Los cazadores se hartan

La convocatoria se produce apenas tres semanas antes de las elecciones antonómicas y municipales, un hecho que desde la Federación de Caza consideran que no es casual. Y señalan que la manifestación se ha puesto en marcha como último recurso tras agotarse las vías de negociación con la administración valenciana.

La Federación de Caza se ha mostrado muy dura con la administración autonómica de la que lamentó «la actitud de ninguneo y desprecio hacia el cazador sólo se explica desde el punto de vista ideológico, y responde a conductas extremistas e intolerantes, y no a acciones de gestión y bien común esperables de cualquier administración pública».

Y es que la lista de reivindicaciones que presenta la federación con la Conselleria de Emergencia Climática es larga después de varios años de unas negociaciones que consideran infructuosas.

Una de las reivindicaciones es la total ausencia de subvenciones que ha recibido el colectivo pese a la labor social que están realizando. En especial se refieren al control de la sobrepoblación de algunas especies y se pone el acento en el jabalí de los que el año pasado abatieron más de 40.000 ejemplares, según datos de la Conselleria de Emergencia Climática.

Desde la Federación comparan esta situación con lo que está sucediendo en autonomías de nuestro entorno donde también los cazadores están realizando una labor similar. Así señalan la exención de tasas que tiene el sector en comunidades como Murcia o Aragón. O en Castilla-La Mancha, donde las licencias son gratuitas. En otras, como en Cataluña, se paga una cantidad por ejemplar abatido.

Los cazadores han reclamado a la administración autonómica que aplique alguna medida similar sin que sus peticiones hayan tenido una respuesta hasta el momento.

Otra de las iniciativas que demandan los cazadores es que se haga un reconocimiento público a su labor, una reivindicación que tampoco se ha concretado. Desde la Federación de Caza se echa de menos que la administración valenciana reconozca la función social que realizan sin que hasta ahora haya habido ninguna actuación en este sentido por parte de los responsables políticos. Se quejan de que la posición preponderante es más bien la opuesta.

También consideran que este reconocimiento tendría que ser extensivo a la labor que realizan en favor del mundo rural en un momento en el que está afectado por el fenómeno de la despoblación. Contribuyen, por otro lado, en la tarea de prevención de incendios forestales por el mantenimiento que realizan de sendas, caminos y pistas forestales. Todas estas labores se realizan sin recibir ningún tipo de contrapartida.

Recalcan que están cazando el doble pero los accidentes se duplican y los daños también «y todo esto por no creer en nosotros, en el papel que la caza realiza en nuestro medio».

Los cazadores también lamentan que desde la administración no se les reconoce su dominio técnico en algunas situaciones de forma que no se hace caso de sus recomendaciones en temas que afectan a la caza como es el caso del cebado de los animales. Denuncian que no se atienden las demandas del sector, no se han tenido en cuenta las peticiones de los últimos años, los informes científicos y técnicos aportados para solucionar la sobrepoblación.

La reciente tramitación de la ley de Bienestar Animal ha supuesto un auténtico caballo de batalla para los cazadores. La Federación de Caza se ha tenido que emplear a fondo para frenar algunos artículos que iban en detrimento del sector. Es el caso de los artículos que incluían a los perros en la calificación de animales de compañía. El riesgo era que no se reconocieran sus funciones específicas, lo que podía lastrar su participación en batidas y cacerías ya que cualquier lesión podría considerarse maltrato. Al final se consiguió superar este obstáculo y tanto los animales de caza como otros con funciones específicas como los perros guía o los de las fuerzas de seguridad del Estado se quedaron fuera. También se mantiene el tiro al pichón.

Otra de las reivindicaciones que tienen los cazadores es que se actúe contra los que boicotean cacerías o batidas. En concreto, reclaman a la Conselleria de Emergencia Climática que se impongan multas a los que actúan de esta manera para impedir la actividad cinegética.

Los cazadores consideran que uno de los detonantes que ha intensificado el malestar con la conselleria ha sido la problemática del jabalí ya que prácticamente deja en manos de esto deportistas el control de la sobrepoblación de la especie sin que haya contrapartida alguna por parte de la administración.

Para los cazadores, esta problemática ha puesto en evidencia el desconocimiento de los responsables de la Conselleria de Medio Ambiente y Medio Natural sobre el medio rural y sus necesidades: «En el caso del jabalí los desatenciones son, directamente, una negligencia. Anteponen su ideología a cualquier recomendación o sugerencia que se les ha trasladado desde nuestro sector, que aglutina al máximo conocimiento científico-técnico de la materia y comprometen con ello no sólo la caza, sino la agricultura y la propia seguridad pública».

Otra de las reivindicaciones es que la administración autonómica colabore en sufragar los gastos que suponen la compra de la munición y el mantenimiento de los perros que de momento recae exclusivamente sobre los hombros de los cazadores. Es también una petición formulada a la administración autonómica sin que hasta el momento haya habido respuesta.

Las quejas se extienden al excesivo papeleo para organizar una cacería. Los cazadores piden que se agilicen los trámites y que se reduzcan las trabas burocráticas. La crítica desde el sector se centra en que con la nueva orden de caza del jabalí establece la caza como una obligación, un esfuerzo que en muchas ocasiones supone algo casi inasumible en muchas zonas de la Comunitat.

Los cazadores se quejan de que se ha criminalizado al sector. Denuncian que «la actitud de ninguneo y desprecio hacia el cazador sólo se explica desde el punto de vista ideológico, y responde a conductas extremistas e intolerantes, y no a acciones de gestión y bien común esperables de cualquier administración pública».

Desde la federación señalan que no se fomenta la comercialización y consumo de carne de jabalí, ni la creación de salas de inspección y posible despiece, que en la actualidad no hay ni una sola en toda la Comunidad Valenciana o a de ampliar la red de puntos de retirada de cadáveres y restos del medio natural (SANDACH) puesto que ahora mismo son los cazadores los que tienen que hacerse cargo del destino de las piezas abatidas y de sus costes.