Educación empieza a pagar por el recorte de conciertos tras las sentencias del Supremo

La Conselleria de Educación ya ha comunicado oficialmente a tres centros concertados que les reintegrará los gastos de personal y de funcionamiento que tuvieron que asumir, durante varios cursos, por el recorte de los fondos públicos aplicado en 2017 tras el último proceso de renovación general.

El conflicto viene de lejos y quedó resuelto, en el ámbito judicial, a finales del año pasado, después de que el Tribunal Supremo confirmara que la retirada de los fondos públicos en las etapas postobligatorias contravenía la normativa estatal, reconociendo que los afectados tenían derecho a percibir las cantidades económicas de las que no disfrutaron debido a la decisión de la administración.

Dos de los centros pertenecen a la provincia de Alicante (perdieron conciertos de Bachillerato) y el tercero es Xabec Valencia, dedicado íntegramente a la FP. Las resoluciones recibidas se suman a los casos ya conocidos de la Escuela Profesional La Salle de Paterna y El Pilar de Valencia.

A diferencia de estos, donde no hubo consecuencias prácticas desde un punto de vista económico, las nuevas resoluciones sí recogen los conceptos que se reintegrarán. La explicación está en que en estos casos los estudios que perdieron los fondos públicos (o algunos de ellos) se siguieron ofreciendo a las familias en régimen privado, cubriéndose con el abono de las matrículas y las aportaciones de la titularidad todos los gastos necesarios, los que ahora se abonarán.

Las resoluciones señalan que el pago recogerá los salarios del profesorado, incluyendo la antigüedad, complementos de dirección o sustituciones, cuotas a la Seguridad Social y los gastos de funcionamiento, que abarcan también las retribuciones del PAS.

Eso sí, «quedará condicionado a que la titularidad demuestre documentalmente que ha ofrecido el servicio educativo en las unidades y cursos mencionados mediante la aportación de toda la documentación necesaria».

Aunque resulta complicado hacer una estimación del importe a reintegrar tras el varapalo judicial por la variabilidad de casuísticas, seguro que se dan ejemplos de varios cientos de miles de euros, teniendo en cuenta que todos los conceptos citados deben abarcar hasta cuatro cursos.

También se hace referencia a que la concertación implica la gratuidad de la enseñanza -aunque en las etapas postobligatorias se permite un copago mensual de 25,7 euros- por lo que se exige a los colegios la devolución de las cantidades que aportaron las familias y los correspondientes justificantes. Este aspecto ha generado dudas entre los equipos jurídicos porque la redacción de las resoluciones no deja claro si es una condición previa, interpretación que sí hace la conselleria.

«Para hacer efectivo el abono los centros tienen que justificar dichos gastos y presentar el justificante de haber devuelto el dinero cobrado a las familias. No hay plazo establecido, una vez los presenten y se verifiquen se tramitará», dijeron desde Educación. Los centros piensan que debe ser al revés, y más teniendo en cuenta que devolver las matrículas (ya gastadas en ofrecer los estudios en privado) sin disponer del reintegro será una inversión muy difícil de asumir.

Desde Xabec se felicitaron de la ejecución de la sentencia, pues «permitirá reanudar nuestra acción social en el barrio de Orriols». En cuanto a la conselleria, las mismas fuentes añadieron que se procederá de la misma manera con todos aquellos centros afectados por el recorte de 2017 que siguieron prestando el servicio en régimen privado (hay varios a la espera de resoluciones similares). Respecto a los fallos ya ejecutados, en La Salle no se aceptó ningún pago porque los ciclos formativos fueron desactivados tras perder el concierto, y El Pilar consiguió la suspensión cautelar de la supresión y no dejó de recibir fondos públicos para su línea de Bachillerato, si bien, tras la sentencia, pudo recuperar el aval depositado ante el TSJCV.