El delito sexual más precoz

Sí es sí. No es no. La idea parece sencilla de comprender hasta para un niño. Pero el respeto a la libertad sexual es una asignatura que se resiste entre los jóvenes. Algo falla cuando a la tristemente célebre manada de los sanfermines se suma ahora la agresión sexual sufrida por una joven de 19 años en Callosa d'En Sarrià con cuatro jóvenes del pueblo como sospechosos. Y uno de ellos acusado por otras tres posibles víctimas de edades muy similares.

El meollo del problema se comprende, en su verdadera magnitud, por los datos que aporta el Ministerio del Interior. En el último año computado, 2017, más de 1.200 mujeres fueron víctimas de la delincuencia sexual en la Comunitat, la cifra más alta de los últimos siete años. Y en aumento desde 2015.

Si nos fijamos en la cantidad de denuncias, fueron casi 1.350 los delitos sexuales denunciados. En 2017, tocamos techo. El número de casos más elevado en ocho años. Aunque se trata de datos provisionales, en el recién concluido 2018 las cosas parecen ir a peor. Hasta septiembre, el incremento de la delincuencia sexual en la Comunitat era próximo al 20%. La agresión sexual con penetración estaba creciendo un 45% y el resto de delitos, entre ellos los abusos, ascendían un 15%. De hecho, las cifras sobre delincuencia con peor evolución son, de manera muy contundente, las que se refieren a la violencia sexual en sus múltiples manifestaciones.

¿Por qué? Como en Callosa, el problema se agrava en la juventud. Hoy por hoy, casi la mitad de víctimas de delitos sexuales en tierras valencianas son menores de edad y un 76% son jóvenes por debajo de los 30 años. Las afectadas entre 14 y 17 años se disparan. De las 199 que se contabilizaban en 2011 pasamos a 317 en 2017. Asciende el número de víctimas entre 18 y 30 años mientras se aprecia un significativo descenso en la franja de 31 a 40 años.

Si ponemos el foco sólo en lo más grave, las agresiones sexuales, de nuevo cifras espeluznantes. Una de cada tres son menores, hay una treintena de víctimas al año por debajo de los 14 años y la evolución es nefasta. Las 102 menores de 18 años violadas durante 2017 suponen, una vez más, una cifra de nefasto y vergonzoso récord.

Detrás de estos casos hay siempre un agresor machista que ve a la mujer como un mero instrumento de satisfacción. ¿Qué sucede con los autores? Interior también lo aclara. Las Fuerzas de Seguridad arrestaron en 2017 a 836 delincuentes sexuales. Aproximadamente medio millar eran abusadores y 200, agresores sexuales. Llama la atención que mientras la cantidad de víctimas toca techo, la de detenidos e investigados va en descenso y es una de las más bajas de los últimos años.

En el análisis por edades de sospechosos de delincuencia sexual aparecen 284 jóvenes frente a 513 adultos. Sin embargo, en las agresiones sexuales, el delito más grave, la relación entre jóvenes y adultos se iguala casi al 50%. La detención de menores por violaciones lleva dos años en ascenso. Hay 42 arrestos por este delito en la franja de entre 18 y 30 años, frente a los 27 violadores de entre 31 y 40, éstos últimos con clara tendencia a la baja.

César Chaves Pedrón es presidente de la Sección de Menores del Colegio de Abogados de Valencia, abogado y profesor de Derecho Penal en la Universidad de Valencia. Opina que «no es una mayoría de jóvenes los que se relacionan así, pero han surgido casos semejantes en un periodo corto de tiempo».

Tras las últimas agresiones aprecia «una mala formación en el ámbito de la sexualidad, jóvenes que no entienden el significado del respeto a la libertad sexual, la posibilidad de decidir libremente qué práctica se quiere llevar a cabo y hasta qué punto». También pone el acento en «una imagen objetivada de la mujer». La terrible de creencia de que la mujer es una cosa, un mero instrumento para su satisfacción.

Una vez en los tribunales, los agresores se suelen justificar del mismo modo: «que la víctima ha consentido porque se ha dado en un ambiente de fiesta con alcohol y, en algún caso, algo más». Para el abogado, «estas excusas no suelen tener mucha consistencia en casos como los que están surgiendo en los medios».

Y lanza un mensaje de advertencia a las manadas o agresores aún en la sombra: «Una violación en grupo tiene una pena de 12 a 15 años de prisión». El Código Penal prevé agravantes como el abuso de superioridad, que la agresión sea especialmente vejatoria o la agravante de género.

Ante el uso de narcóticos para doblegar a las víctimas, hay una pregunta obligada: ¿Se logra demostrar en los tribunales la denominada sumisión química? «Dependerá del tipo de sustancia y del tiempo que haya pasado hasta que la víctima denuncie y se le tomen muestras los servicios médicos que la asistan», aclara el experto. En este punto, la rapidez es la clave. «Hay sustancias que tardan uno o dos días en desaparecer del organismo. Si no se toma la muestra antes no será posible detectarla».

Susana Gisbert es la voz de la Fiscalía de Valencia y experta en violencia contra la mujer. Ante el aumento de denuncias de delitos sexuales aprecia una incógnita: «no hay certeza de si responde a un incremento de hechos o son los que antes quedaban silenciados».

En cualquier caso, añade, «la violencia sexual en menores es algo muy preocupante en generaciones que deberían haberse educado en igualdad. Ahí está la clave». Gisbert cree que la época de recortes «ha hecho mella en la educación de nuevas generaciones» y denuncia que las previsiones de la Ley Integral contra la violencia de género respecto a la educación en igualdad «están sin desarrollar en muchos puntos».

El Centro de Ayuda a las Víctimas de Agresiones Sexuales (Cavas) en la Comunitat ha alertado del aumento de casos de víctimas jóvenes narcotizadas en los últimos años en fiestas de pueblos, discotecas o pubes. Las sentencias lo ratifican. Esta misma semana, el Supremo confirmó la condena a tres hombres por abusar sexualmente en grupo de una mujer, amiga de uno de ellos, con la que coincidieron en un local de Riba-roja. El fallo admite que le echaron una droga sin determinar en la bebida que le hizo perder el sentido de la realidad. En marzo del año pasado, la Audiencia impuso 21 años de prisión a tres colegas

Según Beatriz de Mergelina, presidenta de Cavas, las víctimas de agresiones grupales «suelen ser jóvenes de entre 20 y 30 años o menores rozando la mayoría de edad». En estas terribles conductas prevalece «un pensamiento machista sin perspectiva de género, una cosificación de la mujer». Y lanza una reflexión: «Un individuo que por sí solo no se atrevería a cometer el delito, en grupo se empodera. Se retroalimentan».

La experta opina que la telefonía o internet ha hecho incrementar el número de delitos contra la libertad sexual. «No quiere decir que los avances tecnológicos sean malos, pero sí lo es su inadecuada utilización, con lo que volvemos a lo mismo: la necesidad de educación».

Lo que sí percibe De Mergelina es la influencia del fácil acceso a la pornografía en internet. «Un menor o joven puede asociar que la sexualidad es eso y reproducirlo». Este material «suele presentar a la mujer como cosa, con situaciones de control y poder, adultos con menores, poder, control, humillación, vejación, dominación... Si lo visualizan menores o jóvenes sin criterios para discernir entre sexo real y consentido y estas escenas, lo imitarán y reproducirán».

Callosa d'En Sarrià parece condenada a vivir pesadillas. En 2007, un vecino asesinó de 87 puñaladas a su exmujer. Ahora otra mujer, esta vez de 19 años, es víctima de una brutalidad machista: la agresión sexual grupal por la que cuatro jóvenes están en prisión.

Fue en el instituto donde se gestó la amistad de algunos de esos chavales de la bautizada como manada de Alicante. No eran compañeros de clase, pero tenían en común ser hijos de inmigrantes ecuatorianos, país donde nacieron antes de obtener la nacionalidad española.

Han crecido en familias humildes que habitan en un estrecho radio entre las empinadas calles de Callosa. Según los vecinos, sus padres son «gente de bien» que, como tantos otros, «trabajan en la agricultura, la construcción o la hostelería». Ecuador, el 'insti' y las calles de Callosa marcaron sus lazos. Pero también las salidas nocturnas por Benidorm o, como se ha demostrado tras su arresto, el consumo de drogas. Cocaína, alcohol y cannabis son sustancias que salen a relucir en las declaraciones judiciales. Tras un paso por el centro en el que ya no se les recuerda en Bachillerato, la mayoría de la manada de Callosa optó, como sus padres, por trabajos en el campo, en bares o en restaurantes.

Los policías no los recuerdan como especialmente conflictivos, «más allá de algún altercado o molestias por ruido». Pero hay una excepción: Joffre T. B. Con 22 años, los vecinos lo definen como el clásico chulito impulsivo y peligroso, pero con algo mucho más oscuro: acumula otras tres denuncias de jóvenes víctimas por hechos similares a los de Nochevieja. La investigación lo sitúa como un presunto violador en serie de jóvenes de su entorno. Lo acusan la exnovia de uno de los arrestados, una joven de 22 años, una expareja de 18 y una menor de 17. Todas por abusos o agresiones entre enero y octubre del año pasado.

Joffre conocía bien Benidorm, donde el grupo contactó con la última víctima. Había tenido empleos en la hostelería local y se movía con soltura en el mundo de la noche. Su versión ante las acusaciones es la del «no me acuerdo». «Tomé varios gramos de cocaína y alcohol en cantidad exagerada», manifestó. Ahora, junto al resto, trata de lidiar con su nueva vida en prisión.

Las supuestas acciones del grupo dejan una honda herida. La joven de 19 años atacada en Nochevieja prefiere mantenerse en el anonimato. Dice sentir «tristeza, vergüenza y pesar». Su abogado, Francisco González describe como «repugnantes» sus cinco minutos de infierno y sometimiento en un vídeo que podría convertirse en la puntilla judicial para el grupo. «Me vienen fogonazos, pero no recuerdo bien lo que pasó», describe la chica. Su memoria llega hasta el apartamento de Benidorm en el que siguió bebiendo con los sospechosos. A partir de ahí, fundido en negro. Esa ausencia de recuerdo hace, según el letrado, que se encuentre «más o menos bien, dentro de su evidente sufrimiento e incertidumbre».