Se disparan las quejas al Síndic por los fallos en la atención de dependientes y discapacitados

Según el documento, las consultas a la Sindicatura crecieron más del 30 %, llegando a 18.600, y las quejas recibidas aumentaron más del 20 %, alcanzando las 4.770, mientras que se abrieron 15 quejas de oficio, la mayoría sobre infancia y adolescencia. En este sentido, el Síndic lleva pidiendo en los últimos años que se revisen estos procedimientos, pero no se han hecho cambios. «La gestión de la dependencia es un camino sin fin, que lleva a retrasos de forma clara», ha explicado Luna.

Como dato que expresa su preocupación, Ángel Luna ha señalado que en diciembre de 2022 se recibían 80 quejas al mes en Servicios Sociales. La cifra en febrero de 2025 ha pasado a 170 en el mismo periodo de tiempo.

También la gestión de las valoraciones de discapacidad o diversidad funcional está provocando retrasos en el reconocimiento de derechos, vulnerando las leyes. De acuerdo con los datos facilitados por la propia Conselleria de Servicios Sociales, en el momento de redactar este Informe Anual los expedientes pendientes de resolver que han excedido el plazo legal para hacerlo superan los 50.000, en toda la Comunitat Valenciana. «Una cifra escandalosa», apunta Luna. Dada la gravedad de la situación, el Síndic ha decidido abrir una queja de oficio sobre el tema, de la que se dará cuenta en el Informe Anual de 2025.

Estas tres materias, dependencia, discapacidad y renta valenciana de inclusión, resultan ser el paradigma de los derechos sociales, la conquista más importante del Estado social y democrático de derecho, alcanzada durante las últimas décadas.

Por otro lado, la memoria del Síndic incide en el capítulo de vivienda y considera que el acceso a una digna es esencial para garantizar la mayoría de los derechos fundamentales. «Sin vivienda, estos derechos no son posibles», ha afirmado.

Además, el Síndic censura el comportamiento de la administración autonómica, porque no está respondiendo adecuadamente a las quejas de la ciudadanía, ignorando sus obligaciones en materia de vivienda. «No responde a las recomendaciones que le formulamos ni, lo que es peor, a las personas afectadas«, señala

Otro de los capítulos que aborda es la falta de transparencia de las administraciones que es síntoma de «mala salud democrática». Las quejas en este apartado se han incrementado un 43% este año.

Para la Sindicatura, la falta de transparencia responde a comportamientos injustificados y arbitrarios que afectan negativamente a la democracia y a la ciudadanía. La democracia se deteriora porque se impide la participación de todos los partidos y se evita la rendición de cuentas de las acciones de gobierno. Por su parte, la ciudadanía se siente decepcionada al ver que los partidos están más enfocados en sus luchas políticas que en resolver los problemas de las personas. Esto genera desafección hacia el sistema institucional y la actividad política.

Por otra parte, en los casos en que finalmente las administraciones responden, el derecho de acceso a la información pública pierde valor y utilidad si se producen retrasos en la entrega de la documentación solicitada.

Sobre este informe se ha pronunciado la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. Así, ha afirmado que «es verdad que seguimos sufriendo los coletazos de la gestión del Botánico. Se necesitan 24.000 plazas que por culpa del anterior Consell no están a disposición de los valencianos». La consellera ha recordado que el número de personas atendidas a 1 de enero de 2025 era de 168.000 «y es record histórico».

Por otro lado, Camarero ha indicado que «se ha reducido la lista de espera un 20% y es verdad que veníamos de situación muy complicada en la que hubo falta de diligencia del gobierno anterior, que provocó que no se hicieran las ampliaciones de crédito necesarias que hicieron que aumentaran las listas de espera».

La vicepresidenta ha indicado que «nosotros trabajamos por tener los mejores servicios sociales, por eso aumentamos el número de personas en el sistema y trabajamos por reducir listas de espera y por mejorar la renta valenciana de inclusión. »No es posible como pasaba antes que una persona esperara dos años para ser dado de alta en el sistema de incapacidad. Autocrítica toda la necesaria, pero estamos mejorando la situación de la que partimos, estamos haciendo todos los esfuerzos«, ha concluido.