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JUAN SANCHIS
VALENCIA.
Jueves, 26 de septiembre 2019, 00:35
Han tenido que pasar quince años para que la desalinizadora de Torrevieja funcione a plena capacidad. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura por el que se comienza la tramitación para distribuir la producción total de la planta, que será asumida por los regantes de Alicante, Murcia y Almería.
La desalinizadora de Torrevieja ofrece ahora por primera vez 80 hectómetros cúbicos de agua desalada, la cantidad para la que fue diseñada en 2004. La planta puede alcanzar esta cifra desde el pasado mes de abril, cuando terminaron las obras de las instalaciones eléctricas, que además ofrecen la posibilidad de que en un futuro pueda ampliar su producción hasta los 120 hectómetros cúbicos.
La resolución publicada ayer por el BOE indica que los interesados en el agua disponen del plazo de un mes para presentar sus peticiones. También señala la documentación que se tendrá que adjuntar.
El reparto del agua tiene que superar un obstáculo ya denunciado en numerosas ocasiones por regantes y agricultores. La desalinizadora de Torrevieja se ha construido sin la infraestructura necesaria para distribuir la producción a sus potenciales clientes.
Ante ello, el órgano de cuenca ha tenido que iniciar una planificación 'ad hoc' para conseguir que el agua desalada llegue a todas la zonas. En esta situación se encuentran los posibles peticionarios ubicados aguas arriba del Azud de Ojós que no pueden utilizar el volumen de la desalinizadora por carecer de las infraestructuras necesarias. La solución que se ha diseñado pasa porque la cantidad que pudiera serles asignada se realizaría mediante permuta con aguas de otra procedencia.
La desalinizadora de Torrevieja fue presentada en 2004 como el proyecto estrella del Programa Agua, la solución diseñada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para atajar el déficit hídrico del sureste español tras la derogación del trasvase desde el Ebro.
La construcción de la planta ha pasado por numerosas visicitudes. El Ministerio de Medio Ambiente, entonces dirigido por Cristina Narbona, se encontró con la frontal oposición a esta obra del entonces gobierno de Francisco Camps que continuaba con la reivindicación del trasvase.
Las obras comenzaron finalmente en 2006 y tenían que haber estado finalizadas en 2009, aunque en un primer momento se previeron para mucho antes. El retraso alcanzará, de esta forma, los diez años. Las demoras obligaron al Gobierno de España a devolver las ayudas europeas de 55 millones de euros al no haber estado concluidas en plazo.
En un primer momento, la planta se puso en marcha en 2017, aunque apenas al 25% de su capacidad. La sequía que azotó la Comunitat en los años 2016 y 2017 llevó al ejecutivo a acelerar los trabajos para ponerla a plena producción. Inicialmente se preveía que pudiera generar los 80 hectómetros cúbicos para los que fue concebida en abril de 2018, un hito que no se ha alcanzado hasta un año más tarde. Ahora, el objetivo de la administración es ampliarla para alcanzar los 120 hectómetros cúbicos.
Otra de las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar es al alto coste de la agua desalinizada, prácticamente inalcanzable para los agricultores. El Gobierno ha tenido que facilitar el pago para que los regantes acepten la producción.
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