autónomos.

El CJC cuestiona la afirmación de Sanidad de que su entrada en vigor no suponga gastos presupuestarios u obligaciones económicas añadidas para la Generalitat. A modo de contraste recoge extractos de algunas alegaciones presentadas durante su tramitación por entidades interesadas, como pueden ser asociaciones o empresas de restauración, como la que plantea «tener en consideración el incremento que ha de comportar en los costes que deberán sufragar las personas usuarias como consecuencia de la gran diferencia de precios que hay entre productos ecológicos certificados y los ordinarios». O la que indica que la previsión de que no implicará más gasto a la Generalitat «parece difícilmente compatible con el encarecimiento que comportará la aplicación del decreto en la contratación pública de servicios y suministros». En este sentido el Consell Jurídic afirma que aunque no se admitieron estas alegaciones «no consta un análisis o examen económico detallado sobre las mismas».

El dictamen también se refiere a las aportaciones realizadas por otros organismos de la administración, en este caso con nombres y apellidos, que van en un sentido similar. Se sintetizan en el informe presentado por la Abogacía de la Generalitat, que también se necesita para tramitar cualquier decreto. En este documento se advierte de que «distintos órganos administrativos encargados de la gestión de la contratación de servicios de restauración de alimentación han manifestado un posible aumento del gasto público en estos servicios».

Por ejemplo, recoge parte de las alegaciones de la Conselleria de Educación, que señalan que «debe tenerse en cuenta que el posible aumento del precio del menú escolar determinaría un aumento del gasto en becas de comedor». Y también la presentada por Presidencia de la Generalitat, que advertía «de un posible incremento del precio de los menús para las familias usuarias en un contexto inflacionista». Incluso se citan las aportaciones de la dirección general de Alta Tecnología, Inversiones e Infraestructura de la propia Conselleria de Sanidad, que señaló que «el aumento en los menús del peso relativo de productos frescos, ecológicos y de proximidad representaría un incremento de precios para los adjudicatarios del servicio de alimentación de pacientes en los centros sanitarios».

Ante estas alegaciones de la propia administración la Abogacía acabó recomendando «un estudio con al menos cierta profundidad de la cuestión, de si el incremento del peso relativo de productos frescos y ecológicos en los menús puede incrementar el coste del servicio».

La idea entronca con la observación de carácter general del CJC: la «necesidad de una memoria que examine la evaluación del impacto del proyecto de decreto en el sector alimentario al que afecta y en los expedientes de contratación». «Resulta necesario un análisis de las posibles consecuencias de la norma en la viabilidad del suministro de los alimentos por el mercado -en este sentido se advierte de que los exigidos son más caros-, en la contratación, en la conducta de los agentes afectados y en la dificultad de que se cumpla lo que se exige y en qué medida resulta exigible», se añade.

Aunque es cierto que el Jurídic sólo entra en pedir un análisis detallado de cómo puede afectar a los presupuestos de la Generalitat -en contraposición a la afirmación de Sanidad- las alegaciones de entidades interesadas y de organismos del propio Consell sí han advertido de los efectos en los usuarios finales. Y cabe recordar, en relación al comedor escolar, que las empresas de restauración colectiva llevan tiempo advirtiendo de la necesidad de actualizar el precio de menú, congelado desde hace más de una década, atendiendo tanto a la escalada de costes como a la exigencia de introducir productos más sostenibles.

La aprobación definitiva del decreto de Sanidad dependerá del nuevo Consell, así como los mecanismos que se puedan introducir para paliar sus efectos en caso de que siga adelante. En el ámbito escolar, por ejemplo, siempre se puede diseñar una ayuda económica para los colegios públicos -que son los que contratan directamente a las empresas- para compensar el incremento de costes, evitando el posible aumento del precio de menú, que se sitúa en 4,25 euros por comensal y día. Es la cuantía que asumen la mayoría de familias que hacen uso del servicio, que sí está bonificada para alumnos que cumplen determinados criterios de renta a través de becas que pueden ser totales o parciales.