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El distrito único de escolarización, que en la práctica anula el criterio de proximidad para acceder a un colegio en la admisión de alumnos, provoca división de opiniones en la comunidad educativa. Especialmente entre los representantes de las familias, con apoyo claro en la red concertada y rechazo igual de contundente en la pública. Así se desprende de las reacciones recogidas por la agencia Europa Press al anuncio de la Conselleria de Educación, en el sentido de que será de aplicación de cara al próximo curso 2024-2025.
La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, mayoritaria entre los centros de la Generalitat, ha reiterado su rechazo a la medida, al considerar que se trata de un modelo «segregador» que «penaliza a la escuela pública mientras deriva alumnado a la privada».
Así se ha pronunciado el presidente Rubén Pacheco, que también ha valorado otra novedad del próximo proceso, como es la asignación de un punto a discreción del centro, que no puede ser discriminatorio y que será sometido a revisión por parte de la administración.
«El borrador de decreto deja claro cuál es el modelo de educación que quieren: de segregación y de falta de equidad educativa y de calidad», asevera. «Un modelo en el que solo existe el distrito único y que además se puede ampliar a varios municipios limítrofes no es sostenible para el medioambiente ni respetuoso con las necesidades de nuestros hijos y hijas. No vela por la calidad, sino por el negocio de los centros concertados», argumenta, antes de añadir que «la escuela de proximidad es la que de verdad genera vínculos sanos y duraderos».
Con los cambios en la admisión (distrito único y punto discrecional), a juicio de la Gonzalo Anaya, «no existirá libertad de elección, sino que quien escogerá serán los centros concertados, que segregarán como en Madrid, en Andalucía y en otros territorios a los alumnos que no quieren que entren. Así lo demuestran los estudios que se han hecho desde Save the Children o la OCDE. No es algo que se pueda cuestionar, es algo que está ocurriendo», sentencia, antes de calificar el cambio como «retroceso descomunal» y de augurar que «masificará aulas y no aportará calidad, sino que favorecerá la segregación y las desigualdades entre las escuelas».
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Visión diametralmente opuesta defiende la Federación Católica de Ampas de Valencia (FCAPA), representativa de la red concertada, que se muestra «totalmente a favor» de la modificación normativa, considerando «de especial importancia la recuperación del distrito único y los criterios de puntuación eliminados por el Botánico». «Es una ampliación efectiva de la libertad de elección de las familias para el ejercicio de sus derechos», señala a través de un comunicado también recogido por Europa Press.
La federación destaca que tras sus reuniones con la administración educativa valenciana «se constata un nuevo clima de recuperación de la libertad de educación y de los derechos de familias, docentes y titulares que los anteriores gobiernos habían recortado».
«Frente a unas políticas basadas en imposiciones, decisiones unilaterales y aplicación de un proyecto político alejado de las necesidades reales del sistema educativo, valoramos un nuevo talante y la voluntad de poner al alumno y sus necesidades en el centro de la educación», se concluye, antes de defender la complementariedad de las redes pública y concertada y la igualdad efectiva en cuanto a medios humanos y materiales.
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