Educación crea una red centinela para detectar problemas de salud mental en colegios e institutos

En este sentido, el documento señala que cualquier miembro «que sospeche o sea conocedor de un problema de salud mental» lo tendrá que comunicar al tutor del grupo correspondiente, activándose los resortes para una intervención inicial de los profesionales sanitarios. Exactamente, con la comunicación de la situación a la dirección o titularidad y al departamento de orientación. Es decir, una especie de red centinela para minimizar cualquier riesgo.

Llevado a la práctica, implica que cualquier docente o estudiante debe trasladar sus sospechas o actitudes que resulten alarmantes. Por ejemplo, un estado de abatimiento general en un compañero (que puede ser indicio de una depresión), comentarios sobre la idealización del suicidio o en relación a las autolesiones o incluso situaciones que puedan ser factores precipitantes, como las relacionadas con el acoso escolar. De hecho, sobre este tipo de hostigamientos, el protocolo vigente ya fija esa obligación de comunicación.

Para facilitar esta colaboración, el documento también señala que los centros deben dar a conocer el protocolo entre toda la comunidad educativa.

El Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 incluye, entre otras medidas, la creación de 22 nuevas unidades de detección precoz (UDP) exclusivas del ámbito educativo. Son dependientes de la Conselleria de Sanidad y están integradas por 56 psicólogos. Entre sus funciones, además de trabajar con alumnos ya diagnosticados (incluyendo los que hayan sido ingresados en algún recurso asistencial, también relacionado con adicciones), están la realización de intervenciones iniciales (ya especializadas, con pautas para el profesorado para su integración en el aula, así como a la familia) y el asesoramiento a la comunidad educativa, con recomendaciones en materia preventiva. Además, pueden derivar al alumnado a servicios sanitarios específicos en caso de que consideren que es la mejor vía de tratamiento.

Una vez activado el protocolo, a nivel de centro se tendrá que recoger toda la información posible, incluyendo entrevistas con el alumno y la familia -tarea que correrá a cargo de los orientadores- y valorar si es necesario solicitar la intervención de los psicólogos sanitarios.

Si es el caso y el estudiante tiene menos de 18 años, se requerirá del consentimiento de los representantes legales. Si no se facilita, el centro puede forzar la situación atendiendo a la gravedad del riesgo, recurriendo a los mecanismos establecidos cuando existe sospecha de desprotección del menor, poniendo el caso en conocimiento de las autoridades con competencias en materia de infancia.

La intervención se prolongará durante el tiempo necesario, y será supervisada por un equipo específico en el que participarán los profesionales sanitarios, de orientación y la familia. Además, el protocolo establece que los centros deben disponer, dentro de sus posibilidades, de un espacio adecuado para que los psicólogos puedan desarrollar sus funciones.