Dos mil opositores serán examinados por profesores que no son expertos en su especialidad

Detrás del problema está la coincidencia -o la falta de previsión- de dos medidas excepcionales derivadas de sendas leyes estatales que han llevado a la Conselleria de Educación a buscar una salida que, como alega el departamento, sirva para evitar males mayores, si bien ha generado contestación entre algunos de los miembros seleccionados para participar en el proceso. Hay que recordar que la elección de los tribunales, integrados por funcionarios de carrera, es por sorteo y tiene carácter obligatorio. La situación afecta a los de doce especialidades distintas que están en vías de desaparecer, y exactamente suman 1.982 alumnos inscritos, que no presentados.

Los profesionales que ejercen en la enseñanza están organizados por cuerpos docentes (de maestros, de Secundaria, de FP o de otras vías de régimen especial), y en función de los mismos se adscriben a departamentos de los centros y asumen sus asignaturas o módulos, en el caso de los estudios profesionales.

En el embrollo influye, por un lado, la Ley Celaá, que hace desaparecer el cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional, que pasa a integrarse en el de Secundaria. Se trata de una antigua reivindicación del colectivo que permitirá mejorar sus condiciones laborales y salariales, pues su categoría será algo superior, pasando a ser un grupo A1 en lugar del A2 actual. Este proceso de cambio está ultimándose pero no está resuelto. Según añaden desde Educación, la transformación para los docentes que cumplan los requisitos, como ser funcionarios de carrera y tener un título universitario (no vale uno de FP) será efectiva el 1 de septiembre.

Y por el otro están los procesos de estabilización de interinos, que se derivan de la ley estatal de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público y que tienen unas características especiales, en el sentido de que les dan ventajas para conseguir una plaza definitiva. Salvo sorpresa, las oposiciones actuales serán las últimas con este diseño, es decir, sin exámenes eliminatorios o con un mayor peso de la experiencia previa a la hora de baremar los méritos.

Cuando se aprobaron las oposiciones, en diciembre de 2022, por imperativo legal ya no se pudieron incluir especialidades de profesor técnico de FP porque tenían que extinguirse, por lo que las plazas, defiende Educación, tuvieron que salir ya bajo el paraguas del cuerpo de profesores de Secundaria. Es lo que ha sucedido con doce de las convocadas, que es donde se concentra el problema. Y es que por ley, para conformar un tribunal de oposición, se tiene que elegir a profesores de la misma categoría, no pueden ser de una inferior o de un cuerpo diferente salvo casos muy excepcionales. Pero en la práctica, al no estar resuelta la integración, en estas doce especialidades todos los funcionarios de la Comunitat siguen siendo Técnicos de FP, no docentes de Secundaria. No será hasta el 1 de septiembre cuando surta efecto el cambio.

Según la información recabada por LAS PROVINCIAS, se ha elegido profesionales de la especialidad de Biología para evaluar a aspirantes de Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios, profesores de departamentos de Sanidad para evaluar a los que se presentan a Procedimientos de diagnósticos clínicos y ortoprotésicos, de Administración y Dirección de Empresas para Procesos de gestión administrativa o a técnicos de Educación Infantil para Servicios a la comunidad, por poner algunos ejemplos. Es decir, son especialidades afines, próximas, pero no coinciden exactamente con las plazas sobre las que tienen que decidir.

«La cuestión es que se pervierte el principio de especialidad, porque el cambio de la misma es generalizado en todos los tribunales afectados», explica uno de los docentes que se encuentra en esta situación y que prefiere mantener el anonimato. «Ha faltado diligencia por parte de la administración para culminar el proceso de integración, lo que habría evitado el problema -se inició en marzo, meses después de convocarse las oposiciones- y es de recibo que los aspirantes de las especialidades afectadas conozcan la situación», describe.

«La ley te dice que cuando nombras un tribunal debe ser del mismo cuerpo y categoría, pero no tenemos funcionarios de Secundaria para las especialidades extinguidas, pues estos serán nombrados el 1 de septiembre. De momento siguen siendo profesores técnicos de FP», recuerda la conselleria, que defiende que ha tenido que «gestionar a pesar de las dificultades» para encontrar una salida. «La vía sencilla habría sido dejar estas especialidades fuera de las oposiciones y esperar a 2024, pero habría supuesto un perjuicio a los aspirantes que confían en este proceso selectivo para estabilizarse», añaden, en el sentido de que se perderían las condiciones especiales.

«Por eso se ha optado por incluirlas pero nombrando tribunales con especialidades afines y relacionadas», se señala, antes de destacar que se han designado asesores técnicos (una figura que también puede formar parte de los tribunales) para ayudar a los presidentes y vocales titulares y establecer los criterios de evaluación. «Aunque no sea su especialidad exacta con este asesoramiento para solventar cualquier duda que se pueda presentar y los criterios diseñados garantizamos que la valoración sea adecuada, y de paso, evitamos perjuicios a los aspirantes a la oposición de estabilización porque mantienen las actuales condiciones», concluyen desde el departamento.