La Guardia Civil desmantela una red que traficaba con residuos y vertía al Mediterráneo

La Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha coordinado una investigación que ha concluido con la detención por parte de la Guardia Civil de 14 personas en Valencia vinculadas a tres empresas por delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El juzgado que se ha encargado de coordinar las operaciones y ordenar las detenciones ha sido el número cuatro de Massamagrell.

Según los datos de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Guardia Civil desde 2015, una de las empresas gestionaba de modo ilegal los residuos mientras otra firma se encargaba de trasladarlos a distintos vertederos.

Los residuos plásticos, escasamente tratados, se exportaban a terceros países, principalmente de Asia.

Las mismas fuentes señalan que gran parte de estos residuos peligrosos se mezclaban con residuos no peligrosos. Además, también exportaban estos residuos peligrosos sin haberlos sometidos a los procesos de descontaminación establecidos.

Las actuaciones de la empresa iba más allá. Según la Fiscalía, la empresa acumulaba mayor cantidad de residuos de los que declaraba a la Administración. De esta forma existían una diferencia de 100.000 toneladas de residuos sin trazabilidad alguna.

Por otro lado, las instalaciones de la empresa y el estado de la maquinaria eran inadecuadas para llevar a cabo el tratamiento adecuado de los residuos con el consiguiente riesgo contra las personas y el medio ambiente.

La investigación del Seprona también ha acreditado la existencia de vertidos al alcantarillado de la red de saneamiento en valores superiores a los limites permitidos con lo que afecta al tratamiento al que se sometían en la depuradora. Al final estos vertidos acababan en el mar.

La operación ha sido posible gracias a la colaboración de otras instituciones como Europol por las diversas conexiones de la red con países de la Unión Europea. También han cooperado el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Instituto Nacional de Toxicología, la Generalitat Valencia y la Empresa Pública de Aguas Residuales de Valencia.

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