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Son las 8:30 de la mañana del lunes 18 de enero en el aulario norte del campus de Tarongers de la Universitat de València (UV). Los alumnos de Ciencias Políticas y del doble grado de Sociología y Ciencias Políticas matriculados en la asignatura de política comparada empiezan a llegar a las instalaciones para realizar el examen a las 9:00, tal y como se les ha notificado. Son cuatro grupos y se les ha indicado que dos de ellos se instalen en un aula del primer piso y los otros dos en las contiguas. En pocos minutos las clases comienzan a llenarse y deja de respetarse la distancia de seguridad.
Las dos trabajadoras de la universidad que estaban el primer piso y que tenían que atender casi una veintena de espacios con centenares de personas se ven desbordadas. Continúan llegando alumnos y las tres clases ya están muy cerca del límite de capacidad del 35% que se había asegurado que no se iba a superar. Los jóvenes que entran ya no saben donde sentarse y las mismas empleadas admiten que no saben «dónde meter tantos alumnos para el examen».
La Facultad de Derecho contaba con el censo de las clases desde septiembre y sabía los aforos reducidos de las aulas pero parece que no se revisaron porque el protocolo no funcionó. Los estudiantes comienzan a quejarse, hacen fotos para denunciar la situación y critican que la mitad de las ventanas están cerradas, lo que expone a todos los presentes a un riesgo mayor. Las ventanas llevan todo el curso abiertas y fijadas para que no se puedan cerrar y ahora una de cada dos tiene un cerrojo con llave. Otros alumnos ya se agrupan en los pasillos ya que no ven que puedan entrar a las aulas asignadas sin correr cierto riesgo.
El profesorado llega pocos minutos antes de la hora a la que tenía que empezar la prueba y asume que se está lejos de cumplir las recomendaciones sanitarias. En ese momento, y ante la evidencia de que el protocolo no ha funcionado, se empieza a improvisar y se saca a 42 alumnos de esas tres clases para permitir que en ellas se respete el aforo. Se les dice que les van a trasladar a otra aula de ese piso pero tras unos minutos constatan que no queda ningún espacio disponible y se opta por subirlos a otro piso.
Una vez se ha llegado se espera a que se abra la nueva aula y los alumnos van entrando poco a poco. La clase no tarda en llenarse y para mantener la distancia se busca otra nueva aula para que puedan realizar allí el examen los últimos alumnos. Se evidencia así que las tres salas que se habían previsto para las cuatro clases de la asignatura, todos matriculados y presentes en el registro de la UV, eran más que insuficientes y para evitar riesgos en uno de los peores momentos de la pandemia lo que hacía falta era disponer de cinco. Nadie lo predijo y se expuso a los alumnos a un riesgo innecesario por falta de planificación.
La UV, al igual que el resto de universidades, ha defendido en todo momento las clases presenciales y ha asegurado que era la mejor fórmula para evaluar pese a que el curso anterior ya se optó por otros métodos. Las asociaciones estudiantiles se han quejado de la situación desde el primer momento y han pedido alternativas que se han negado con el argumento de que los campus eran seguros. La UV no se pronunció ayer sobre este episodio pese a la solicitud de este diario.
Esta situación contrasta con otras experiencias de alumnos de la misma universidad ya que el mismo día en otras aulas se tomaron mucho más en serio las recomendaciones, los profesores guiaron a los alumnos, habían listas preparadas y revisadas y se ventilaron mucho mejor los espacios.
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